Cada día es más la gente, intelectuales, artistas, políticos y líderes de opinión, que hace aportes sobre el tema.
En Colombia, nada es política y económicamente más urgente, aparte de detener el exterminio de ciudadanos.
El debate coincide con un momento histórico para la humanidad, pues la pandemia del COVID-19 que ha encerrado a todo el mundo en cuarentenas, ha dejado ver el lado oscuro de la pobreza encubierta por el espejismo de la globalización capitalista y las redes sociales, con su arsenal de publicidad engañosa y sus montañas de mentiras. La pandemia rompió el embrujo y la hipocresía del discurso neoliberal que encubría la pobreza en que vive gran parte de la humanidad.
En un artículo en The Guardian, la periodista científica Laura Spinney afirmaba, a propósito de las pestes que han azotado a la humanidad desde la antigüedad, que hay una relación entre las pandemias y la desigualdad social. “Históricamente, los brotes de enfermedades han ocurrido en un momento de desigualdad social y discordia”. A largo plazo, concluye, ellos (los gobiernos) y nosotros, “debemos abordar la terrible desigualdad en nuestras sociedades, que esta pandemia está cortando aparte con un bisturí letal”. El COVID-19 es selectivo y clasista: donde más estragos está causando es allí donde la pobreza y la desigualdad social son el rasgo común de la población.
¿Que es la Renta Básica Universal?
La definición que da Daniel Raventos en el documental In the same boat es clara y concisa: “Es una asignación universal absolutamente a toda la población que estuviera en un area geográfica determinada...es una cantidad mensual suficiente para pagar tus necesidades básicas: comida, vivienda, educación, esa clase de cosas”.
Hay otras definiciones, como la del profesor Jorge Espitia de la Universidad Nacional de Colombia: “Es un ingreso garantizado por el Estado como derecho de los ciudadanos para acceder a una canasta de bienes mínima que les permita subsistir”. Solo a partir de una renta básica podrían todos los ciudadanos profundizar su libertad, concluye el profesor.
Para el investigador de la Universidad de Barcelona, miembro de Basic Income Earth Network (BIEN), David Casassas, la RBU “es una asignación monetaria, pagada por los poderes públicos, de acuerdo con tres principios: universalidad, la reciben todos los ciudadanos de un territorio; incondicionalidad, la reciben en cualquier circunstancia sin importar nivel de ingreso o número de personas con que se viva; e individualidad, la reciben los individuos no los hogares”.
¿A quiénes beneficia la RBU?
Primero, el Estado la debe financiar a través del sistema de impuestos o ingresos tributarios progresivos, sobre el patrimonio de personas naturales (los super ricos) y jurídicas (bancos, grandes empresas nacionales y multinacionales), impuestos de sociedades (beneficios empresariales) e impuestos al capital financiero especulativo (la conocida Tasa Tobín). Quien más tiene más pone, es la fórmula.
Se calcula que entre un 60% y 70% ganaría con ella. Un 20% quedaría igual (clase media alta), y el 10% restante, la población más rica de la cúspide de la pirámide, la que más tiene, también la recibiría, pero al final es la que más riqueza transfiere a quienes carecen de ella. Sería, en palabras del investigador Casassas, la materialización de un derecho universal - a la vida digna- que ya está escrito en casi todas las constituciones del planeta, pero del que solo disfruta con exceso y lujuria la minoría más rica, el 1% dueño del 99% de la riqueza global.
En Colombia la bancada de oposición, 53 senadores, presentó una propuesta de Renta Básica al Congreso, que fue rechazada por la bancada de la mayoría neoliberal y representante de un gobierno corrupto, señalado de fraude y compra de votos (Ñeñepolítica); responsable por acción u omisión de la masacre sistemática de jóvenes, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz con las Farc.
La bancada de la oposición propuso asignar una RB de 1 SMLMV ($ 877.730) por 3 meses al 100% de las familias más pobres, 4 millones de hogares, para beneficiar unas 12 millones de personas. Lo que busca la propuesta es que más de 30 millones de colombianos que se han visto afectados por la crisis económica se beneficien.
La dramática situación que sufre la población trabajadora y los pequeños propietarios independientes, por el cierre económico o cuarentena ha estallado las alarmas en Colombia. Según estadísticas al día de hoy, de 22 millones de empleados, el 43%, más de nueve millones cuatrocientos sesenta mil personas (9.460.000), son trabajadores/as por cuenta propia o independientes.
Es decir, una quinta parte de la población tuvo que suspender o reducir sus actividades económicas obligados por la pandemia. Restaurantes, peluquerías, tiendas, talleres, panaderías, cafeterías, reventas de mercancías en la calle, carnicerías, taxistas, etc. Pero lo más grave para las millones de familias que dependen de ese ingreso es que no las cobija ningún programa social del gobierno.
Al contrario de lo que le reclama la gente que más está padeciendo por las dos pandemias, pobreza y COVID-19, Iván Duque prefirió gobernar vía decretos. Por medio del 518 de 2020 inició un remedo de programa social, el Ingreso Solidario, que le otorga $ 160.000 a cada familia que no esté en los programas de Familias en Acción o Jóvenes en Acción; en lugar de hacer una mayor distribución de recursos, como lo propone la oposición, para mejorar la capacidad adquisitiva de los más vulnerables y afectados por la pandemia.
Seguramente el gobierno ni conoce ni le interesa el informe de la Cepal cuando afirma que la pobreza extrema aumentará en América Latina a unos 83 millones este año 2020 y dejará unos 11 millones de desempleados. ¿De ellos cuántos serán colombianos?
Implementar la RBU va a tener enormes repercusiones para la vida de millones de personas afectadas por la pobreza y la pandemia. Es una de las grandes tareas de cualquier movimiento social o político por el cambio radical en Colombia, y de cualquier persona crítica, con sensibilidad humana y social y con consciencia de clase.
Lo difícil es conquistarla en una sociedad gobernada por la necropolítica en que derivó el modelo neoliberal; por el despotismo de una oligarquía que desde los primeros tiempos secuestró para sí el proyecto de sociedad democrática fundada en el Estado de Derecho, y cambió la idea de República democrática por la de un Estado espurio, represivo, con rasgos de dictadura que hoy se erige sobre una mayoría ciudadana que ha madurado, ha crecido y quiere un cambio.
Y para quienes creen que concederle una RBU a los excluidos de la torta es un regalo, vendría bien recordarles estas palabras del economista francés Serge Latouche, en el documental In the same boat: “...una parte de la producción no es propiamente producto del trabajo, porque si poco trabajo puede engendrar una enorme producción es porque hay una herencia de generaciones precedentes...una herencia de la ciencia y del trabajo anterior”.
