En Colombia solo la clase alta tiene, por obvias razones, conciencia de clase; concepto marxista que le permite a un grupo determinado de personas identificarse entre sí de acuerdo a sus afinidades y prácticas comunes. Además, este tipo de conciencia social, les ha permitido comprender el rol que le corresponde a cada uno de sus miembros en la defensa de sus intereses.
Es comprensible que un “magnate” desee obtener e incrementar las ganancias de sus negocios y conseguir en consecuencia, excepción de impuestos, subsidios del Estado, concesión de licitaciones para administrar los recursos y las empresas públicas, cesantías, pensiones, salud, energía, acueducto, recolección de basuras, etcétera. Incluso si tal objetivo implica comprar votos; elegir presidente, senadores y jueces que a su turno nombren fiscales y procuradores; limitar o suprimir derechos fundamentales; mantener el salario de los trabajadores al mínimo; restringir la capacidad adquisitiva y aumentar los impuestos y grabar la canasta familiar, entre otras medidas.
Lo que es difícil de razonar es que personas de escasos recursos que no pertenecen a dicha clase, apoyen esas iniciativas que evidentemente van en contra de sus derechos y circunstancias de vida, sencillamente no es lógico desde ningún punto de vista.
La sociedad occidental actual está organizada por estratos que deberían ser solidarios cada uno con los intereses particulares del grupo al que pertenecen para que exista un equilibrio de poderes, de lo contrario, se produce un desbalance perjudicial a la estructura social, otorgando excesivo poder a los que terminan por imponerse y subyugar a los demás.
Por otra parte, los conceptos de resistencia y desobediencia civil noviolentos son figuras legítimas en el marco de un Estado social de derecho que se declara democrático. El primero, hace referencia a un movimiento ideológico que se opone a la imposición de modelos educativos y de la cultura normalmente extranjeros, implantados con desconocimiento del contexto y las circunstancias particulares de las naciones. El segundo, corresponde a una serie de acciones políticas encaminadas a evitar o contrarrestar los abusos de quienes imponen medidas de tipo generalmente económico que van en detrimento del patrimonio público, en clara obediencia a intereses de la geopolítica internacional.
La imposición hegemónica de la cultura, se da de forma vertical, de arriba hacia abajo, la resistencia se genera de abajo hacia arriba como resultado y en respuesta a la presión ejercida.
Las élites políticas en Colombia empleen continuamente en sus discursos los términos “Bandidos” o “Terroristas”, así el presidente Iván Duque o la alcaldesa de Bogotá Claudia López con el objetivo de deslegitimar la protesta social, recientemente, esta última en una clara demostración pública de autoridad sobre el representante de los estudiantes de la Universidad Distrital Julián Augusto Báez.
Es claro que la sociedad civil rechazamos todo acto de violencia en medio de la protesta pacífica, sea cual sea su origen, como también es de conocimiento público que en muchos casos probados, la infiltración ha correspondido a la “fuerza pública” y a otros grupos violentos no identificados.
Hay que poner sobre la mesa y analizar el trasfondo del asunto, es decir, tratar de responder por ejemplo: ¿Cuál es el origen de las protestas?, ¿Por qué se encapuchan los manifestantes? y ¿Por qué las protestas pacíficas terminan por recurrir a la violencia?
Así seguramente encontraremos para el caso en particular, una inconformidad latente por no haber sido resuelta en las incontables mesas de concertación; el incumplimiento de los acuerdos por parte de los representantes del gobierno; la ausencia de garantías para ejercer la protesta pacífica; la falta de financiación, de acceso y los intentos recurrentes del Estado por privatizar la educación pública.
Lamentablemente y en respuesta a la alcaldesa de Bogotá, la experiencia histórica demuestra que la ecuación expresada por ella: “Mientras haya vandalismo, habrá fuerza de choque que se llama ESMAD”, es a la inversa, mientras se siga desatendiendo la inconformidad social y haciendo oídos sordos a las justas reclamaciones de la población, se intensificará la violencia.
En este orden de ideas, es preciso reconocer que también es Violencia la ejercida en primera instancia por quienes se roban el presupuesto para la educación y usan un cargo público para atender sus intereses personales. ¡Bandidos, corruptos y además, terroristas!
