La decisión de un Tribunal Supremo del Reino Unido de negarse a devolver treinta toneladas de oro valoradas en 1.2 billones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra, a su verdadero propietario, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela —y, en cambio, entregárselas a Juan Guaidó, el falso “presidente” marioneta de Estados Unidos—, es un acto de piratería como el que practicaban los piratas Francis Drake y Henry Morgan cuando saqueaban tesoros en el Caribe en la época de las viejas colonias.
Este es otro ejemplo de cómo la corte de una vieja potencia colonial interpreta las leyes y tratados internacionales en tiempos de COVID-19, a pesar de que el gobierno bolivariano se ha comprometido a usar el oro para enfrentar la pandemia. En lugar de lo justo lo injusto y los intereses políticos, imponiendo el derecho del más fuerte sobre una nación con cuyo gobierno no simpatiza, mientras aparenta tener buenas relaciones, pues es sabido que Inglaterra mantiene relaciones oficiales y diplomáticas con Venezuela, existe intercambio de embajadores en ambos países.
El argumento jurídico y de fondo, que pesa lo que una hoja seca en verano, es que el gobierno de su majestad la reina, reconoce como presidente “legítimo” a un personaje sin poder ni significado político diferente a ser una ficha al servicio de los yanquis.
Es más, la vieja potencia colonial le dio dicho reconocimiento después que el oro había sido depositado en el Banco de Inglaterra en 2018, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo tanto, el oro debería ser devuelto a quien lo depositó allí y no a un aparecido que llega a usurpar un rol. Lo cual deja sin argumento jurídico la decisión pirata de la corte, quedando en evidencia que la única razón de fondo que animó el fallo fue política, la de alinderarse a los intereses yanquis contra Venezuela y, de paso, obtener una buena bonificación en lingotes de oro.
Dicha decisión es una manera de comprobar que la justicia, los tribunales, las normas y los tratados internacionales no los determina el significado literal de la norma escrita, sino quién, qué intereses o qué poder fáctico las interpreta y cómo las traduce en fallos que luego cubren con el manto "sagrado" de la autoridad del togado, del tribunal o del juez.
No puede ser llamado de otra forma lo que acaba de hacer el alto tribunal, está expropiando treinta toneladas de oro a su legítimo propietario, el Estado venezolano, justificando una posición política en una decisión jurídica, al entregarlo a un invento político, a una ficción jurídica, el autoelegido “presidente”, una creación de los EE. UU., un completo absurdo en derecho, algo por encima de cualquier norma o tratado y desprovisto de los estándares democráticos mínimos que cualquier Estado exigiría.
Es notorio el silencio cómplice de los defensores del modelo económico capitalista y su cínica postura sobre el respeto a la propiedad privada, mientras apoyan sin vacilación que se arrebate y expropie patrimonio público, las mismas que gritan al cielo cuando un Estado legítimamente nacionaliza o expropia una empresa o patrimonio privado que no cumple con las normas mínimas legales vigentes de una nación.
La enseñanza que deja esta apropiación por desposesión al legítimo propietario es que las naciones que buscan construir un proyecto soberano e independiente no pueden seguir entregándole sus existencias en oro a los bancos de las "potencias" que se hicieron a punta de saqueo y piratería, porque como lo demuestra este caso, con artimañas jurídicas se confabulan con otras potencias y oligarquías nacionales para destruir los gobiernos que no son de su simpatía y apropiarse de sus bienes.
Cual ave de rapiña, sacó sus garras. Inglaterra no ha olvidado su pasado pirata, una maestra en el arte de invadir y robar tesoros.
De esto saben mucho los pueblos de América Latina, saqueados desde la Colonia.
