Atendiendo al carácter pendular que habitualmente tiene la agenda de ciudad y la opinión pública, vuelve la seguridad a convertirse en uno de los temas recurrentes no solo en vísperas electorales, sino también como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos al momento de evaluar su grado de satisfacción o insatisfacción con su vida en la ciudad y con la gestión pública que se ha generado como respuesta.
Lo cierto es que han pasado muchos años en los cuales cada día se rompen límites por parte de la criminalidad, quienes entendiendo que su principal atributo es la innovación, desafían las barreras de respuesta que tiene la institucionalidad y traspasando las fronteras de lo que tradicionalmente se ha entendido como la capacidad delictiva, representan un mayor riesgo para los ciudadanos y su relación con los territorios, que ahora sienten como desprovistos de cualquier tipo de autoridad y control.
Ahora bien, hablar de seguridad ciudadana representa un reto en mayúsculas, no por cuenta de delincuentes disruptivos o excesivamente creativos, ni por las habilidades intelectuales que pueden tener quienes se dedican a tales actividades, sino por dos tipos de dinámicas incidentes: I. el efecto rebote y, II. El efecto bola de nieve, que se desarrollarán como sigue a continuación.
Cuando se habla de Efecto rebote a la hora de evaluar la implementación de la política pública de seguridad ciudadana, debe hacerse énfasis en la respuesta/consecuencia que puede surgir como resultado ante la adopción de diferentes medidas, por ejemplo, incrementar las pesquisas en transporte público puede generar que el delito se desplace a otras modalidades como el hurto a bicicleta.
Esto adquiere mayor relevancia cuando los actores criminales no tienen un alto grado de especialización y, en consecuencia, pueden desplazarse entre las diferentes modalidades delictivas con miras a garantizar la continuidad de sus rentas ilegales.
Mientras que al hablar del Efecto bola de nieve debe considerarse la convergencia de factores múltiples que en determinadas condiciones pueden encauzarse para complejizar las condiciones de seguridad que puede tener un determinado territorio, ejemplo de ello puede anotarse la concurrencia de factores como el transporte ilegal, la indebida ocupación del espacio público, la carencia de programas de asistencia social y adecuado manejo del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aspectos que en suma representan una buena oportunidad para los actores ilegales y que en consecuencia, puedan explotar dichas vulnerabilidades y terminar cooptando dicha población para sus propios propósitos delictivos, lo que representa una condición doblemente problemática; la victimización de población vulnerable y la incursión de nuevos actores en dinámicas delictivas.
En ese orden de ideas, lo que día a día ven los ciudadanos como resultado a la implementación de la política pública de seguridad ciudadana es la sumatoria de dinámicas como el efecto rebote y el efecto bola de nieve, y sus repercusiones en la forma como se evalúan los resultados obtenidos en relación con los esfuerzos desarrollados por parte de las autoridades, lo que gradualmente refleja una importante desconexión entre las actividades adelantadas por la institucionalidad y su lectura frente a las problemáticas, versus el impacto que perciben los ciudadanos de dichas actividades y su capacidad transformadora en los territorios.
Son muchas las actividades desarrolladas, cientos de planes articulados con los organismos de seguridad del Estado, miles de lecturas que buscan actualizar y diagnosticar los territorios con miras a obtener los mejores resultados posibles, no obstante, lo que tenemos es que tan solo un 4 % de los ciudadanos se sienten seguros en la ciudad[1] en contraposición a un alarmante 88 % que mide negativamente su percepción de ciudad, un 11 % se siente seguro en su barrio versus un 75 % que mide como inseguro su entorno más próximo.
Si bien el debate en torno a la tradicional dicotomía entre la seguridad objetiva y la subjetiva, es decir la continua pugna entre la percepción de seguridad y la seguridad sigue más vigente que nunca, no puede ser alegado por la institucionalidad como un argumento que reste credibilidad a los reclamos y preocupaciones de la ciudadanía, máxime en tiempos en los cuales la confianza y legitimidad de las instituciones atraviesa uno de sus momentos más complicados.
A la larga, esto desnuda la necesidad por repensar la seguridad ciudadana y su forma de implementar la política pública en las ciudades, requiere tomar cada preocupación ciudadana con completo rigor al momento de convertirla en planes de acción que involucren y articulen todas las capacidades institucionales.
A su vez, esto implica una transformación profunda en las entidades que participan del sector y los mecanismos a partir de los cuales se elaboran los diagnósticos y planes de trabajo, pues se requiere trasladar el centro de gravedad hacia el ciudadano, es decir, pasar a un modelo de política pública concentrado en la acción colectiva como principal estrategia contra el delito.
En este escenario, la principal apuesta deberá permanecer en la generación de corresponsabilidad, no solo como mecanismo diagnóstico, sino también como componente de decisión incluso en lo operativo, pues solo así podrá eventualmente superarse la brecha entre los buenos resultados estadísticos que eventualmente puedan presentarse y la forma como los ciudadanos evalúan y miden su percepción de ciudad.
Es preciso robustecer las comunidades, reformular los espacios de participación que se han convertido en instancias anacrónicas que no se conmiseran de las nuevas dinámicas de ciudad y que en consecuencia miden como factores de riesgo algunas dinámicas propias de los nuevos tiempos y aún más importante promover la llegada de nuevos actores ciudadanos a los espacios de decisión en seguridad ciudadana, pues es imperativo romper cualquier tipo de sesgo que se tenga al momento de construir la respuesta colectiva a las problemáticas de ciudad y así, garantizar un abordaje realmente integral a los territorios y el potencial que se tenga para mitigar efectivamente las problemáticas de los ciudadanos.
[1] Encuesta Virtual #MiVozmiCiudad, Bogotá, cómo vamos. Noviembre 2021
