Definitivamente Colombia es un país de contradicciones y de injusticias. A varios excolaboradores del expresidente Uribe, desde casi todos los medios de comunicación, les hicieron la vida imposible y los trataron de contumaces cuando intentaron buscar refugio en otros países como consecuencia de procesos judiciales de muy dudosa motivación.
Un ejemplo preciso es el del ex alto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. A finales de 2011, Restrepo se tranzó en una pelea con la entonces fiscal general, Viviane Morales. Por esos días se conoció una carta que Restrepo le envió a Morales en la que le hablaba de las relaciones sospechosas de su esposo, Carlos Alonso Lucio, con los paramilitares:
A comienzos del mes de septiembre del 2004, al llegar a la zona de ubicación de Ralito a una reunión de rutina con las autodefensas, me encontré de sorpresa al señor Lucio conversando con algunos jefes de este grupo”, indicó en la misiva el otrora funcionario de Uribe. Acto seguido Restrepo explicó que “de inmediato, y en presencia de todos, le recriminé (a Lucio) sus declaraciones públicas y le pedí aclarar en qué condición se encontraba en la Zona de Ubicación Temporal, pues solo podía hacerlo como representante del Gobierno o como miembro de las autodefensas. Y era claro que en este caso no representaba al Gobierno Nacional.
Pues bien, en cuestión de horas a Restrepo se le vino el mundo encima. La Fiscalía de la señora Morales le anunció una imputación de cargos por la supuesta falsa desmovilización en 2006 de aparentes guerrilleros del bloque “Cacica La Gaitana” de las Farc. En concreto, para el ente investigador era claro que Restrepo, por el cargo que ostentaba, debía responder por ese hecho.
Para no alargar mucho la historia, Restrepo salió de Colombia los primeros días de enero de 2012 y este es el momento en que se desconoce con precisión su paradero. Se fue del país, sin duda, para evitarse un carcelazo injusto. Y digo injusto porque la propia administración de justicia absolvió el año pasado al supuesto cómplice de Restrepo en el cuento de la falsa desmovilización: el general en retiro del Ejército Lelio Suárez Tocarruncho.
La propia administración de justicia absolvió el año pasado
al supuesto cómplice de Restrepo en el cuento de la falsa desmovilización:
el general en retiro del Ejército Lelio Suárez Tocarruncho.
Durante casi seis años a Restrepo le ha tocado soportar toda clase de improperios. Lo han tratado de delincuente, de fugitivo y de mil cosas más. Hace ya muchos años una joven jueza de Paloquemao revocó la medida de aseguramiento que pesaba en contra del ex comisionado de Paz y ese prácticamente pareció ser el final –espero que no- de su carrera en la rama judicial.
¿A qué viene este relato? A que, a diferencia de Restrepo, casi todos los medios de comunicación que se quejan de la corrupción tratan con guante de seda a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, quienes por tercera vez se han resistido a regresar al país a dar cara por el escándalo de Odebrecht.
No es de buena presentación para la sociedad colombiana que la administración de justicia, tan golpeada en los últimos días por escándalos de tan alta cuantía, permita que las señoras Álvarez y Parody hagan lo que se les dé la gana y no les pase nada, máxime cuando las sindicaciones que pesan en su contra son de la máxima gravedad.
Está probado que a Odebrecht le fue concedido un contrato por 900 000 millones de pesos (casi 310 millones de dólares de hoy) para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. El país entero sabe –y también la Fiscalía– que ese contrato se entregó a punta de coimas y de marrullas.
Todo parece indicar que las exministras en cuestión aprovecharon en varios aspectos los beneficios de la mencionada vía toda vez que la familia Parody tiene una importante propiedad en Gamarra, que se valorizó ostensiblemente con la construcción de la polémica carretera.
Entonces, ¿qué se untan las señoras Álvarez y Parody para recibir ese tratamiento tan especial? Hasta ahora, con excepción de uno que otro portal en Internet y de uno que otro columnista, no he visto que haya presión de los medios para hacer que las exministras pasen al banquillo en Colombia, pese a que la ciudadanía exige a gritos que el tema no se embolate en la telaraña de relaciones políticas del Fiscal General.
Por el contrario, en alguna emisora escuché el comentario de un notorio periodista según el cual Álvarez había sido la mejor funcionaria del gobierno Santos. Si esos son los buenos y hasta los mejores, ¿cómo serán los malos? Así las cosas, de qué nos asustamos con nuestra administración de justicia. Su aceptación popular, según las encuestas, es prácticamente inexistente.
Si bien el actual fiscal Néstor Humberto Martínez se declaró impedido para conocer del proceso contra las dos exministras, la Fiscalía General sigue siendo la misma institución y sus obligaciones para perseguir la comisión de aparentes delitos también las mismas.
Que no nos vengan ahora con el cuento de que Álvarez y Parody son víctimas de persecuciones, que por eso tuvieron que salir del país y que en Colombia no tendrían garantías para un juicio justo. Al contrario, los miles de colombianos que están en las cárceles darían lo que fuera para que se les tratará como se les trata a ellas.
