El presente artículo desarrollará la problemática que sufren las víctimas del conflicto armado en Colombia a raíz de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), donde el Estado no ha garantizado una reparación completa a las víctimas del conflicto armado, debido a que el cumplimiento en las diferentes áreas que presenta la ley no es satisfactorio. Esto a través de datos cuantitativos y una investigación desde los diferentes entes nacionales que hacen parte de la Ley 1448, dando soporte a los argumentos mencionados posteriormente.
En la historia de Colombia, el conflicto armado ha sido una de las problemáticas más grande que maneja el país afectando la vida de la población civil. Dentro de los protagonistas de este conflicto armado, se encuentran las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional), carteles de la droga, paramilitares y gobierno de Colombia. Por medio de la intimidación generalizada que ha realizado la guerrilla en diferentes departamentos del país y, por más de 60 años, estos han logrado crecer rápidamente generando desplazamiento forzoso en las comunidades afectadas.
De acuerdo al último informe entregado por la consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), aproximadamente 256.590 personas, cerca de 65.748, fueron desplazadas en Colombia en 2012, abandonando así sus hogares con el fin de defender su vida e integridad de los grupos armados que vulneran sus derechos.
Por otra parte, Los cinco departamentos con mayor número de personas que llegaron desplazadas fueron Antioquia (61.252 desplazados) Nariño (26.610) Cauca (35.409) Valle del Cauca (21.858) y Putumayo (12.285) (Chávez, 2014)
Sin embargo, el desplazamiento forzoso no ha sido la única consecuencia de este conflicto armado. “Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013, entre los años 1958 y 2012 se ha generado la muerte de 218,094 personas de las cuales 150.000 han sido asesinatos selectivos” (Histórica, 2013).
El 10 de junio del 2011, el Congreso aprobó la ley 1448 conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, esta con el fin de proporcionar una reparación íntegra en atención y asistencia a las personas víctimas del conflicto armado, a partir del 1 de enero de 1985. Dentro de las medidas de la reparación integral están:
- Medidas de satisfacción: Busca reconstruir la verdad de lo ocurrido y mitigar el dolor de las víctimas, dignificando su vida.
- Medidas de rehabilitación: Buscan mejorar las condiciones físicas de las víctimas mediante tratamientos médicos.
- Restitución: Restituir los derechos que las víctimas tenían antes de lo ocurrido.
- Garantías de no repetición: Garantizar a las víctimas que los hechos ocurridos no volverán a pasar.
- Indemnización administrativa: Compensar con dinero a las víctimas en cuanto a lo ocurrido
Junto a ellos trabajan la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES), la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. El programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, no todas las personas que han sufrido daños por este conflicto tienen acceso a todas estas medidas, desde las distintas entidades se han categorizado a las víctimas bajo criterios de priorización como la edad, discapacidad y enfermedad para poder acceder a ellos. Esto no ha permitido en primera instancia que estas personas puedan tener una reparación completa, generando inconformidad y vacíos en su proceso.
A partir de esto, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, que fue creado en el 2001 con el fin de buscar y responsabilizar las atrocidades y violaciones de derechos humanos, presentó un análisis sobre la implementación de la reparación de víctimas a solo tres años de su ejecución. En este, reconoce que el programa ha funcionado y permitido tener mayor claridad y conocimiento frente a las víctimas que ha dejado este conflicto en la sociedad, de igual manera, informa también que en diferentes áreas todavía hay mucho por mejorar pues existen varios déficits.
“La Ley de Víctimas y el discurso político hacen promesas difíciles de cumplir cuando aseguran que la reparación transformará vidas y será integral. No consideran los niveles de pobreza y marginalidad en que viven muchas víctimas, ni tampoco su desbordante número. Cuando dichas promesas son hechas por ley, la incapacidad de cumplirlas afecta seriamente a la credibilidad de la ley y la seguridad jurídica. Los compromisos legales que el Estado adquirió con la Ley de Víctimas no pueden ser exonerados posteriormente bajo argumentos de falta de capacidad o previsión por parte del propio Estado,” explica Cristián Correa, asociado sénior del programa de Justicia Reparadora del ICTJ (Transicional, 2015).
Lo anterior, y las demoras en las diferentes medidas de reparación integral como el acompañamiento psicosocial, las necesidades educativas de las víctimas, las ayudas a las viviendas y la falta de programas de formación que están estipuladas en la ley, han generado frustración entre ellas, minimizando así los esfuerzos que ha hecho la unidad de víctimas y, que de igual forma, sean vistos como procesos débiles que no garantizan la reparación de forma completa.
“Se habla de crear programas de formación, proyectos productivos, programas para mujeres empresarias, horarios especiales para talleres de atención psicosocial, pero aún nada de esto se concreta con la cobertura necesaria para las mujeres víctimas” dice Ana Cristina Portilla, asociada del programa del ICTJ en Colombia (Transicional, 2015).
Es posible notar que si bien la unidad de víctimas, de la mano de Centro Nacional de Memoria histórica y sus diferentes instituciones nacionales, ha buscado mejorar la vida de las personas afectadas del conflicto armado, falta mejorar algunos aspectos para que los procesos sean más ágiles y, de igual manera, incluyan a todo aquel individuo que hace parte de este proyecto, para que puedan tener una reparación íntegra sin importar la edad, discapacidad o enfermedad.
Por otro lado, es importante que, desde estas entidades que apoyan el proceso de la unidad de víctimas y en conjunto con el gobierno, se sigan buscando nuevas oportunidades para romper con este ciclo histórico de violencia y marginalidad que tanto ha golpeado a Colombia, solo de esta manera podrá cesar las víctimas y el dolor causado a través de los años.
