Respuesta ante el engaño.
Debo darme a la tarea de responder esta columna oprobiosa, porque -por más mal intencionada que sea la crítica- creo profundamente en la discusión pública, abierta a la democracia y de la necesidad continúa de rendición de cuentas de quienes ostentamos algún cargo público.
La columna que menciono no pretende generar debate sino atacar de manera moral a quien ha denunciado el clientelismo y la mermelada en el gobierno Duque. Lo hace con ese propósito y cree que nombrando (de manera imprecisa) mi paso por lo público me puede poner al mismo nivel de lo que yo critico. Sin lugar a dudas no hay nada de ilegal o irregular en lo que él presenta sobre mí. No tiene cómo. En consecuencia, su propósito es más sutil y rastrero: hacer presentar a la gente que yo soy igual a los mismos de siempre. Es la estrategia de ellos, sembrar un manto de duda sobre nuestro compromiso ético y vocación de servicio. Mi compromiso, como lo manifesté en campaña y lo he demostrado en mi accionar como congresista, es el de recuperar el Estado del secuestro al que ha sido sometido por las mismas familias de siempre que lo usan como fortín personal, familiar o de su grupo político. Esa lucha nos ha arrojado amenazas, insultos y ataques morales como este artículo. Sabemos que son cosas que le pasan a a quienes queremos transformar nuestro país. Pero no somos como ellos, y la gente lo sabe.
Este artículo se presenta en el momento en el que yo denuncio públicamente la mermelada del presidente Duque. Mermelada entendida como la asignación y otorgamiento de contratos a personas y familiares que participaron en la campaña de Duque (electoral y económicamente) y que dicho apoyo les representa un favor de vuelta vía contratos. El centro del debate, y así lo he presentado, no es que el gobernante de turno, en este caso, el presidente Duque, pretenda llevar a su gobierno a personas que compartan con él su proyecto de país; es más, no solo es válido, sino necesario, pues al haber sido elegido en las urnas, el plan de gobierno que presentó como candidato pasa a ser un mandato ciudadano de obligatorio cumplimiento. Y en consecuencia el gobernante elegido acudirá (debe acudir) a personas que le ayuden a materializar ese proyecto votado por la ciudadanía. Esa es la esencia de la democracia representativa o electoral.
Sin embargo, lo que identificamos del gobierno Duque no es ese el caso. El actual presidente, pese a que se hizo elegir con discurso antimermelada ha utilizado ciertas carteras para devolver favores politiqueros a un sin número de grupos y familias políticas que comparten algo en común: las personas contratadas no cuentan con los requisitos académicos ni de experiencia debidos para los cargos ocupados. Si se contratan personas sin experiencia ni estudios correspondientes, significa solo una cosa: no llegan a construir país sino a apropiarse del Estado, no llegan a servir sino a servirse. Por eso nosotros hemos insistido en la necesidad de hacer procesos de vinculación por meritocracia o respetando los procesos de carrera administrativa. Porque necesitamos un Estado fuerte y técnico, no politiquero. Nuestras denuncias demostraron la incongruencia, las mentiras del presidente Duque que se presenta como un gobierno técnico, antiemermelada y anticorrupción, pero no lo es.
Pero aún hay más. Hemos demostrado que muchos de esos nombramientos no solo han sido sin ningún tipo de criterio técnico, sino que han sido adelantados de manera irregular e ilegal. Por eso entablamos denuncias ante los jueces y órganos de control respectivos. Y ¿qué ha ocurrido?: que nos han dado la razón. El pasado 07 de febrero el Consejo de Estado dio el fallo definitivo, en segunda instancia, de la anulación del nombramiento de la hija de la excandidata presidencial y faro del partido Consevador, Noemi Sanín, la señora Carolina Ximena Durán Sanín como cónsul en Londres, por haber sido vinculada desconociendo los procedimientos establecidos en la Carrera Diplomática. El fallo es la prueba feaciente que nuestras denuncias tienen sustento: la cancillería se ha utilizado como piñata burocrática, nombrando personas con afinidades familiares y politiqueras, pero sin el conocimiento debido y violando los procedimientos de nombramientos de altos cargos como cónsules y embajadores.
Vuelvo a insistir en mi tesis: es legítimo que un gobernante de turno pretenda llevar gente que comparte su visión de país y que fue elegido en las urnas, pero no es concebible que lleve a personas sin conocimiento, solo para responder a favores políticos (mermelada) o violando los procedimientos y normatividades (corrupción).
En ese sentido mis denuncias son válidas y los jueces nos han dado la razón y, por el contrario, lo que presenta el autor de ese artículo es completamente engañoso. Y es engañoso precisamente porque plantea un argumento al absurdo inverosimil, algo así como “David Racero no puede criticar los contratos de otros con el Estado, porque David Racero ha tenido contratos con el Estado”.
Sería completamente absurdo que yo criticase en sí mismo la contratación de personas con el Estado o por sus afinidades familiares sin más. Insisto, lo que estoy criticando es el doble discurso del presidente al afirmar que su gobierno es técnico y que no da mermelada cuando ni es técnico mientras sí favorece a sus amigos en detrimento del Estado, pero sobre todo por las irregularidades en algunas carteras al momento de contratar o vincular personal. No critico el derecho legítimo y constitucional de las personas a trabajar y de tener contratos con el Estado sino la forma como este gobierno lo hace. Es más, ni siquiera critico que los beneficiados de los contratos sean uribistas. Lo que critico es que sean uribistas sin preparación, ni experiencia requerida para ocupar esos altos cargos. ¿Ese grupo no tiene gente capacitada?
Por lo demás, mi contratación estatal ha sido siempre pública. En la Alcaldía Mayor de Bogotá solo he trabajado en la administración de Gustavo Petro. No estuve ni en la alcaldía de Lucho, ni la de Samuel, aunque se compartieran ciertas visiones ideológicas en ese momento. Por el contrario, estuve estudiando y preparándome. Los trabajos conseguidos obedecen a la experiencia asumida en tales áreas con anterioridad como lo fue el haber sido Subdirector de Juventud, que pude acreditar años de experiencia en trabajos con jóvenes, desde mi calidad de docente, como en mi activismo social. Ah, de mi contrato en el Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno de Santos, fue una convocatoria abierta a la cual me presenté. Que después de una prueba escrita y una entrevista quedé asignado. No conocía ni a la directora de entonces ni a la persona que me contrató.
Tengan la certeza que no vinimos a usufructuar del Estado tal como ellos lo hacen. Y que si yo o algún miembro de mi familia (por competencia y experiencia) contrata con el Estado es para entregar nuestros conocimientos y servicios a la gente y no para enriquecernos de lo público.
David Racero
Representante a la Cámara
