El COVID-19 ha traído diversos cambios que afectan a las personas, en mayor o menor medida, dependiendo de su situación socioeconómica. Esto pone en evidencia vulnerabilidades latentes de determinados grupos poblacionales como inmigrantes y refugiados que, ya aún antes de la contingencia actual, veían amenazados sus derechos.
Los grandes flujos migratorios de ciudadanos venezolanos hacia Colombia producidos en los últimos años representan un reto enorme para el Estado que, careciendo de una política migratoria concreta, ha encontrado enormes dificultades a la hora de elaborar y ejecutar estrategias de atención y auxilio para quienes atraviesan la frontera. En este contexto, la pandemia que enfrenta el mundo entero, contrario a lo que se podría pensar, provocó un aumento significativo de los flujos migratorios en el mundo que acentuó las fisuras de sistemas ya de por sí deteriorados.
La migración de Venezuela hacia territorio colombiano ha sido, desde sus inicios, una dura travesía que han vivido y aún hoy viven miles de personas que intentan atravesar fronteras, en bus o incluso caminando, en busca de un lugar para asentarse y continuar sus vidas en relativa calma.
Hoy, el trayecto es invertido. Tras las medidas de prevención adoptadas por el actual gobierno para contener el incremento de contagios del virus, la situación de venezolanas y venezolanas se ha visto afectada y tiende a empeorar. A pesar de que muchos han intentado permanecer en el territorio colombiano, con la llegada del COVID-19 han sido despedidos de sus empleos, de carácter informal en su mayoría, y/o desalojados de sus residencias.
Sumado a esto, entre la población colombiana creció el rechazo hacia inmigrantes y refugiados. Consecuentemente, y a falta de garantías que permitieran llevar a cabo la cuarentena, muchos han decidido regresar a su país. No obstante, las medidas de aislamiento obligatorio en las ciudades y carreteras, lo que limita viajes de tipo terrestre, han obligado a muchos a realizar la travesía de miles de kilómetros a pie, pero al llegar a la frontera no les he permitido el paso por las autoridades.
Esto deja sin opciones a miles de ciudadanos venezolanos que, sin vivienda, trabajo, salud o alimentos, ven en el retorno a su país la única posibilidad para sobrevivir. Tal parece ser que hay poca voluntad del Estado colombiano para facilitar las circunstancias de estas personas.
Tristemente, y teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de la coyuntura, esta situación no es nueva. A pesar de la asignación de recursos por parte de entes internacionales y de países como Estados Unidos a Colombia a como contribución para el manejo de la crisis humanitaria que ocasionan las grandes migraciones, el auxilio y asistencia a ciudadanos venezolanos ha sido escaso. La intervención del gobierno colombiano frente a la ola migratoria proveniente de Venezuela se ha limitado a lo que concierne a aspectos burocráticos relacionados con la regularización migratoria, obviando la realidad a la que se enfrenta quien migra al momento de hacer intentar hacer ejercicio de sus derechos fundamentales.
