No caigamos en el reduccionismo, miremos el panorama completo de lo está sucediendo. Una brecha social que en países como Colombia ha llevado a la marginalización, a la miseria a millones de jóvenes que hoy nos piden en sus protestas ser incluidos dentro de un nuevo pacto social; ser reconocidos como ciudadanos con derechos. Esos jóvenes nos están exigiendo ser mejores como sociedad, es natural que a algunos les preocupe la gasolina para sus carros y las góndolas vacías del supermercado; eso que indígenas, afros, informales, ambulantes, y jóvenes vivieron por décadas, nos aterra cuando se acerca con tanta fuerza que estremece todo, mas no por ello debemos continuar en el sendero de la indiferencia. Hay que replantear las reglas de la democracia porque la inequidad es insostenible.
La reducción de salarios, de horas extras, el auge de la informalidad, el desempleo, la deserción escolar, la precariedad académica, la fragilidad del sistema de salud y pensional, la corrupción, la inseguridad, el hambre, son resultado de políticas promovidas por gobiernos neoliberales. Sin un sistema justo y solidario, Colombia y muchos países simplemente serán inviables.
La magnitud de la movilización social en Colombia debe abrir el debate sobre el papel del gobierno, y la sociedad en general. Convocar a las voces que hablan desde el pesimismo de un cambio que nunca llegará, para que se activen de nuevo como redes solidarias que conduzcan hacia sociedades que, reconfiguren la realidad actual, las desproporcionadas desigualdades, donde los estratos más vulnerables de la población se ven obligados a enviar a sus hijos a la informalidad como estrategia de supervivencia, lo que impide su acceso a oportunidades académicas que impulsen su crecimiento como familia y comunidad.
Por otra parte, el colapso de los valores éticos en la política y la administración pública se refleja en los permanentes escándalos de corrupción, en los sistemas de salud y pensional, en el empleo, la violencia, la segregación que pone de manifiesto la necesidad de consolidar este nuevo pacto, incluyente que garantice los recursos necesarios para hacer frente a la situación social actual de forma integral, considerando a todos los actores presentes en ella y su derecho a una mejor calidad de vida.
Millones de personas apenas si sobreviven en la informalidad, lo que implica, entre otras cosas, inestabilidad laboral, ninguna cobertura en seguridad social o protección laboral, deserción estudiantil, bajos ingresos, condiciones inadecuadas de nutrición, y falta de mecanismos de protección esenciales. La precariedad es un generador de inestabilidad económica, social y de violencia.
Ante este escenario resulta perentorio un nuevo “pacto social” basado en la solidaridad y la interdependencia como sostén de un sistema social más equitativo, que prevenga la mercantilización de la vida como un valor de uso establecido por las clases privilegiadas.
Establecer políticas, en defensa del interés general, enfocadas en lo social y lo público que permitan el establecimiento de sistemas de equidad universales en educación, empleo, salud, seguridad ciudadana, participación política, incluyentes, donde el ciudadano común adquiera un papel central, como herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad social y el impacto crítico del modelo actual.
El estallido social actual no debe ser contenido por una brutal respuesta estatal como ha ocurrido en Colombia, donde la escalada de violencia por parte de las fuerzas de gobierno se torna dramática, por el contrario, es momento de unir fuerzas en torno a ese nuevo contrato social que reconozca a los millones de personas, sobre todo, jóvenes, que hoy protestan en las calles y garantizar un modelo donde caben todos.
