Hay para quienes la entidad debe respetarse y por las acciones aisladas de unos soldados no debería juzgarse a toda una institución, pero no solo hablamos del caso de abuso de la niña de la comunidad embera chamí en Risaralda, existen muchos más motivos por los cuales esa institución debe ser repensada en tiempos de posacuerdo y la estructura patriarcal sobre la cual funda su poderío. De hecho, habría que dársele de baja, más en un país que busca la igualdad y romper con todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer.
En Arauca, entre el 2 y el 14 de octubre del año 2010, fueron secuestrados, abusados y asesinados tres niños que fueron enterrados en una fosa común. Estos hechos ocurrieron a 254 metros del campamento militar. Y aunque se halló sangre en siete de los morrales de los sesenta soldados de la unidad del Ejército, solo fue capturado el subteniente Muñoz Linares, dejando así en la impunidad un hecho que evidentemente fue cometido por varios militares y dejó sumido en el dolor al padre de los menores.
Y ese no es el único, según se relata en el informe La guerra inscrita en el cuerpo en el año 2007, militares de la Tercera Brigada, Tercera División del Ejército Nacional, ingresaron a una casa campesina y retuvieron a dos mujeres y tres hombres. Las mujeres fueron interrogadas, violadas y acusadas de ser pertenecientes a la guerrilla. Hubo participación de un teniente en los hechos.
De acuerdo con la Corporación Sisma Mujer, en Chocó y Arauca hay casos donde las mujeres, tras ser acusadas de ser guerrilleras o colaboradoras de la guerrilla por parte del Ejército, han sufrido violencia sexual (amenaza sexual, tocamientos y violación) de parte de miembros de la institución.
Cabe anotar que la violencia sexual se utiliza en medio de las masculinidades guerreras como herramienta de territorialización de los cuerpos en medio de una práctica de dominación: se expropia el control de las personas con imaginarios históricos del cuerpo. Esta ha sido utilizada por todos los grupos armados en el país.
De esta manera, la violencia sexual corresponde a un tipo de violencia que se basa en el género, que aflige de forma profunda a las mujeres y que está sustentada en el ejercicio de un poder asimétrico, fundado en asignaciones sociales a partir del sexo: la persona que es víctima se constituye en objeto que no es titular de derechos humanos.
Las consecuencias de la violencia sexual son multiples y se reflejan a corto, mediano y largo plazo, según se reporta en el informe Memoria histórica con víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, desencadenan rupturas, perdidas, enfermedades, cambios y malestares en la vida cotidiana, además de lesiones en los órganos genitales y urinarios, mutilaciones y lesiones en rostro, infecciones por trasmisión sexual, embarazo por violación y maternidades coaccionadas. Al año 2017, el Observatorio de Memoria del Conflicto reportaba 206 casos de violencia sexual atribuidos a agentes del Estado.
Sin embargo, las violaciones por parte del Ejército van más allá, pasan también por aspectos como los denominados falsos positivos, otra práctica de la fuerza pública: básicamente se relaciona con hacer pasar por bajas en combate a civiles. Pues bien, estas ejecuciones extrajudiciales son procesos sistemáticos llevados a cabo por parte de la fuerza pública. De hecho, este año, The New York Times denunció la firma de un compromiso por parte de los generales para intensificar los ataques y por ende dar mayores resultados en términos de bajas en combate, lo que se traduce en un riesgo para la población civil.
Recordemos también el caso de Dimar Torres (desmovilizado de las FARC), ocurrido el 22 de abril de 2019, otra ejecución extrajudicial. Se cavó una fosa con el fin de desaparecer el cuerpo y de no ser por la acción de los campesinos de la región para desentrañar la verdad, Dimar hubiera quedado sepultado en el olvido, todo gracias a los que buscan esconder el horror. Este hecho junto con el bombardeo a ocho menores en Caquetá en agosto de 2019 conllevó, en medio de la moción de censura, la salida del entonces ministro de Defensa (Guillermo Botero). Cerca de un año después del bombardeo, no se ha respondido por la muerte de los menores.
Con eso claro, es indispensable que el país repiense esta institución como una tarea imperante en medio de la implementación de los acuerdos de paz, una que debe buscar romper con las estructuras patriarcales, con las violencias legitimadas por parte del Estado, con aquellas acciones que disfrutan el dolor de las comunidades y lo usan como estrategia para implementar el poder, y con las acciones que se apoderan de los cuerpos y los subyugan a los intereses de la opresión (con la connivencia del Ejército y el narcoparamilitarismo). En definitiva, es momento de terminar con todas estas prácticas sistemáticas que patentan la fuerza desigual y desmesurada de una institución que está para defender a los colombianos y no para aniquilarlos (como hizo el soldado con la perrita al lanzarla varios metros, demostrando su poder y su fuerza ante el animal indefenso).
