Por estos días se escuchan muchas voces de empresarios orgullosos de contar en su nómina con reinsertados de guerrilla o paramilitarismo desde hace un poco más de diez años, alentando a otros dueños de compañías a seguir su exitoso ejemplo una vez culmine todo lo correspondiente con el proceso de paz en La Habana.
Su gestión en ese sentido es sin duda admirable, pero una cosa son los que se salieron por voluntad propia de las filas de los grupos ilegales, y otra muy distinta los que van a llegar tras la firma de un acuerdo en el que el perdón no está en su agenda y sienten —como hemos escuchado muchas veces— no solo que son víctimas, sino que se merecen cada cosa que les den porque el pueblo colombiano les debe todo.
Cuando se dio el acuerdo de paz con el M-19, el 9 de marzo de 1990, pasamos por el mismo proceso. No recuerdo qué tanto había preparado el gobierno de turno a la sociedad colombiana para recibirlos en la legalidad, y qué tanto a los guerrilleros desmovilizados para entrar en ella, pero diría que fue más imprivisado. Esa es mi preocupación nuevamente hoy, con el agravante de que la Colombia actual está horriblemente polarizada e intolerante. Si a Navarro Wolf lo vieron repartiendo unos volantes para el sí al plebiscito y le dijeron misa, cómo será todo de ahí para arriba.
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, del 2002 a hoy se han desmovilizado cerca de 58.000 militantes de grupos ilegales; los registros más altos se presentan en Antioquia, Bogotá, Córdoba, Meta y Cesar. Los cálculos no oficiales de quienes llegarían con el actual proceso de paz alcanzan los ocho mil integrantes de las Farc, es decir, ¡ocho mil potenciales detonantes!
En el marco de la cumbre sobre construcción de paz y reintegración celebrada hace unas pocas semanas, Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reintegración, dijo que para iniciar un trabajo de reintegración se debe “tener una visión humanista y dignificar al ser humano que fue combatiente y hoy quiere ser ciudadano”; ayudar a quien se encuentra estigmatizado, marginalizado y en condiciones de pobreza. Eso suena muy lindo y considerado como ejercicio filosófico, ¿pero y en la práctica?
¿Y qué sobre la preparación de los colombianos del común
que son quienes van a enfrentar
esa dura realidad?
Entré a la página de la Agencia que se ve muy completa y pareciera mostrar a un gobierno perfectamente preparado para enfrentar el proceso, pero a hoy solo se han escuchado a los empresarios que mencionaba al comienzo de esta columna, ¿y qué sobre la preparación de los colombianos del común que son quienes van a enfrentar esa dura realidad?
Recuerdo que en el gobierno de César Gaviria, quienes trabajábamos en la Presidencia de la República tuvimos que interactuar con unos desmovilizados del M-19 adustos que no solo no tenían una mínima educación (ni saludaban, ni pedían el favor y menos daban las gracias que es lo básico), sino que pedían a los “guachazos” lo que necesitaban; como si les debiéramos todos sus requerimientos.
En este orden de ideas, no quiero pensar cuántos enfrentamientos pueden presentarse con estos reinsertados que van a llegar y que, como los del M-19, llegan de vivir con sus propias reglas de ilegalidad, a integrarse con las de una parte de una sociedad legal que no solo no los quiere, sino que no ha sido preparada ni quiere recibirlos. Dijo el propio Mitrotti que “es fácil firmar un papel pero difícil que se tenga la capacidad de transformar las conductas violentas”, y ese es mi punto.
¿Saben cuánto dura el proceso de reintegración de cada guerrillero desmovilizado? ¡Seis años y medio! ¿Se imaginan todo lo que puede pasar en ese lapso en las regiones asignadas, las oficinas, las fincas, los vecindarios y todos los escenarios donde se van a mover los exfarc con toda su efervescencia y con toda la intolerancia de los colombianos? No quiero ni pensar.
¿Que hay una ventaja porque ya se tiene la experiencia de diez años largos en procesos de reinserción de miembros de los grupos al margen de la ley a la vida civil? Sí, pero insisto que es con quienes se han desmovilizado por “voluntad propia”, que es –sin duda- una actitud muy distinta a la que traen quienes piensan que todo se les debe y que –además- consideran que son víctimas de los colombianos que sudan su trabajo día a día en la legalidad y sin prevendas como premio por haber sido delincuentes. En este punto está lo más difícil del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
¡Hasta el próximo miércoles!
