Los dueños y usufructuarios del poder público de Colombia, la politiquería, el clientelismo y los gremios económicos, desde hace más de 200 años, estructuraron un sistema institucional que les ha garantizado mantener el poder y explotarlo, para su exclusivo beneficio, en contra de los intereses sociales y económicos, de las mayorías nacionales.
Esa es la causa y sinrazón, para oponerse a todo cambio o reforma, que consideren afecta sus exclusivos y antisociales intereses económicos y políticos.
Los resultados socioeconómicos, el desarrollo académico-intelectual, tecnológico, científico, industrial y comercial, durante más de 200 años, de ejercicio del poder político-administrativo e institucional, a nivel municipal, departamental y nacional son desastrosos.
Son el resultado y pruebas de la mediocridad dominante, la injusticia social, la corrupción, la impunidad, la criminalidad y la inmoralidad y el desgobierno, que crecen continuamente, en lo municipal, departamental y nacional.
Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, el caos ético y moral del poder en Colombia, el caos y desgobierno alcanzará niveles de anarquía total.
Bajo esas perspectivas sombrías, los ciudadanos debemos reaccionar, buscar e identificar las causas del desastre nacional y estructurar y apoyar soluciones efectivas.
El análisis crítico e independiente, de la situación general de la nación, deben convencer al lector y al elector, de la necesidad de aprobar reformas urgentes socioeconómicas e institucionales, que garanticen desarrollo integral nacional equitativo.
Esas reformas deben realizarse, partir del próximo cuatrienio, 2026-2030. No hay otra alternativa, frente a la perversa posición de la derecha en el Congreso.
Lo que están experimentando los colombianos, con la posición, actitud y prácticas del Congreso, contra las reformas que ha presentado el gobierno del Sr. Petro, debemos concluir que, para garantizar aprobación de urgentes reformas socioeconómicas e institucionales, se requiere contar con mayoría suficientes, en el congreso.
Es el primer desafío para el elector y activistas políticos progresistas. No hay que botar el voto, votando por los partidos tradicionales y sus secuaces. uribismo, Vargas Lleras y similares de la extrema derecha, en particular en las elecciones de 2026.
La campaña del sector nacional progresista, debe difundir y precisarle a las mayorías colombianas, quiénes son los responsables únicos de la problemática socioeconómica e institucional nacional y en términos concretos, qué reformas socioeconómicas e institucionales se compromete el nuevo gobierno, realizar en el próximo cuatrienio.
El movimiento progresista, en forma muy didáctica, clara y precisa, debe informarle al elector, que si las reformas, que presente al Congreso, el próximo gobierno, no son aprobadas, el próximo gobierno, convocara al constituyente primario, para tramitar su aprobación de las reformas que sean necesarias, a través de los mecanismos constitucionales, previstos en la Constitución de 1991, para ser utilizados por el Constituyente Primario, cada vez que el Congreso, deniegue la aprobación de reformas socioeconómicas e institucionales, legalmente justificables .
El Constituyente Primario, mediante el uso de mecanismos constitucionales vigentes y la acción directa, de Movimientos y Organizaciones Sociales, defensoras de derechos sociales y económicos colectivos, deben estructurar y desarrollar los referendos, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente y con el apoyo efectivo del gobierno presente y sujeción al ordenamiento legal.
Son imprescindibles e inaplazables, entre otras necesarias y urgentes:
1.-Reforma Salarial y Pensional.
En un solo Referendo, entre otros: ordenar que el salario mínimo debe ser equivalente al costo de la Canasta familiar básica mensual y que, el máximo salario mensual y complementarios, de ningún funcionario oficial, puede ser superior a 8 salarios mínimos mensuales. Y la cuantía máxima de una pensión, no debe superar los 6 salarios mínimos.
2.-Reforma al Sistema Nacional de Salud.
Debe revertirle el carácter de mercancía, que le introdujo la Ley 100/93. Debe establecer regulación integral de precios de medicamentos e impulsar la producción nacional de todo tipo de medicamentos. Con base en análisis racional anual de costos, ordenar y establecer relación única e integral de costos, por cada procedimiento diagnóstico y terapéutico y costos de hospitalización y uso de recursos logísticos y al mismo tiempo, ordenar la creación y funcionamiento permanente de auditorías a la calidad del ejercicio laboral de todos los trabajadores de la salud, en cada institución, prestadora de servicios en salud.
3.-Reforma al sistema nacional Académico-Intelectual.
Debe contener disposiciones específicas para el mejoramiento real de la calidad de la formación académico-intelectual, de todos los estudiantes, en todos los niveles de la formación académica, desde el kínder, hasta los posgrados. Debe definir y crear sistemas concretos de verificación de calidad. Debe establecer precisos estímulos económicos a los logros académicos, durante el proceso de formación académica, expresados en recursos que le permitan continuación de su formación académica.
Debe ordenar crear y desarrollar un sistema general de supervisión de los procesos de desarrollo y contenidos de los pénsum académicos, de manera que, en todas las instituciones académicas, públicas o privadas, todos los programas académicos, en todos los niveles, tengan los mismos alcances académicos y todos los estudiantes, dispongan de las mismas oportunidades de formación académicas y de prácticas, en términos de calidad.
4.-Reforma Integral al Sistema Nacional de Contratación Pública.
Es la vena rota del fisco, nacional, departamental y municipal y el instrumento más utilizado por los corruptos, para saquear el fisco nacional. Es absolutamente posible estructurarla, regularla y liberarla de la endemia de la corrupción, la politiquería y la impunidad.
Debe establecer que quien sea declarado judicialmente corrupto, por el resto de su existencia, queda impedido para ejercer como funcionario público o contratar con el estado y de oficio debe ser investigado por enriquecimiento ilícito. Ordenar que quien tenga imputación por delitos contra bienes públicos, no puede contratar con el estado, ni participar en licitación oficial.
5.-Reforma integral al Sistema Judicial.
Es piedra angular contra la, mediocridad, la corrupción y la impunidad, en todas las actividades y ejercicio de funciones en el sector público. Entre otras, debe establecer y ordenar que todo funcionario público que incurra en desacato del ordenamiento legal e incumpla sus funciones laborales, debe ser separado del cargo e inhabilitado indefinidamente, para ejercer cargo público y contratar con el estado.
Para desterrar la mediocridad, la politiquería, el clientelismo y el amiguismo, establecer que el ingreso al ejercicio de funciones en la rama judicial, debe ser siempre por concurso de méritos. Que el ingreso a la magistratura seccional, debe cumplir con experiencia mínima de 20 años de ejercicio de funciones judiciales públicas.
Y para ser elegido magistrado de las Altas Cortes, alcanzar en concurso público, realizado en los últimos cinco años, puntaje habilitante, demostrar, formación de posgrado, ejercicio de funciones judiciales públicas judiciales, mínimo durante 30 años y tener, mínimo, 55 años cumplidos.
