Entre las muchas sorpresas que nos depara la pandemia se destaca la poca credibilidad y resistencia que despierta entre los padres de familia el anunciado regreso a clases a partir del 1 de agosto. En este delicado y controversial asunto el gobierno puede perder el año y causar grave daño a millones de niños y jóvenes.
Tras varias semanas de anunciar el regreso a clases, por fin el gobierno ha expedido los lineamientos para el esperado regreso, bajo la modalidad de alternancia, combinar las clases presenciales con las clases virtuales en casa. Se trata de un extenso y fatigoso documento de 158 páginas, incluidos los 12 anexos que lo acompañan, que incluyen desde el “Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda”, hasta “Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar”, pasando por “Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por el virus covid-19 que se presenten en la comunidad educativa.”
La respuesta al gobierno y sus protocolos por parte de los propietarios de colegios, respaldados por los padres de familia, ha sido inmediata y contundente: han decidido no volver a clases presenciales este año, prefieren continuar mediante la modalidad de trabajo en casa. El pronunciamiento fue realizado por la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, organización que representa a un importante número de instituciones del país. La decisión está apoyada en una encuesta realizada a los padres de familia que arrojó como resultado que el 89.3 por ciento desea terminar el año en casa y no en la modalidad de alternancia que ordena el Gobierno a partir del 1 de agosto.
Expedir normas, protocolos y recomendaciones no es suficiente para garantizar un regreso seguro de la niñez y la juventud a los colegios públicos y privados. Las normas deben ir a acompañadas de acciones que aseguren la vida e integridad de los estudiantes. Los asuntos pendientes por realizar y materializar, no simplemente legislar o reglamentar, no son de poca monta: adecuar las condiciones sanitarias básicas de los miles de colegios y escuelas (lavamanos, jabón, toallas de secado, tapabocas, como mínimo); adecuar los salones a fin de asegurar el distanciamiento recomendado; reorganizar el trasporte escolar con distanciamiento; garantizar en los colegios públicos las condiciones de conectividad para el trabajo virtual desde la casa (conexión gratuita a internet, acceso a tablas o computadores, asesoría permanente por parte de los educadores). Asuntos, todos ellos, que están por hacer, solo hay unos lineamientos y recomendaciones.
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La resistencia civil de los padres a enviar de regreso a sus hijos a los colegios tiene razones de tipo afectivo y familiar, sustentada en normas constitucionales que amparan derechos fundamentales
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La resistencia civil de los padres de familia a enviar de regreso a sus hijos a los colegios tiene profundas razones de tipo afectivo y familiar, pero también está sustentada en normas constitucionales que amparan y protegen derechos fundamentales: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (…) La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Los problemas que entraña la llamada alternancia no son solo de tipo sanitario y un adecuado distanciamiento en las aulas y en los colegios. De no poca importancia son los asuntos de orden pedagógico aún por resolver. En los tres meses de pandemia, las secretarías de educación, los colegios y especialmente los maestros han realizado todo tipo de loables esfuerzos para garantizar la continuidad de la actividad escolar desde los hogares. En medio de grandes carencias y no pocas dificultades han intentado utilizar medios como el celular, diseñar clase virtuales, aprovechar los programas de televisión educativa que ofrecen el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, elaborar guías de trabajo en el hogar, especialmente para aquellos que carecen de conectividad. La educación en casa llegó para quedarse, es un obligado recurso educativo, pero para que ella sea efectiva se requieren profundas transformaciones en los contenidos de los programas curriculares, en el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza, pero especialmente, no confundir la educación virtual con los remedos de “solucionismo tecnológico” que han predominado en la actual situación de emergencia escolar, comprensibles, pero que es obligado revisar y mejorar sustancialmente en lo que resta del año escolar.
El eventual regreso a clase pone también de presente la tensión entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. No basta que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, decrete y reglamente el regreso a clases. Más importante es que brinde los apoyos financieros y de acompañamiento a los alcaldes y gobernadores, quienes en últimas son los responsables directos de la prestación del servicio educativo. Resulta demasiado cómodo dictar protocolos y normas, mientras los alcaldes deben asumir los costos y la responsabilidad de llevarlos a la práctica. Como lo han indicado los propietarios de colegios privados, “el Gobierno traslada todas las responsabilidades en las entidades territoriales, consejos directivos, propietarios de instituciones y padres de familia. Eso nos genera preocupaciones. ¿Quién responde frente a una eventual contingencia relacionada con el virus? Una demanda civil pondría a los rectores, a los colegios, a pagar ese siniestro porque un abogado podría decir que falló el esquema de bioseguridad".
Antes que establecer fechas para el regreso, lo que se requiere son acciones concretas que inspiren confianza a los padres de familia y aseguren la vida e integridad de los niños y jóvenes. La máxima “vísteme despacio que estoy de prisa” aplica en todo su rigor. Lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo en manos solo del gobierno nacional, o de la improvisación y el riesgo. La opinión y decisión de los padres es definitiva y debe ser atendida. De igual manera los alcaldes y gobernadores.
Con la llamada alternancia podemos terminar en una educación que no es ni “chicha ni limoná”, ni educación presencial ni educación virtual, una suerte de hibrido sin forma, ni contenido educativo, un acto de simulación, cuya consecuencia más lamentable sería profundizar las brechas educativas que hoy caracterizan nuestro sistema educativo, perpetuar lo mismo de siempre: educación pobre para pobres, y los demás que sigan pagando si quieren tener acceso al derecho fundamental de tener una educación de calidad, un derecho que debería ser para todos.
