Luego de muchos titubeos el gobierno del Centro Democrático ha presentado su tercera reforma tributaria en tres años. Una vez más la edulcora con pomposos nombres y denomina “Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible”, a lo que no es nada distinto que poner a pagar el desbalance de las finanzas públicas a quienes no lo causaron y a quienes nunca se beneficiaron de las políticas que generaron esta grave crisis económica. Igualmente una vez más se invoca la pandemia del covid-19 para justificar lo que es una política compulsiva del neoliberalismo en nuestro país, y para explicar un descalabro económico que estaba anunciado desde hace por lo menos un lustro.
Antes de entrar analizar las nuevas medidas que por enésima ocasión consisten en esquilmar a las clases trabajadoras y pequeños empresarios, mientras se exonera a los grandes capitales es justo que se reconozca el calado del deterioro de las finanzas públicas y las responsabilidades políticas sobre ello. Si el ministro Carrasquilla hace mejor los cálculos macroeconómicos que los del precio de los huevos, el déficit fiscal que se proyecta para 2021 en 8.6% del PIB, más de 94.6 billones de pesos que no se explican por los gastos del Estado colombiano en el marco de la pandemia, sino por una errada política económica que ha persistido durante todos los gobiernos del siglo. La actual crisis fiscal en medio del decrecimiento económico más grande de la historia (-6.7 %) tienen en el covid-19 solo un detonante que exacerba los problemas estructurales de nuestro modelo económico.
Miremos los problemas estructurales, antes de que se le siga echando la culpa de la actual crisis a los migrantes y a las vacunas. Desde la caída de los precios del petróleo en 2015 los altos funcionarios neoliberales del Ministerio de Hacienda que antes le apostaron a la “locomotora minera”, no han encontrado como reemplazar la dependencia de las finanzas públicas de esta materia prima. El dogma neoliberal implantado desde el gobierno de Gaviria hizo que el estado colombiano le entregase al sector privado prósperos renglones productivos y estratégicos sectores de la economía. Lejos de levantarse, se amplían reforma tras reforma las exenciones y deducciones para el gran capital que han tenido gran desarrollo desde los gobiernos de Uribe Vélez. No hay control alguno sobre el flujo de capitales, la repatriación de utilidades y la evasión de grandes firmas y magnates colombianos con cuentas en paraísos fiscales y otros activos en el exterior. Las vacas sagradas del latifundio improductivo siguen lucrándose de la no actualización catastral para poder tributar por debajo de la ley. Mientras tanto el Estado colombiano se ha mantenido al debe, con una deuda pública que hoy roza el 60 % del PIB, muy por encima de ese mismo indicador cuando se precipitó la gran crisis financiera de 1999. Esta desfinanciación estructural del Gobierno Central no se puede saldar con impuestos al agua de la llave y a las honras fúnebres.
No hay reforma tributaria que pueda sostener en el mediano plazo los dos pesados e inamovibles rubros de deuda y guerra
Es inmoral por decir menos, que la ciudadanía de a pie termine pagando para mantener el gran desangre del erario. No solo el desfalco ilegal por la campante corrupción y el clientelismo en año preelectoral, sino por la otra obsesión neoliberal, su política de gasto que se mantiene inmutable. No hay reforma tributaria que pueda sostener en el mediano plazo los dos pesados e inamovibles rubros de deuda y guerra. En 2021 se le pagaron 70,5 billones a la banca y despilfarraremos 39,1 billones en presupuesto de defensa, correspondiendo a más de un tercio del total del presupuesto general de la nación. ¿Para cuántos huevos les alcanzará a los ministros Molano y Carrasquilla con estos ingentes recursos? Se requiere un cambio de modelo económico y de modelo político, que ponga la vida y el gasto social por delante de los intereses de estos dos poderosos lobbys del capital financiero y del complejo militar económico nacional e internacional. Hay que apearse de las aventuras guerreristas y salirnos de la Otán. Es el momento de frenar el endeudamiento, revisar la regla fiscal constitucionalizada por Santos y realizar una auditoría sobre la deuda pública que evalúe una moratoria parcial o total.
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Es el momento de frenar el endeudamiento, revisar la regla fiscal constitucionalizada por Santos y realizar una auditoría sobre la deuda pública que evalúe una moratoria parcial o total.
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Ante estas cifras de los grandes beneficiados del presupuesto general de la nación – y por tanto de todas las reformas tributarias de este siglo- palidecen las mentirillas piadosas de Carrasquilla de que los programas neoliberales focalizados de “asignación monetaria”, para las familias en pobreza y pobreza extrema son los que requieren de la reforma tributaria. Su cuantía dentro de las finanzas públicas es tan insignificante como su efecto para salir de la miseria o cerrar la brecha de desigualdad. Por ridículo que parezca con la excusa de entregar asignaciones de entre 80.000 a 360.000 pesos por familia en situación de vulnerabilidad, se le va a subir el precio a la canasta familiar y aumentar la tributación a quienes tengan ingresos en algo superiores al salario mínimo, en un detrimento real para estas y todas las familias colombianas. Detrás de esta propuesta solo está la reticencia gubernamental al extendido clamor por la renta básica para continuar con el manejo politiquero y clientelar ya experimentado con Familias en Acción y otros programas similares.
En medio de esta creciente crisis económica las medidas del gobierno Duque son otra vez las mismas: golpear el consumo, afectar a la producción y mantener intocables a sus grandes mentores: IVA a los servicios públicos para estratos 4,5 y 6, sin tener en cuenta el creciente desempleo y quiebra en las clases medias; IVA al servicio de internet desde estrato 3, justo cuando la virtualización del trabajo y la educación lo han convertido en un rubro esencial de todos los hogares; IVA a los servicios funerarios en plena pandemia y con cifras de 400 muertos al día; IVA a la gasolina y al ACPM con el consecuente traslado de costos hacia el transporte público y de mercancías; autorización a alcaldías para instalar peajes urbanos dentro de las ciudades y pago de peaje a motos; declaración de renta para quienes ganen $2,4 millones desde el año entrante, y desde $1,6 millones en 2023; eliminación de la categoría de productos exentos y su inclusión dentro de los productos “excluidos” lo que implica que los productores cargaran el IVA de los insumos y demás previos en el precio final al consumidor; y así más y más medidas donde la ciudadanía entra a pagar lo que no se ha gastado y no se va a gastar.
Como es de esperarse, el gobierno detrás de tecnicismos hace una apuesta por pegarle un gran raponazo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras del país, pero también permitirá que en el trámite legislativo varios de sus parlamentarios hagan de “policía bueno” y presenten como gran logro la eliminación de algunas de las más impresentables y bochornosas medidas de la reforma tributaria. No hay que comer cuento, hay que tumbar la reforma tributaria en su integridad y obligar al actual gobierno -y al que venga- a replantear de fondo la política económica. Bienvenidas las iniciativas de movilización en contra de la reforma y de veeduría ciudadana hacia el Congreso. Que el pueblo desenmascare a los que quieren que paguemos por el desastre que otros han producido. Ni un voto para ellos ni ellas.
