Hay revuelo en el sector minero por un proyecto de reforma al Decreto 1374/13, demandado desde hace 10 años, sobre el cual el Consejo de Estado no ha emitido pronunciamiento de fondo.
Tal decreto creó las “reservas de recursos naturales temporales”, con vigencia de un año, que a punta de prórrogas lleva vigente una década, impidiendo la formalización y el otorgamiento de nuevos títulos, afectando la dinámica de crecimiento del sector y la generación de regalías.
La reforma tiene vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad debido a que impide a la ANM la suscripción y desarrollo de contratos mineros y prohíbe a las autoridades ambientales otorgar licencias y permisos ambientales, impidiendo el desarrollo legal de la actividad y el cumplimiento de los contratos mineros, con lo cual se trasgrede la propiedad, los derechos adquiridos, la seguridad jurídica y la confianza legítima, prenda de garantía para las inversiones en un Estado de Derecho.
El proyecto pretende también autorizar a Minambiente para declarar este tipo de reservas en cualquier área del territorio y sin estudios técnicos, haciendo inviables nuevos proyectos y ordenando el cierre de los que están en curso, así cuenten con título y licencia ambiental; es decir un cheque en blanco para la jefe de esta cartera ministerial que le permite prohibir la minería donde quiera y expropiar sin pago a los mineros, al mejor estilo del otrora gobierno Chávez en Venezuela.
Como no recordar que, durante los gobiernos de Santos se declararon más de 10,6 millones de ha., bajo tal figura y que después de liberar zonas e incluir otras, hoy están bajo el rótulo condicionante de “reservas temporales”, 10,9 millones de ha., que sumados a los 50 millones más de áreas protegidas y otro tanto de OMEC, han destruido las expectativas del sector formal, mientras crece la minería ilegal.
Además de permitirle a Minambiente expropiar derechos al mejor estilo de una nueva inquisición de corte ambiental, el proyecto faculta a la ANM para entregar a dedo a mineros ilegales las áreas que se expropien, a través de “distritos mineros especiales”, “áreas de reserva estratégica” o “áreas de reserva estratégica minera para la formalización”.
Los mineros formales llevan décadas haciendo inversiones a riesgo en estudios, con la expectativa recuperarlas durante la explotación y ellos han generado el conocimiento del verdadero potencial minero del país. Expropiarlas ahora impidiéndoles colmar las expectativas económicas acordadas, es un acto de estafa pública.
Un cambio normativo de semejante trascendencia, no puede pasar desapercibido y amerita un llamado a la reflexión y la cordura, por cuanto tal reforma, aparentemente altruista e inofensiva, generará un riesgo económico billonario por las posibles demandas que pueden venirse contra el Estado por cuenta de un acto ilegítimo y arbitrario, que pisotea pilares esenciales de la democracia.
El presidente y sus ministros no pueden, por decreto, auto facultarse para desconocer la Constitución y la ley, ni para terminar de hacer trizas el sector minero, con el fin de implantar un nuevo modelo de negocio con sus amigos; los colombianos debemos estar en alerta, además, porque la historia ha demostrado que este tipo de iniciativas perversas se imponen primero en el sector de minas y luego se extienden a otros renglones de la economía nacional.
