Mas allá de los determinismos semánticos, y de definir, conforme la ortodoxia gramatical de la Real Academia Española de la Lengua, RAE, cual es termino apropiado para denominar la oleada de venezolanos que cada día llegan a Colombia, vía fronteras, está la inmediata y perentoria solución fáctica del problema humanitario que tal desplazamiento genera en el país receptor.
De la razón de su origen, no es preciso discernir más allá de la abrumadora realidad que la catapulta: la grave crisis política, económica y social que, en el último quinquenio, ha gravitado sobre la sociedad venezolana en su conjunto, y cuyo desenlace en lo político corresponde del todo, como problemática interna de índole política que es, resolver unilateralmente a los venezolanos.
Eso sí, procurando por todos los medios, incluido el del sacrificio de principios partidistas y doctrinarios, que cuanto se pacte entre las banderías en conflicto, responsables por igual de la desbandada de sus connacionales, sea el más favorable de los acuerdos posibles para el sacarificado pueblo venezolano.
En tanto la solución a la crisis política sobreviene, de cuanto hay que percatarse y disponerse a enfrentar con las medidas y herramientas que su inminencia y gravedad demandan y con la intervención de terceros, países y organismos multilaterales, es la de la crisis humanitaria y social que ha sobrevenido como consecuencia de una crisis política convertida en juego de intereses, poder y pulso entre facciones de uno y otro bando, y para nada en provecho de una nación que ha sido sacrificada en el ara del egoísmo de unos y otros.
Y es que más acá de un “asunto de fronteras”, la crisis humanitaria provocada por el éxodo de venezolanos hacia nuestro país se convirtió en un problema social y humanitario para Colombia, el cual hay que asumir como tal y tratar como propio, pues de los 600 000 migrantes venezolanos legalizados que han llegado a Colombia en los últimos dos años, un alto porcentaje son colombianos, o hijos de colombianos, compatriotas que en una de tantas de nuestras sucesivas guerras de despojo y desplazamiento se refugiaron en Venezuela para salvarse del exterminio.
Es así, entonces, que el Gobierno, el Estado, tienen el deber constitucional de ampararlos, además del imperativo de la solidaridad, apoyo y protección que impone el Derecho Internacional Humanitario, DIH, a quienes en condición de refugiados padecen oprobiosa exclusión, persecución, miedo y privación de elementales medios de subsistencia y protección.
De no ser por la efectiva y permanente solidaridad
de los gobernadores de la Costa y los alcaldes de sus capitales,
esta crisis ya habría devenido en tragedia
De no ser por la efectiva y permanente solidaridad de los gobernadores de los departamentos de la Costa y de los alcaldes de sus respectivas capitales, que han dispuesto con cargo a sus limitados presupuestos regionales y locales la atención básica en salud, educación y alimentos, de un alto porcentaje de nuestros hermanos venezolanos, buena parte de ellos colombianos o hijos de colombianos, esta crisis ya habría devenido en tragedia, porque lo que es el Gobierno nacional apenas si se ha dado por enterado de su responsabilidad y atención como corresponde.
Mas bien poco, es cuanto ha hecho nuestro Gobierno, a cuya cabeza está un Premio Nobel de Paz, para paliar, cuando menos, la incertidumbre de la sobrevivencia de miles de refugiados venezolanos, pero que son colombianos, compatriotas suyos. Y poco, el tiempo que le queda.
Le tocará a Petro.
Poeta
@CristoGarciaTap
