El Área Metropolitana de Barranquilla aprobó el pasado lunes un incremento en las tarifas de transporte público de 100 pesos, accediendo de esta manera a las pretensiones del gremio de los transportadores encabezado por Transmetro S.A. Con el aumento que regirá desde el 1 de enero de 2018, el pasaje en el sistema masivo será de 2100 (lunes a sábado) y 2200 (domingos y festivos) mientras los buses urbanos tendrán una tarifa de 2000 y 2100 respectivamente.
Ante este anuncio el descontento no se hace esperar, dados los cuestionamientos que existen frente a la baja calidad del transporte público, así como la elevada sensación de inseguridad existente entre los usuarios de los buses urbanos de la ciudad. Una parte de esta opinión se refleja en la encuesta de calidad de Transmetro, donde 64,3% de los usuarios califican el servicio entre regular y pésimo. Pese a ello, la decisión del Área Metropolitana apunta a que los barranquilleros tendrán que recibir el año nuevo con el guayabo de un costo de vida más elevado.
Desde la inauguración del sistema de transporte masivo Transmetro (2010) hasta el día de hoy, este servicio ha tenido un aumento del 50% de la tarifa, esto a pesar de las constantes quejas frente a la calidad del mismo, el evidente deterioro de las estaciones de buses y la cada vez más reducida cobertura de líneas alimentadoras. Por esta razón, la discusión sobre la viabilidad financiera y la relación costo/beneficio que trae a la comunidad el servicio siempre ha estado al orden del día en la ciudad, pese al interés de las administraciones de Char por evitar la banca rota de los operadores privados del servicio sacrificando el bolsillo de los barranquilleros.
Lo cierto es que el incremento absorberá cerca del 8% del aumento del salario mínimo propuesto por los empresarios, lo que provocará entre los trabajadores una reducción importante de su poder adquisitivo. Los constantes incrementos (generalmente por encima de la inflación) de las tarifas de servicio público en las principales ciudades del país vienen generando problemas al bolsillo de los colombianos más pobres desde el año 2016, cuando varias ciudades empezaron a impulsar importantes aumentos tarifarios en aras de proteger los empresarios del transporte a costa de desmejorar las condiciones económicas de la mayoría de la población.
