Cuando seis periodistas de diferentes medios de comunicación hacen caso omiso de la tradicional competencia existente en tal ambiente y resuelven juntar sus hallazgos frente a un hecho determinado es porque consideran que las circunstancias que en él concurren son de tal magnitud que obtener las explicaciones del caso resultaría imposible si cada uno actuara por separado.
Esta alianza se dio ante el caso de los 11 humildes labriegos de Puerto Leguízamo, que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. Los indicios que encontraron tales periodistas en el lugar de los hechos dieron para que elaboraran conjuntamente un cuestionario con destino al comandante de esa fuerza, general Eduardo Zapateiro, pues todo parecía indicar que los partes dados por este funcionario distaban mucho de lo que tales indicios señalaban.
En efecto, como se puede deducir del cuestionario aludido y de algunos reportes periodísticos más, lo que ocurrió no merece más que calificarse de alevosa matanza: una acción militar adelantada cuando decenas de labriegos celebraban un bazar; unos soldados vestidos de negro que se presentan como guerrilleros y que solo al final de la operación se ponen sus trajes militares; un informe de que los guerrilleros eran 15, pero solo se incautaron seis armas; manipulación de los cadáveres; tardanza de más de seis horas en la llegada del organismo investigador; sospechosa camaradería entre militares e investigadores; movilización conjunta de unos y otros en helicópteros del Ejército y, para no extendernos, pérdida de millonarios recursos económicos de los campesinos, de los cuales solo fue reportada una pequeña cuantía.
El general Zapateiro, que ya tenía conocimiento del cuestionario, fue invitado por Daniel Coronell a la W Radio a dar su versión de lo acontecido, pero, según el propio Coronell, este oficial “amablemente declinó la invitación”.
Ojalá que con amabilidad igual no responda a la citación que le ha hecho el Congreso, pues está obligado a responder por este suceso, que tiene toda la traza de ser el más flagrante falso positivo de cuantos hemos conocido. Igual obligación la tienen también el comandante de las Fuerzas Armadas, el fiscal general de la Nación, el ministro de Defensa y el propio presidente de la República. Estos funcionarios no pueden andar de la seca a la meca impartiendo absoluciones, que más parecen complicidades, como lo vienen haciendo cada vez que tienen oportunidad.
A propósito del presidente Duque, qué daño tan grande le está causando al país: además de su antipopular gobierno y su interferencia a la justicia, viola su obligada neutralidad electoral al hacerse eco de señalamientos a Gustavo Petro y su programa, aunque sin nombrarlos. Desgraciadamente, no hay quien lo calle.
