Un Estado de derecho es, por definición, un Estado en el que las leyes se hacen en función del interés general, y cuenta con un sistema judicial funcional que garantiza su aplicación imparcial. Ninguna de esas condiciones se cumple en Colombia. Las leyes no buscan el beneficio general, sino el de los dueños del país. El expediente es el mismo: el gobierno redacta los proyectos de ley, que implementan sus políticas públicas (laboral, crediticia, de subsidios, de infraestructura) que le imponen los gremios. Y el Congreso, o más exactamente, lo que aquí llaman eufemísticamente "la coalición de gobierno" (engrasada con presupuesto y cargos) se las aprueba sin reparos. Eso se ve especialmente en las leyes tributarias, con un costo enorme para el resto los colombianos, como lo señala claramente Cristina de la Torre:
En este capitalismo de compinches, derivan los empresarios todas las ventajas y gabelas del poder público, las tributarias en particular. En 2020, el sector financiero pagó 1,9 % de impuestos sobre $121 billones de utilidades; las petroleras, 7 % sobre $92 billones y las mineras, 6 %, cuando por ley debieron pagar el 33 %. Por estos tres sectores, dejó el fisco de recibir $80 billones. Declara Hacienda que dará “tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”, mientras prepara generalización del IVA; una puñalada al ya mísero ingreso de los pobres y vulnerables que suman 71,2 % de la población. Logros del gran poder empresarial en el Ejecutivo que, gracias a una ley de Duque, se extenderá ahora al legislativo: la norma exime a los congresistas de impedimentos para votar leyes en favor de las empresas que financian sus campañas electorales. Se redondea, pues, la captura corporativa del Estado[1].
Ahora, con un déficit fiscal galopante, cercano a los 90 billones (!!!), y un gasto público desbordado (buena parte por el incremento exponencial de la deuda pública) este gobierno uribista, en cabeza nuevamente de Alberto Carrasquilla (exempleado del Grupo Aval y ministro de lo mismo en el primer mandato del presidente eterno) propone una (otra) reforma tributaria (la tercera de este gobierno que se declaraba en el anterior, enemigo de gravar a las clases trabajadoras). ¿Y en qué consiste su propuesta? ¿Acaso en reducir esos beneficios que darían para cubrir casi por completo el déficit fiscal, simplemente haciendo que esos cuatro sectores tributen a la tarifa del 33% sobre sus utilidades? No. Este gobierno propone (o dice proponer "el solito"), en uno de los países más inequitativos del mundo, más de lo mismo: gravar toda lo que falta de la canasta familiar, en medio de una pobreza e indigencia que supera el 70%, y en el que la informalidad y el rebusque campean (y con ellos la delincuencia del desespero). ¿Qué más propone? Un viejo anhelo: gravar lo que llama "mega pensiones", a partir de tres salarios mínimos (menos de USD$800), con unas tarifas de impuesto de renta muy poco progresivas que comienzan en el 19% y llegan rápidamente al rango del 39% (a la que habría que sumarle el 12% de aporte obligatorio a salud). Así, los "megapensionados" que reciban una pensión de $2.700.000, tendrían que pagar un 31%, mientras que los gravados al 39%, tendrían que entregarle al gobierno la mitad de su pensión.
En cuanto, al gasto público, su audaz propuesta comienza con reducir las horas extras de los funcionarios públicos del nivel asistencial. Nada de bajarle a los gastos de publicidad, ni a los programas de televisión que no ve nadie, ni a los paseos en avión privado o en cuatrimoto. Ni mucho menos reducir el endeudamiento para gastar a manos llenas, ni los costosísimos beneficios fiscales, que técnicamente y por su impacto en los ingresos, se denominan precisamente gasto fiscal. En síntesis: propone el gobierno apagar el fuego con gasolina.
Como funcionarios de carrera de la Contraloría General de la República, esperamos que esta juegue un papel importante, como en otros tiempos, frente a este proyecto de reforma, con un punto de vista técnico y objetivo sobre el impacto que tendría una propuesta como la que prepara y ha anunciado el gobierno, en la economía y bienestar de los colombianos. Más aún, en la actual coyuntura. Y también en el próximo Informe sobre la Situación de las Finanzas del Estado. Para advertirle que ninguna reforma será estructural, y por tanto, con vocación de impactar positivamente en la reducción del déficit fiscal, si no se ataca justamente esa estructura regresiva (basada mayormente en tributación indirecta, porque no se tiene en cuenta la capacidad de pago de los sujetos pasivos). Y también para hacerle ver a este gobierno autista, al Congreso, y a la Ciudadanía, que existen alternativas, como la reducción de los mencionados beneficios.
Eso en lo económico. En cuanto a la justicia, la situación es peor, como lo hemos visto en los últimos días, con decisiones absolutamente injustificadas, que llevan un claro mensaje de impunidad al más alto nivel. Con entidades de control y altas cortes politizadas o tomadas por corruptos. Y frente a la cual, nos parece muy descriptiva de un sentimiento compartido por muchos compatriotas, la columna de Aura Lucía Mera de El Espectador que describe la situación con dos palabras: “Que asco”[2]. Con tristeza y con dolor. Como el que sentimos muchos, ante la evidencia de este nuevo colapso institucional, en el que acaparan todos los poderes públicos para seguir haciendo impunemente lo mismo, con los mismos, y para los mismos. Como se ha hecho desde hace veinte años. Por eso las organizaciones sociales, tenemos el compromiso histórico de revelar las verdaderas causas de esta debacle económica y social, ante la cooptación de los medios masivo de (des) información. Y claro, a partir del conocimiento de esta cruda realidad, y de sus responsables, apoyar las protestas que se vienen, comenzando por el Gran Paro Nacional convocado por centrales obreras y asociaciones civiles para este mes de abril.
Nosotros, como funcionarios de carrera de la Contraloría General de la República, que es la entidad de fiscalización superior, con la que cuenta el país, y cuyo papel principal, como el de todas las demás EFS en el mundo, es medir y evaluar el impacto de las políticas públicas, previa verificación de la razonabilidad de las cuentas públicas de ingresos, gastos y deuda (o control macro), a partir de lo verificado en las auditorias (o control micro), que es finalmente en donde se puede detectar si una política pública falló (o acertó) en su diseño, o en su ejecución; pero sobre todo, como ciudadanos, llamados a padecer sus efectos, continuaremos exigiendo que se cumpla a cabalidad con este mandato constitucional, clave para el desarrollo del país, y de su incipiente y cada vez más amenazada democracia: conceptuar sobre los proyectos de ley que puedan impactar las finanzas del Estado y sobre el impacto de los ya aprobados, para que el gobierno y el Congreso, las corrijan o mantengan, y la ciudadanía evalúe a quienes los promueven y ejecutan. Y así, finalmente, los premien, o castiguen con su voto, que es el mecanismo previsto en las democracias funcionales para legitimar a sus representantes y gobierno. Lo demás, es letra y prosa.
[1] Cristina de la Torre, El Espectador, Combos: los de arriba y los de abajo, 1 de marzo de 2021.
[2] Aura Lucía Mera, El Espectador, Qué asco, 8 de marzo de 2021.
* Abogado Universidad Nacional, doctor en Derecho U. De Salamanca, asesor de la Contraloría General, presidente del Colegio Nacional de Auditores de la Contraloría General de la República.
