Las instituciones públicas son la verdadera razón para explicar las terribles condiciones de vida de los habitantes de un país. Quienes dirigen esas instituciones en estos Estados están allí, en la inmensa mayoría de los casos, por sus conexiones. En esa medida, sirven unos intereses particulares, los de sus jefes políticos y/o los de sus allegados.
En el caso colombiano, la institución encargada de vigilar a quienes están siendo investigados o han sido condenados (Inpec) es la principal responsable de que la lucha contra la gran corrupción y el crimen organizado haya fracasado.
Todo sucede por cuenta de la comunicación sin control que en forma “legal” fue contratada en junio de 2007 por el entonces director Eduardo Morales. Ese contrato es el caso de Captura Mafiosa del Estado más dañino para toda la institucionalidad y fue secundado desde la Casa de Nariño para mantener mimetizada la verdadera agenda de la desmovilización paramilitar. Así lo pruebo en el libro Por qué se reciclan la corrupción y el crimen organizado en Colombia.
Este escenario constituye en auténtico paraíso para los miembros del crimen organizado y los articuladores de la gran corrupción y explica la expansión de estos flagelos. Desde allí, no solo pueden dirigir y expandir en tiempo real las actividades criminales de su respectiva organización, sino que pueden manejar los tiempos y los resultados de los procesos en su contra.
Diez años después semejante boquete no se ha clausurado. Existe una lógica macabra que lo explica. Como lo advirtió el poeta mexicano Javier Sicilia después del asesinato de su hijo por el crimen organizado en marzo de 2011, más allá del poder de esos grupos, está la desidia y omisión permanente de funcionarios en las instituciones públicas que se limitan a sacarle provecho a la situación de desorden que por momentos parece caos.
La actitud del director del Inpec en febrero de 2012, general Gustavo A Ricaurte, ilustra lo anterior. En aquel entonces anunció la destitución del director de La Picota ya que a los primo Nule se les habían encontrado celulares y computadores portátiles. En realidad el general Ricaurte sencillamente siguió administrando el caos, aduciendo que el problema eran los celulares, argumento exitosamente vendido por Morales a los Medios desde el 2007 y esbozado por cada director luego de su salida en agosto de 2008, pues se trata de un negocio suculento para tres actores. El perfecto gana gana de contratistas, reclusos y muchos guardianes.
Mientras que los Nule y los funcionarios del Inpec hacen inventario de los 'lujos', nadie le presta atención a la verdadera arma del crimen organizado en las cárceles colombianas: el pequeño teléfono azul empotrado en la pared, operado por tarjetas de cartón que garantizan total anonimato.
