El gobierno de Gustavo avanza de manera coherente y sistemática en la ejecución de sus compromisos programáticos y políticos, los cuales recibieron el apoyo mayoritario de los colombianos en las contiendas electorales del 2022, en las que se determinó el nuevo jefe de la Casa de Nariño para el período 2022-2026.
Al tiempo, el presidente hace presencia en foros internacionales para sustentar sus compromisos con la transición energética que permita la protección de la Amazonia, la salvaguarda de los recursos ambientales y la construcción de una economía descarbonizada. A la par, le pone la cara a las tragedias derivadas de la ola invernal, la cual destruyó vías y viviendas de los más pobres.
El caso más reciente es el del Cauca, donde la carretera que comunica al departamento con Nariño y el suroccidente del país literalmente colapsó, dejando graves daños económicos, comerciales y sociales. Esto es la suma de todas las tragedias derivadas del mal gobierno de una clase política corrupta y podrida que hoy busca reencaucharse en puestos claves del gobierno a nivel nacional.
La violencia golpea todos los días en los 42 municipios del departamento. La pobreza es una peste. La corrupción de los funcionarios de los entes nacionales, la gobernación y las alcaldías es una verdadera tragedia social para el más de millón y medio de habitantes de esta histórica región colombiana. Las castas políticas locales (liberales, conservadoras, evangélicas, etcétera) se mueven como langostas, despojando los dineros públicos y acumulando fortunas alucinantes.
Todo se lo roban, nada se salva, ni siquiera los dineros de vías terciarias, paz, salud, seguridad, ambiente, educación, alimentación escolar y salarios de los educadores. Por cierto, estos hoy están en huelga porque los funcionarios del Ministerio de Educación desconocen sus derechos en una conducta típica de las administraciones uribistas.
En fin, el paquete de las reformas sociales (salud, laboral, pensional y el plan de desarrollo) se focaliza como prioritario en la agenda legislativa y en la gestión gubernamental en el primer semestre del 2023. De lo que se trata es de liquidar el modelo neoliberal que se impuso en las últimas décadas por la ultraderecha gobernante encabezada por el señor Uribe Vélez mediante la violencia militar y paramilitar y la vulneración permanente de los derechos civiles y políticos.
De lo que se trata es de sentar las bases del posneoliberalismo para impulsar la equidad, la justicia social y la vigencia de los derechos a la salud, al trabajo, a las pensiones y los compromisos sociales del gobierno (plan de desarrollo). Sin embargo, aprobar estas reformas no será cosa fácil.
La ultraderecha ya montó su artillería pesada para chillar y vociferar, especialmente en los medios de comunicación, mentiras y falsas verdades. Busca distorsionar el sentido de la reforma, diezmarla y bloquearla, haciendo que fracase dejando todo como está, tal como pretenden los gremios de las entidades promotoras de salud, los fondos privados de pensiones y las confederaciones de gremios de los pulpos empresariales y bancarios (que parasitan con los dineros públicos y las decisiones de la junta directiva del Banco de la Republica y de las burocracias enraizadas del Ministerio de Hacienda).
En sus redes sociales, el presidente Petro ha hecho una convocatoria a los movimientos sociales para que desde la esfera pública y los espacios democráticos se debatan y se apoyen las reformas formuladas con acciones de masas y con movilizaciones sociales efectivas que expresen la voluntad de poder de las grandes mayorías nacionales.
Hay que impedir que una casta oligárquica privilegiada anule e impida las reformas sociales postuladas, las cuales tienen como propósito central: establecer un nuevo modelo de salud universal y garantista; un respaldo a los derechos de los trabajadores a la estabilidad y la solidez de los ingresos salariales; y un régimen pensional que llegue a 3 millones de ancianos sumidos en el desamparo y el abandono.
El movimiento social colombiano es hoy una subjetividad vigorosa y en auge que tiene ante sí grandes desafíos. En consecuencia, debe recuperar la fuerza y potencia que lo caracterizó en las jornadas de abril y mayo del 2021. Hoy más que nunca, dados los graves hechos de Brasil y Perú y la peligrosa y feroz contraofensiva de la ultraderecha global y nacional, el movimiento social debe recuperar su espacio en la vida pública.
En este caso, hay que blindar las reformas sociales y exigir grandes transformaciones en el Estado que permitan erradicar el clientelismo, la corrupción y las roscas bipartidistas, prácticas que siguen muy enquistadas en áreas claves de la administración pública. No se puede permitir que se obstruya la agenda reformista del gobierno del Pacto Histórico, como es esta que se incluye en el paquete social progresista.
