Mientras con el destape de las travesuras de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte queda al desnudo el grado de corrupción al que llegaron las altas cortes, la Fiscalía de antes y actual, y la Procuraduría General durante el período del fariseo de Alejandro Ordóñez. La clase política, implicada o no, en megatorcidos como los de Odebrecht y Reficar, sigue mostrando su cinismo y las ganas de seguir en la misma feria de burlas a la democracia real al pasarse por la faja las recomendaciones que después de un serio y completo estudio hizo la Misión Electoral Especial, nombrada después de firmado uno de los puntos acordados con las Farc en Cuba, para modernizar, limpiar y democratizar con normas claras el podrido sistema político y electoral colombiano.
Así lo desnuda en su reciente columna en la revista Semana, titulada “Gran conejo a la paz y a los cambios políticos”, el exguerrillero del Eln y estudioso de la sociedad colombiana, León Valencia, quien en su claro escrito señala:
Bajo el manto del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se llevó a cabo la infiltración del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper que dio origen al famoso proceso 8000; se gestó el fenómeno de la parapolítica que terminó en la condena y la cárcel para 61 congresistas; se producen elección tras elección el trasteo de votos y el fraude a lo largo y ancho del país; se cocinan escándalos como el de la multinacional Odebrecht y su financiación a las más recientes campañas electorales. Han sido organismos tutelados y amañados por los políticos, han sido espectadores inanes de las irregularidades y la corrupción.
Las negociaciones de paz eran un escenario ideal para hacer el compromiso de cambiar el andamiaje que organiza y vigila las elecciones. Pero no eran el lugar para definir la naturaleza de las transformaciones. Era absolutamente necesario recurrir a la sociedad civil y al Congreso para precisar y tramitar el contenido de las reformas. Por eso la mesa de La Habana se limitó a darle el mandato a una comisión que operaría una vez se firmara el acuerdo final.
La Misión Electoral Especial —en la cual se destacan los nombres de Alejandra Barrios, que ha encabezado en los últimos años la observación electoral en el país desde la sociedad civil, y Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia— en un trabajo juicioso logra diseñar un nuevo sistema electoral con tres pilares: una Registraduría Nacional del Estado Civil transformada en un organismo más técnico, dedicado a servir de soporte logístico y organizador de las elecciones; un nuevo Consejo Electoral como suprema autoridad de la contienda, con autonomía y herramientas para prevenir las irregularidades con origen predominante en los principales organismos de la Rama Judicial; y una Corte Electoral con capacidad para investigar y sancionar a los transgresores de la democracia.
Fueron más allá y se propusieron abrir las puertas para nuevas expresiones sociales y políticas en los jóvenes y las mujeres; limitar la personalización de la política y el clientelismo; institucionalizar y fortalecer a los partidos mediante la lista cerrada y la atribución de responsabilidades a los directores en el otorgamiento de avales; y establecer un régimen más severo de inhabilidades y sanciones.
Entregaron estas propuestas en una reunión a puerta cerrada el 24 de marzo de 2017 en Cartagena, en la que participaron el presidente Santos, los directores de los partidos y todos los organismos implicados en las reformas. La campaña que previamente se había desatado para deslegitimar los cambios por parte del presidente del Consejo Electoral, del registrador nacional, de los magistrados del Consejo de Estado y de algunos líderes políticos se manifestó allí en toda su intensidad. Muy poco de estas reformas les servía, a cada una le encontraban objeción. La reforma política empezó a morir.
Con la presión de la Registraduría Nacional y del Consejo de Estado el gobierno nacional deshecha el 80 por ciento de las propuestas de la Misión Electoral Especial y le presenta al Congreso, para el trámite rápido, un deslucido proyecto de reforma en el que apenas brillan la lista cerrada, la financiación preponderante de las campañas por parte del Estado y las facultades de Policía Judicial para el Consejo Electoral. La reforma política llega a la Cámara de Representantes y con el protagonismo de Cambio Radical y de Rodrigo Lara, quien preside el organismo, en alianza no disimulada con el Centro Democrático en la Comisión Primera, se lanza contra lo que quedó del propósito inicial, y en medio de insultos y gritos le van dando sepultura a una de las mayores ilusiones que había dejado el acuerdo de paz.
Ante este decepcionante panorama presentado por León Valencia, algunos abogados y columnistas como Ramito Bejarano sugieren cambios radicales, pero no los del partido ídem, que comprenden la revocatoria de todos los magistrados, incluyendo los honestos, para cambiar todas las altas cortes, después de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Justicia y sortee exitosamente tantos años de intentos y boicoteos impulsados por las roscas de los corruptos que la manipulan. Su colega Rodrigo Uprimy cree que no es necesario barrer con todo y más vale acudir a las leyes estatutarias para en el Congreso proponer cambios que ajusten a las Cortes y permitan revivir el Comité de aforados para que los magistrados no sean investigados sólo por la famosa Comisión de ‘absoluciones’ de la Cámara de representantes. Otro creen que la Constituyente sería necesaria para reformar de una vez a la Justicia, al sistema político Electoral, a la Salud y Educación, al Ordenamiento Territorial, etc, etc, pero otros no la quieren, porque las Constituyentes se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan y la clase de temas que salen abordando. Todo esto en vísperas para elecciones para Senado, Cámara y la Presidencia de la República.
