Dos meses después del estallido social, la indignación sigue viva. A pesar de la tregua en las movilizaciones, las ollas comunitarias continúan como centros de reuniones y cultura popular. Todavía llega la Fuerza Pública a los puntos de resistencia a reprimir, un ritual que se repite todas las noches desde el principio.
El sábado pasado ocurrió un evento muy grave. Uno más. Se levantó el bloqueo de Puerto Resistencia en Cali, mediante un operativo adelantado por 750 integrantes del Esmad y del Ejército, con helicópteros, al mando del Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, el excoronel Carlos Javier Soler. Varias personas fueron detenidas y agredidas.
La Unión de Resistencias de Cali denunció que todo ocurrió después de que dicho personaje, armado, criminalizara la protesta social y se pronunciara en contra del diálogo que desarrolla el alcalde, quien en teoría es su jefe, en los distintos puntos de resistencia.
El episodio dice mucho sobre la situación del país: Estado de conmoción interior de facto en buena parte del territorio nacional, ordenado desde el Ubérrimo e impuesto mediante el Decreto 575 de mayo 28. Los militares subordinan a las autoridades civiles, quienes no se atreven a contradecirlos. Solo en dos lugares se garantizó la movilización social pacífica, sin intervención del Esmad: el departamento del Magdalena y la ciudad de Villavicencio, ambos con gobiernos progresistas.
Pero en estos meses críticos el Gobierno Nacional no aprendió nada. La altanería e indolencia de sus funcionarios parece imbatible. Se sienten triunfadores a pesar de su fracaso y derrota. Basta mirar las encuestas que ellos mismos hacen.
Y para la muestra, varios ejemplos. Además del incremento semanal en las cifras de líderes y lideresas y excombatientes asesinados y asesinadas, la represión policial contra la juventud rebelde ha tomado formas de crueldad inimaginable, que nos remontan a las épocas más duras de la Violencia y del terror paramilitar. Aparecen cuerpos decapitados o desmembrados en bolsas, cadáveres en ríos lejanos a los sitios de detención. Centenares de personas “no localizadas”, reportadas como desaparecidas.
Frente a toda esta tragedia, las organizaciones internacionales expresan su preocupación y horror, pero tampoco adoptan medidas contundentes. Los funcionarios del gobierno responden con tono fuerte a las denuncias e insisten en que las cifras oficiales solo las recopila la Fiscalía y en que todo es parte del complot.
Miremos otros asuntos. El nuevo minhacienda inicia un recorrido por el país para “socializar” el nuevo proyecto de reforma tributaria, pero en Barranquilla solo se reúne con un comité gremial coordinado por el senador conservador Efraín Cepeda.
El presidente les da ejemplo. Sin ninguna evidencia, responsabiliza a la protesta de 10.000 muertos adicionales por la pandemia. La apertura total de la economía en su peor momento no cuenta para nada. Colombia lleva semanas en el tercer lugar por el número de muertes diarias.
En inglés perfecto, insiste en que las vacunas deben ser un bien público universal, pero el gobierno sigue votando en la OMC en contra de suspender temporalmente la patente, como lo pide la mayoría de los países del mundo, para acceder a las vacunas.
El balance del Congreso no es para nada mejor. Por obra del partido de gobierno, se hunden varios proyectos: matrícula cero, prohibición del fracking, aprobación del Acuerdo de Escazú, reforma la Policía Nacional y la ley de especialidad agraria, un proyecto central para el acuerdo de paz. Además, insiste en rechazar las curules para las víctimas e impone límites legales a la protesta social.
Pero igual, el uribismo y el gobierno fueron derrotados y eso no lo cambia nadie. De ahí la preocupación por su futuro, que no lograrán amainar ni con los presuntos atentados de Cúcuta.
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Resiste es una construcción desde abajo, por una comunidad en lucha, que donó los materiales, su trabajo colectivo durante 19 días, las fotos y memorias de los jóvenes y las jóvenes asesinados y asesinadas
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Hace unos días el uruguayo Raúl Zibechi se refirió al monumento construido en Puerto Resistencia en Cali como a un antimonumento. Señaló que los monumentos tradicionales se hacen desde el poder colonial a héroes, conquistadores, machos, genocidas, que han cometido atrocidades.
Por el contrario, Resiste es una construcción desde abajo, por una comunidad en lucha, que donó los materiales, su trabajo colectivo durante 19 días, las fotos y memorias de los/as jóvenes asesinado/as. Es un monumento que expresa la alegría multicolor en resistencia, pero también el símbolo de un nuevo mundo, diverso.
Es un concepto que utilizó también Doris Salcedo cuando construyó su Antimonumento por la paz en el centro de Bogotá con las armas fundidas de la antigua guerrilla. Hoy se homenajea allí a las víctimas de la violencia policial.
Es muy simbólico que el pueblo misak derribara la estatua de Sebastián de Belalcázar precisamente el 28A a las 7am, cuando iniciaba la movilización social. Ha sido toda una lección de rescate de la dignidad y la memoria colectivas, para quienes evalúan el paro solo por las pérdidas económicas.
¿Quién dijo que todo está perdido?, preguntaba Fito Páez. En realidad, hay mucho ganado en toma de conciencia y lucha por los derechos. Eso sí, se vuelve fundamental unir generaciones, deponer prevenciones y articular diversas formas de organización, para proyectar la resistencia hacia un cambio político de fondo en 2022.
