Las protestas sociales iniciadas el 28 de abril, que fueron convocadas por el Comité Nacional del Paro, han escalado a tal punto que ya se consideran las más sangrientas en la historia reciente del país. Se reportan al menos 50 personas muertas, 16 casos de posible violencia sexual, 578 heridos y 524 desaparecidos. En su afán de contrarrestar la situación, el gobierno del presidente Iván Duque ha decidido sofocar el descontento de los jóvenes con más represión en cabeza de los organismos de defensa del Estado como la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y, en algunas zonas del país, el Ejército: apagar fuego con gasolina.
El diálogo sereno y directo que se pudo instaurar desde el primer momento, como el mecanismo más efectivo para la resolución de la crisis, se fue diluyendo hacia actores políticos poco relevantes para los intereses de los jóvenes inconformes y en cabeza de órganos de control carentes de legitimidad. Y esta serie de desaciertos que se generan desde presidencia para atender la crisis no solo afecta la legitimidad de la fuerza pública y la poca imagen que le quedaba al presidente, sino que continúa forjando el escenario de confrontación perfecto para que las víctimas sigan aumentando. Estos desaciertos solo pueden mostrar una cosa: que el gobierno nacional y los sectores que le apoyan y aconsejan no han logrado comprender e interpretar lo que realmente sucede a la luz de las nuevas relaciones de poder que la resistencia de jóvenes desarmados les impone. Es por esto mismo que no se ha entendido tampoco el rol fundamental del diálogo directo para atender la crisis.
Si se acudiera incluso a la visión tradicional liberal de poder que expresa un “contrato social” al soberano mediante el voto en las elecciones del 2018, se podría comprender que la crisis plantea, de alguna forma, la caducidad de dicho contrato; y si así se quisiera se podría interpretar, sin discusión alguna, que el diálogo con los jóvenes se instauraría desde este escenario, como el único mecanismo para tratar de obtener una prórroga sobre este.
Pero la realidad muestra otra cosa, que desde el gobierno nacional el acto de resistencia de los jóvenes se ha seguido viendo, basado en la histórica (y malinterpretada) concepción del poder marxista de concebir las acciones de los jóvenes desde la figura de grupos de oprimidos que buscan desplazarlos del poder estatal que ostentan. Y desde esa concepción del poder se comprende el no diálogo y la represión violenta de las fuerzas estatales que buscan asegurar, frente a un enemigo imaginario, el control del Estado en cabeza del presidente. No se enfrentan a jóvenes y estudiantes desarmados, sino a “vándalos” y “terroristas” urbanos infiltrados y financiados por Estados, organismos y grupos armados de extrema izquierda que desean hacerse al poder estatal a toda costa. Nada más equivocado.
Es a partir de este escenario de enemigo subversivo imaginario que urge consolidar los puntos establecidos en los acuerdos de paz para que, de una vez por todas, las fuerzas del Estado, animadas por sectores y políticos guerreristas, no sigan viendo en la protesta social a guerrilleros de civil o terroristas en potencia. Cuando el presidente Duque entienda que la resistencia, como lo estableció Michel Foucault, es parte inherente del poder, comprenderá la importancia del diálogo como mecanismo fundamental a la hora de establecer salidas a la crisis que afrontamos. Ver la resistencia como parte del poder implica que esta no puede ser exterminada, sino llevada, mediante el dialogo, negociación y concertación, a un nivel adecuado para la cocreación de gobernanza. Resistencia y poder son caras de la misma moneda.
La no consolidación de los acuerdos de paz nos mantendrá condenados a que unos pocos sigan estableciendo que la protesta social está vinculada a la influencia de ideologías de extrema izquierda y de luchas insurgentes, anulando por completo, del origen de estas, el sentir de los actores sociales que las generan. La política no puede ser reducida únicamente al rol exclusivo del Estado, pues la sociedad también la construye. En tal sentido, la consolidación de los acuerdos de paz no solo abrirá el camino para un cambio social en Colombia, sino que configurará un nuevo escenario político donde la resistencia social se alejará de las concepciones manidas de “terrorista” y “subversiva”, para convertirse en un espacio de control social basado en las veedurías ciudadanas sobre la gestión de funcionarios y recursos públicos. Eso es lo que hoy reivindican los jóvenes, una gestión estatal para las mayorías y no para el beneficio de los pocos amigos del presidente y su partido.
No se debe contrarrestar con violencia la resistencia social pues es parte inherente de la democracia; se dialoga y se concerta con ella para construir la gobernanza que el país reclama. Esta protesta social basada en el diálogo y las veedurías ciudadanas que hoy se está acentuando en el país a un alto costo de vidas será el escenario futuro al que deberán enfrentarse los proyectos presidenciales a partir del 2022. No entenderla y reprimirla conllevará a más violencia y, por ello, urge el compromiso político para la consolidación de los acuerdos de paz y la negociación con los demás grupos armados ilegales. Bienvenida sea esta resistencia social cocreadora de gobernanza, por el bien del país y como un acto de conmemoración a quienes dieron su vida por establecerla.
