En el contexto actual que un río se seque es trágico, por decir lo mínimo. El daño es de tales proporciones que en este punto es difícil calcular con exactitud su impacto en el medio ambiente, así como en las comunidades. Muchas de ellas han venido sufriendo social y económicamente por mucho tiempo y la situación del río Cauca bien puede cifrar su final. Como se sabe, el proyecto Hidroituango, desde hace tiempo, ha sido un tema polémico y polarizado precisamente por su impacto negativo en el ambiente y en las comunidades rivereñas a quienes EPM y la gobernación departamental han desoído e ignorado.
El proyecto en sí comenzó en 2009, pero algunos sostienen que su planeación y diseño comenzó hace cerca de cincuenta años. El objetivo es represar el río Cauca, uno de los ríos más importantes del país para crear una hidroeléctrica que le asegure a Colombia energía para su futuro próximo. La obra Hidroituango cubre una extensión de alrededor de 22.365 hectáreas, que incluyen la represa, así como sus estructuras complementarias. Como he indicado antes, el proyecto ha sido criticado por diversas razones, una de ellas se refiere a cómo las comunidades que están cerca de Hidroituango o que se verán afectadas por la obra, no han sido suficientemente escuchadas o tenidas en cuenta, y cuando ha ocurrido, les han mentido. Muchas personas han sido desplazadas por la construcción del proyecto, el cual ha afectado su bienestar y su supervivencia, en parte porque ya no pueden ejercer la minería artesanal en el río Cauca, una parte esencial de su tradición cultural.
De acuerdo a Ciro (2008) la historia de violencia en contra de la comunidad cercana a Hidroituango no es nueva, comenzó mucho antes de que se colocara la primera piedra cuando la región fue tomada por diversos grupos armados irregulares, esto es guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico. Su presencia ha tenido un profundo impacto en el territorio y ha sido generador de desplazamiento, el cual tuvo su periodo más difícil entre 1993 y 2005 cuando los grupos paramilitares comenzaron a dominar la zona. Esta época coincide con la planeación de mega proyectos económicos en Antioquia, Hidroituango siendo uno de ellos, quizá el de mayor envergadura. En el año 1996 en el municipio de Ituango se produce una masacre y luego otra en El Aro (1997), así como múltiples episodios deviolencia y amedrentación contra aquellos que se oponían a este tipo de proyectos.
Ahora, uno se puede preguntar cuál fue el papel del Estado en todo esto, la respuesta, de Ciro (2008) es que trató de controlar el territorio para beneficiarse con estos proyectos sin tener en cuenta el bienestar e interés de las comunidades afectadas. Además, estaba interesado en construir un “Estado Moderno” incrustado en una zona acorralada por la violencia y operada por grupos armados y carteles. Dos elementos que han sido usados como excusa para crear estrategias de control y seguridad del territorio, estrategias como el “Plan Colombia” y el “Plan Patriota” ambos patrocinados por el gobierno norteamericano.
Ahora bien, a finales de abril de 2018, un túnel colapsa en las obras de Hidroituango, y desde ese momento en adelante más de 35.000 personas están en riesgo de ser víctimas de una potencial catástrofe humana y ambiental. Si bien EPM, la Gobernación de Antioquia y el gobierno central han estado ocupados tratando de controlar la situación, la ausencia de información sobre las razones que ocasionaron la emergencia sigue siendo una deuda con el país. Desde ese momento, en adelante la situación de riesgo sobre las comunidades y los ecosistemas que dependen del río Cauca sigue vigente. En ese sentido, el último episodio ocurrió en enero cuando el caudal disminuyó dramáticamente afectando seriamente a varias especies animales, así como a las comunidades del bajo Cauca que dependen enteramente del río para su supervivencia.
A finales de abril de 2018, un túnel colapsa en las obras de Hidroituango,
y desde ese momento más de 35.000 personas están en riesgo
de ser víctimas de una potencial catástrofe humana y ambiental
Sobre estos hechos, ANLA ha confirmado que inicia un proceso sancionatorio a EPM por violar los límites del caudal del río Cauca, cuyo nivel bajo a los 300 cc por minuto cuando la ley establece que no puede bajar de 400 cc por minuto. Si bien EPM ha tratado de mitigar el daño ambiental, es muy posible que sus esfuerzos sean insuficientes para salvar una mínima parte de lo que ya se perdió.
Lo cierto, es que aún persisten muchas preguntas sin respuesta acerca de quiénes son responsables del desastre que este megaproyecto ha causado hasta el momento. Cómo van a responder por sus acciones en contra del medio ambiente y las comunidades quiénes van a sufrir por su negligencia y falta de principios éticos de aquí en adelante. Los ciudadanos seguimos sin reaccionar en contra de esta serie de episodios que van en contra de nuestro bienestar y que están poniendo en grave riesgo el futuro del país.
