En el año 2000 llegó a la Alta Guajira el Frente Contrainsurgencia Wayúu de la estructura de las AUC. Su comandante era el temido paramilitar Jorge 40, que ingresó a la región de la mano de narcotraficantes locales, a los que posteriormente asesinó para quedarse con el negocio. Este, ya con el desierto a sus pies, instaló a alias Pablo, quien se convirtió en el “señor del desierto”.
Durante mucho tiempo esta región fue teatro de crímenes atroces cometidos por el mal llamado Frente Contrainsurgencia Wayúu como desapariciones, masacres, torturas y homicidios, incluso contra la institución más sagrada para los wayúu: sus mujeres.
Como ya se mencionó, el jefe absoluto desde el año 2002 era alias Pablo, quien perpetró varios crímenes muy sonados como la masacre de Bahía Portete y el homicidio de Manuel Afanador, hermano de Enrique Afanador, excandidato a la alcaldía de Uribia y miembro del clan wayúu pausayuu.
Manuel fue asesinado de múltiples disparos. El sicario dijo en audiencia ante Justicia y Paz que todo fue en complicidad con actores políticos que hoy gozan de libertad y agentes del Estado, como reza también en diferentes testimonios que alias Pablo ha dado a la Fiscalía desde Estados Unidos a donde fue extraditado tras ser acusado de enviar toneladas de cocaína desde las costas de la Alta Guajira.
Según la DEA, el Frente Contrainsurgencia Wayúu era el más traqueto de las AUC: dominó pistas, puertos y todo el presupuesto público. Su radio de mayor acción fue el municipio de Uribia, donde desde hace 18 años manda Cielo Redondo, presa actualmente en su casa por corrupción, y cuyo hijo, Luis Enrique Solano, es hoy el alcalde.
Pues bien, recientemente en la Alta Guajira, territorio ancestral de los clanes pausayu de isijou, ipuana de puerto estrella, epieyu de santa ana, uriana de tawaira, la Unidad Nacional de Víctimas entregó la resolución de reparación colectiva. Con este evento el Estado asume la responsabilidad sobre estos hechos, que jamás deben volver a repetirse, contra indígenas wayúu.
