La propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado un intenso debate en Colombia. Desde su anuncio, ha sido presentada como una herramienta clave para enfrentar la desigualdad, aumentar la recaudación fiscal y fortalecer el Estado. Sin embargo, la reforma también plantea serias interrogantes sobre su impacto en la economía, en el déficit fiscal y en la estabilidad del país a largo plazo. ¿Es esta reforma realmente el cambio que necesita Colombia, o estamos frente a una amenaza para su desarrollo económico?
Los principales actores involucrados en esta reforma son diversos sectores de la sociedad: empresarios, clase media y sectores populares. La reforma apunta a que quienes más ganan, más paguen, con la promesa de una mayor justicia social. En teoría, los grandes conglomerados empresariales y las personas de altos ingresos serán los más afectados por el incremento de los impuestos directos. Según el Ministerio de Hacienda, se espera que la reforma recaude alrededor de 25 billones de pesos adicionales, lo que permitiría financiar programas sociales clave como la educación, la salud y la asistencia a las poblaciones más vulnerables.
No obstante, los gremios empresariales, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), han expresado su preocupación por los efectos de este aumento tributario. Argumentan que, si bien se necesita una reforma, un incremento sustancial en los impuestos a las empresas podría frenar la inversión, reducir la competitividad y, a largo plazo, afectar el empleo. Un estudio de Fedesarrollo sugiere que el impacto de esta reforma podría reducir el crecimiento económico en aproximadamente un 0,5 % del PIB, lo que pondría en riesgo la recuperación post-pandemia.
La clase media también se ve implicada en esta reforma, no solo por los impuestos directos, sino por los efectos de la inflación y los ajustes indirectos en los precios. Aunque el gobierno ha asegurado que los productos de primera necesidad no se verán afectados por el IVA, es difícil prever cómo la economía manejará el aumento de la carga fiscal sin que haya un traspaso de costos a los consumidores.
El déficit fiscal de Colombia es uno de los problemas estructurales más graves que enfrenta el país. Según el Banco de la República, el déficit se situará en torno al 4,7 % del PIB al final de 2024. Uno de los principales argumentos a favor de la reforma tributaria es que esta permitiría reducir el déficit a través de un aumento significativo en la recaudación. Sin embargo, el desafío radica en cómo se distribuirán estos recursos y si serán suficientes para contener la creciente deuda pública.
La promesa de la reforma es cerrar brechas, pero sin una política clara de reducción del gasto público, el incremento de ingresos podría ser insuficiente. Es preocupante que se hable poco de austeridad y más de expansión del gasto en un contexto de deuda alta. Según la Contraloría General de la República, la deuda pública colombiana ha superado el 60 % del PIB, lo que deja a la economía en una situación de vulnerabilidad ante posibles choques externos o desaceleraciones globales.
¿Es viable que el gobierno de Petro implemente una reforma que genere suficientes ingresos para financiar sus ambiciosos programas sociales y, al mismo tiempo, reduzca el déficit fiscal? La experiencia de otros países muestra que las reformas tributarias mal ejecutadas pueden, de hecho, profundizar los problemas fiscales, en lugar de solucionarlos.
Las amenazas que plantea esta reforma no son únicamente económicas, sino también sociales. Si el crecimiento se desacelera como consecuencia de la caída en la inversión y el empleo, el malestar social podría aumentar, haciendo más difícil el camino hacia la paz y la estabilidad que tanto se promueve. El descontento ya es palpable en ciertos sectores de la sociedad, que ven la reforma como una amenaza directa a su bienestar económico.
Otro riesgo es la posible deslocalización de empresas y la fuga de capitales. Los empresarios han advertido que, ante un entorno fiscal más hostil, algunas compañías podrían optar por trasladar sus operaciones a países con marcos tributarios más favorables. En un mundo globalizado, donde las inversiones fluyen con facilidad hacia lugares más atractivos, Colombia no puede permitirse perder su competitividad.
En términos de sostenibilidad fiscal, la mayor preocupación es si el gasto público aumentará en línea con los nuevos ingresos. La historia de Colombia muestra que los gobiernos han tendido a sobreprometer y subentregar cuando se trata de reformas tributarias. ¿Será esta reforma la excepción?
A pesar de que el gobierno de Petro ha sido claro en la necesidad de una reforma, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo afectará a largo plazo a la inversión en el país? ¿Logrará reducir el déficit fiscal sin poner en peligro el crecimiento económico? ¿Serán suficientes las medidas para garantizar que el sistema tributario sea justo sin sacrificar la competitividad?
Otra cuestión fundamental es: ¿están las instituciones del Estado preparadas para administrar de manera eficiente los recursos adicionales que se recaudarán? La corrupción y la ineficiencia en la gestión pública han sido históricamente un problema en Colombia, y no hay garantías de que este panorama cambiará con la nueva reforma.
La reforma tributaria de Gustavo Petro busca resolver problemas históricos de desigualdad y déficit fiscal, pero plantea más preguntas que respuestas sobre su viabilidad económica y su impacto a largo plazo. La amenaza de una desaceleración económica, el riesgo de desincentivar la inversión y la posibilidad de aumentar la deuda pública son preocupaciones legítimas que deben ser atendidas.
Finalmente, el reto está en equilibrar la justicia social con el crecimiento económico. ¿Podrá esta reforma cumplir con sus objetivos sin generar una mayor crisis fiscal y social? ¿Estamos apostando por un modelo que nos llevará a un mejor futuro o hacia un abismo económico? Solo el tiempo y la ejecución efectiva de la política nos darán la respuesta.
