Del sentir universal y social a un proyecto de ley en Colombia
Sin duda alguna, el 2020 fue un año de muchos cambios, no solo en la vida de los hogares a nivel mundial, de los cuales muchos tuvieron que idearse la forma de sobrevivir en esta situación de emergencia global, sino también desde una perspectiva institucional, ya que si analizamos los retos a escala mundial que atravesaron las diferentes instituciones podemos evidenciar los grandes desafíos a los que se vieron obligadas.
Así pues, el reto de las instituciones por garantizar un minino de seguridad social, política, sanitaria y de vida, se convertiría en una necesidad perentoria en Colombia, y a su vez, que permitiría repensar sus funciones objetivas en y para la sociedad. En la tierra de cantores, se emitieron por parte de las instituciones (sobre todo los ministerios) más de 100 textos normativos para garantizar la estabilidad económica, social, y sanitaria del país, los cuales buscaban sobre todo la no reproducción masiva del virus, debido a que el sistema de salud nacional no estaba preparado para tal situación. Así mismo, se buscó garantizar el “mínimo” de subsistencia de la población más vulnerable en el marco de la pandemia, por medio de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas sociales en Colombia.
Sin embargo, los programas sociales en Colombia como en la mayoría de los países subdesarrollados no logran tener un nivel equilibrado de eficiencia óptimo, es decir, que cumpla su objetivo de manera constante y real, tal cual como lo presenta Fedesarrollo[1], donde la cobertura de las transferencias monetarias de los programas como Jóvenes en Acción y otras transferencias, solo cubren y benefician al 48% de los hogares necesitados, excluyendo el resto de hogares para los cuales también fueron creados (el 52%), lo que equivale a decir que los actuales programa sociales no están cumpliendo eficientemente con el objetivo planteado en su creación y que las ayudas no les están llegando a los hogares que realmente las necesitan y más en situación de pandemia.
Luego entonces, hoy en día nos enfrentamos a una nueva propuesta de plan de intervención social, una propuesta que promueve la unificación de los 4 programas de transferencias monetarias vigentes (Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso solidario) en un solo programa que aumente la cobertura y mejore los ingresos de 7.4 millones de familias, lo cual es equivalente a alcanzar aproximadamente a 30 millones de colombianos con carencias económicas.
Esta nueva propuesta (Proyecto de Ley 402-2021[2], “por medio del cual se crea el programa Renta Básica como Política Permanente de Estado en condición de derecho de ciudadanía y se dictan otras disposiciones”) es presentada por una bancada de más de 50 parlamentarios, quienes idealizan el sentir económico y social del pueblo a partir de sus necesidades como sociedad colombiana vilmente golpeada por la pandemia, pues la situación del país no es la mejor, dado que según cifras del Dane, el PIB se contrajo en el año 2020 -6.8%, a enero 2021 la tasa de desempleo está por el 17.3% y el índice de feminidad de la pobreza (nacional -2019) es del 116% (es decir, hay 116 mujeres en hogares pobres por cada 100 hombres en hogares pobres)[3].
Así pues, este proyecto de ley presentado el pasado 16 de marzo del 2021 busca recobrar el derecho ciudadano al mínimo vital y hacer que el colombiano pueda vivir con las mínimas condiciones humanas. Por tal razón es una iniciativa política socialmente incluyente y benefactora para la sociedad colombiana; eso sí, siempre y cuando se logren corregir los alcances de los programas sociales en Colombia, frente a lo cual la actualización del Sisbén 4.0 abre una posibilidad enorme para la mejora de estos, y que el gasto social realmente sea redistribuido en la población más necesitada.
Resumen de la propuesta
- Mejorar los ingresos de 7.4 millones de familias, lo equivalente a alcanzar aproximadamente a 30 millones de colombianos con carencias económicas.
- La renta básica entregará entre $320.000 y $480.000 a cada familia.
- Los adultos mayores recibirán $320.000 mensuales.
- Los adultos mayores que integran grupo familiar recibirán mínimo $90.000.
- Los giros de la renta básica serán entregados a las mujeres.
Sin duda alguna, esta propuesta recrea un incentivo que busca la estabilidad social y la reactivación económica para los hogares, pero también predispone muchos retos en materia de política pública, efectividad del programa, medición de impacto y cambios de conductas, manejo de recursos- presupuesto, de entender la realidad del país actualmente, que, sin lugar a duda, depende mucho de la capacidad cognitiva de los parlamentarios, es decir, es un asunto de voluntad política, es por eso que tal propuesta de tan gran envergadura no solo debe ser disertada exclusivamente por los que conocen la materia, es una tarea de todos los colombianos hacerlo.
En síntesis, se consolida una propuesta muy interesante que debe ser difundida hasta el más chico rincón del país donde lo pueda ver aquel futuro científico, dirigente o médico que ayudará a fortalecer más aún los cambios sistemáticos para esta sociedad, por tal razón #LaRentaBásicaYA! es una apuesta que debe ser apoyada por todos y cada uno de los colombianos.
Así mismo, se abre una puerta a futuras reflexiones en términos de impactos económicos, sociales, políticos y hasta culturales, ¡el paso hacia un Estado de bienestar más óptimo ya se encuentra en curso!
[1] Reformar para una Colombia post-COVID 19. Hacia un nuevo contrato social (2021)
[2] Congreso de la República (16- de marzo -2021)
[3] Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2019
