Se radicó en el Congreso de la República el proyecto Región Administrativa de Planificación Caribe (RAP Caribe), impulsado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, apoyado por el Observatorio del Caribe y parlamentarios de la Costa Atlántica.
El proyecto persigue unificar los ocho departamentos costeños, incluidos San Andrés y Providencia, para interconectarse por vecindad y afinidades culturales, que los caracterizan y diferencian de otros territorios colombianos, con el objetivo de mejor aprovechamiento en las explotaciones de los recursos naturales administrándolos de manera autónoma.
El proyecto se ha discernido de manera privada, en la ciudad de Barranquilla y Cartagena, exponiendo pensamientos y criterios, divulgados por los medios de comunicaciones de los citados distritos, pero no se ha socializado, por lo menos, en las otras capitales, costeñas, de los departamentos del Magdalena, Córdoba, La Guajira, Sucre y San Andrés; cuyos habitantes no tienen ni la menor idea de lo que trata el referenciado proyecto, que deberá estar sujeto a consulta popular para aprobar la inclusión y materialización de los territorios departamentales, como consecuencia a la iniciativa propuesta.
La Costa Atlántica, sin lugar a dudas, es una región, prospera, exótica y muy rica; en variedades naturales, atractiva en paisajes, flora, fauna y biodiversidades.
El turismo, minería, agros, ganadería, artesanías y la generación de energías alternativas (eólica, solar y otras) se constituyen como fuentes económicas, para impulsar industrias, servicios y comercios, suficiente para emprender el desarrollo y progreso globalizado en la región, acondicionando las infraestructuras de transportes: terrestres, aéreos, marítimos, férreos, telecomunicaciones y agua. La Costa Atlántica no tiene presa mala y todas, las localidades tienen sus respectivos cariñitos productivos, que no han sido apreciados, sino abandonados, con la indiferencia de quienes han liderado y representado la política regional.
Región Caribe no debe constituirse en agencia, sucursal o subordinación del centralismo capitalino, de la República Unitaria de Colombia, para que desde Bogotá se coordinen y distribuyan a Barranquilla las asignaciones que aprueben el conpes regional, incluidos y transferidos en el presupuesto nacional, manejado en una autonomía efímera y somera. RAP Caribe debe por lo menos tener una autonomía federalizada, que permita crecer y salir, del estancamiento. De lo contrario, es un salto al vacío. Necesitamos una región autónoma, que nos permita beneficiarnos de todo lo que se produzca: turismo, minería, agricultura, ganadería, transporte, artesanías, servicios, industrias y comercios. Disponemos de explotaciones de carbón, ferroníquel, gas, sal, energía natural, generada con sol y aire, en una superficie de 132.288 kilómetros cuadrados y 658.000 Km2 de extensión marítima, de los cuales el 40% corresponde a la península de la Guajira.
¿Por qué en vez de RAP Caribe no conformamos República del Caribe, segregada y compartida, con la República de Colombia, para de esta forma, disponer de los derechos, que se causen u originen, en la Costa Atlántica, por concepto de impuestos, regalías y participaciones tributarias y parafiscales? ¿De qué sirve que se destinen presupuestalmente a la Región Caribe, a manera de ejemplo 20 billones y el 70%, de las citadas partidas, y los inviertan en los distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta? ¿No serían 15% para las capitales Montería, Valledupar, Sincelejo, Riohacha y Providencia y los 15 restantes en por lo menos 160 municipios, como en realidad viene ocurriendo?
Cada departamento debe recibir derechos proporcionales sobre lo que produce, aportando cuotas prestablecidas para atender las necesidades prioritarias, generales, coparticipativas, programadas en la región; fomentando así la producción, desarrollo y progreso, para que no se concentren los beneficios en una élite privilegiada de distritos, parodiando “la ley del embudo” y la ballena o aplicando el refrán popular del “vivo vive del bobo”.
Los promotores de la RAP Caribe no solo guardaron silencio, sino que también apoyaron el robo y la apropiación de las regalías generadas por las explotaciones de petróleo, gas y ferroníquel. De ese modo, afectaron gravemente los departamentos de la Guajira, César y Córdoba, que hacen parte de la región que busca legalizarse.
República del Caribe implicaría cortar el ombligo y destetarnos del centralismo, radicado en el Distrito Capital de Bogotá. También, permitiría implementar nuestra propia autonomía institucional, con poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Policía, Ejército, Servicios Públicos, Salud, Educación y Medio Ambiente.
Los departamentos y las localidades requieren de impulso y oportunidades, más no de rezago y abandono. No podemos seguir afectados por las políticas de centralización, que limitan el progreso, pasmándonos, supeditándonos a la sumisión y dependencia, sujetada de los ejes direccionales centralistas. Proyectos sin socialización y consentimiento popular, son chocantes. No basta con que el Congreso apruebe la ley para su creación, sino logran la aceptación y respaldo democrático, mediante consultas populares departamentales.
