A raíz de la destitución del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador Ordóñez, la sociedad del país y en especial la bogotana, se ha polarizado en torno a la legalidad de este fallo administrativo.
Casi todo va y viene sobre la figura del alcalde, quien hábilmente, ha puesto a opinar a personajes e instituciones, que van desde el Presidente hasta cortes internacionales de derechos humanos.
Ahora hay dos bandos. Unos, que por sus razones político-religiosas y afectos al Procurador sostienen que la decisión se tomó en derecho, lejos de cualquier tinte político y casi que excusando a Ordóñez, argumentan que este era el único camino que le quedaba para sancionar estas fallas en la toma de decisiones gerenciales relacionadas con Bogotá.
Otros, fieles seguidores a Petro, están convencidos que la destitución y porterior inhabilidad por 15 años, se la ganó hace mucho tiempo simplemente por ser de izquierda y que para ello, el Procurador contó con la simpatía de sectores de derecha quienes armaron una componenda pues se vieron muy afectados por la decisiones en el sector del aseo capitalino.
Pero lo que más llama la atención es la posición asumida por el gobierno Santos en compañía de los gremios económicos y políticos en el sentido de llamar a respetar la institucionalidad para que Petro acate el fallo y de un paso al costado.
Todo este pedido estaría bien encaminado si no fuera porque el mismo Santos que hoy está pidiendo que seamos un país decente que respeta y acata las normas de los jueces y sus instituciones, se le olvida que por ejemplo en el caso del Superintendente financiero, a quien el mismo Ordóñez destituyó e inhabilitó por faltas gravísimas que permitieron el robo de Interbolsa, el Presidente de la República, respetó la decisión, pero de dientes para afuera porque mantuvo en el cargo al funcionario.
Así mismo, si vamos a ser un país decente que acata y respeta los veredictos judiciales, inclusive los internacionales, debemos empezar por respetar el fallo de La Haya, en lugar de asumir la posición del embudo; que mientas las decisiones judiciales no un nos afecten, todo está bien, pero en caso contrario buscamos la forma de demandar para birlar la ley y no cumplir con sus sentencias.
Si vamos a ser un país decente que acatar y la ley, se debe empezar por reconocer que aquí la mafia compró unas elecciones para poner un presidente cuatro años en la Casa de Nariño y que los paramilitares hicieron lo propio, pero esta vez fueron ocho años, donde la corrupción se paseó por todos los campos.
Si vamos a ser un país decente, empecemos por lo más simple, respetar la ley, pero no como dicen popularmente; solo para los de ruana.
