La restitución de tierras “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se lo vamos a permitir”, sentencia José Félix Lafaurie presidente de FEDEGAN sobre la política pública de restitución de tierras ejecutada en el actual gobierno y que según él es el abrebocas de la entrega del campo a las FARC. En el mismo sentido el procurador Alejandro Ordoñez quien ha respaldado la posición de Lafaurie ha iniciado, o más bien, fortalecido su campaña antirrestitucion bajo el argumento de la defensa de los propietarios actuales de los predios reclamados que fungen como opositores en los procesos administrativos y judiciales de restitución de tierras quienes, según su criterio, son personas que adquirieron los predios de buena fe y quienes también son víctimas de otras injusticias.
Argumento que de manera soberbia, sesgada y manipuladora la élite de sectores de la extrema derecha colombiana (representados genuinamente por quien actúa como vocero de los grandes terratenientes y el procurador) homogenizan a los opositores y actuales explotadores de la tierra como sujetos víctimas y vulnerables. Por su parte el gobierno a través de los voceros del sector restitución, manifiesta su indignación respecto a la categorización general de guerrilleros a los reclamantes y defiende el carácter pro víctima de la ley 1448 de 2011 en materia de restitución.
Estas dos manifestaciones de sectores élites de la política y economía en Colombia, no pueden llevarnos a la conclusión maniqueista de que por un lado la extrema derecha está en contra de las víctimas y el sector de gobierno o el “Estado” está a favor de ellas, es preciso a este contexto traer a colación y evidenciar ante la opinión pública el hecho que hace menos de un mes de este ataque y contra ataque entre los dos sectores, el gobierno expidió el Decreto 440 mediante el cual se crean nuevas causales de exclusión del proceso en detrimento de las víctimas cuando estas no cumplan los rígidos requisitos de explotación de baldíos o posesión, o que sus reclamaciones estén en zonas de reserva forestal, parques nacionales o en áreas naturales regionales.
Así mismo al remontarse hacia atrás se puede evidenciar cómo el gobierno se ha encargado de obstaculizar el originario espíritu garantista y pro víctima que tenía la Ley 1448 de 2011. Encontramos la Ley 1776 de 2016 (ley Zidres) por la que se excluyen de la restitución de tierras a las zonas calificadas como de interés para el desarrollo rural o la Ley 1753 de 2015 (plan nacional de desarrollo) que crea las zonas Pines para obra de infraestructura y energéticas sobre las cuales no podía realizarse procesos de restitución (situación a la que le puso freno la Corte Constitucional en sentencia de febrero del presente año que dio prevalencia a la restitución) entre otros actos administrativos internos como circulares, protocolos y directrices mediante los cuales el funcionamiento de la Unidad de Restitución de Tierras y todo su despliegue burocrático, honra más la lógica de la gran inversión sobre la tierra que el resarcimiento integral y democratizador del campesino víctima.
Wright Mills sociólogo norteamericano ha ilustrado la forma en que las burocracias y los aparatos de gobierno son instrumentos de legitimidad de las élites del poder y como dos de las élites determinantes en el desarrollo institucional del Estado son la económica y la política. En ese sentido es plausible afianzar tal tesis con la verdadera connotación política de la restitución de tierras, esto es, toda una parafernalia burocrática que legitima los intereses de la élite, aquella élite que privilegia el capital sobre la tierra que la dignificación de las víctimas.
Es importante estar atentos a cómo se desenvolverán las airadas críticas de un sector de la élite económica representadas por Lafaurie, que no sería sorpresa que terminen en otra reforma que elimine o atenúe los mecanismos en favor de las víctimas como las presunciones, la inversión de la carga de la prueba o la exigencia al opositor de demostrar la buena fe exenta de culpa, puesto que en general las pugnas entre élites terminan resolviéndose en favor de las mismas. Ante este panorama sombrío de discusión entre élites y todo el despliegue mediático de la misma, surgen los cuestionamientos: dónde quedó las voces de las víctimas, qué pasó con el sello participativo y de empoderamiento del pequeño productor agrario víctima que pregonaba la Ley 1448 de 2011 en sus inicios y la incidencia de sus voces en la política pública, será que volvió a predominar el poder e intimidación de las elites.
