Finalmente se revela el texto de este, el tercer proyecto de reforma tributaria del gobierno que proclamaba en campaña "más salarios, menos impuestos", pero que ahora se viene nuevamente con una verdadera pandemia de impuestos que, sin ninguna duda, empeorará aún más la situación de pobreza y miseria que padece la mayoría. Un proyecto que ante todo expone su ineptitud (las dos anteriores le quedaron mal), y su tendencia a maquillar la realidad y sus intenciones con eufemismos, y a manipular a la masa ignorante mediante el recurso del miedo: se acaba la caja.
Comenzando por su denominación, que parece escrita por el mismísimo presidente eterno, y resulta ser todo lo contrario a lo que en su contenido se propone: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”.
Pues no. No se puede consolidar una "infraestructura de equidad (sic)", que sea además fiscalmente sostenible, y que adicionalmente sirva para erradicar la pobreza, cuando lo que se propone es todo lo contrario: por el lado del ingreso (renta) aumentar la tributación directa, pero exclusivamente en cabeza de quienes trabajan (o trabajaron) formalmente en este país de informales; que son precisamente quienes jalonan la demanda interna de bienes y servicios y que, como consecuencia, verán reducido su ingreso disponible, como se le denomina tributariamente. Y simultáneamente, restringir aún más esa demanda, al gravar los bienes y servicios de la canasta básica que todavía quedan sin gravar (incluyendo los costosísimos servicios públicos), pero manteniendo congelados sus salarios por cinco años, porque esto necesariamente se traducirá en un estrangulamiento general de la economía, justamente en tiempos de recesión. Lo que a su vez y sin duda impactará negativamente el recaudo de mediano y largo plazo de esos impuestos. Esto no solamente es torpe, indolente e inoportuno; es simplemente suicida desde el punto de vista fiscal.
Con otro agravante. Según el gobierno, buena parte del nuevo recaudo esperado sería destinado no a una mejoría de los salarios bajos y medios del personal de las instituciones públicas de salud, ni de los profesores, ni de los demás funcionarios de niveles bajos o medios (el corazón grande de este gobierno solamente alcanzó para alzas desproporcionadas de los salarios de los congresistas, y de jueces, magistrados, procuradores y fiscales, en plena pandemia) que son los llamados a dinamizar la demanda interna y por tanto el empleo nacional (en últimas, a activar la economía interna); sino a la compra de aviones de guerra, que se llevaría más de la mitad de ese nuevo recaudo (el corazón grande alcanza para los empleados de esas empresas extranjeras que ganan en dólares).
Para los trabajadores nacionales, en cambio, este proyecto hiperagresivo, comienza con una reducción del mínimo exento (la porción del salario que cubre los gastos básicos del trabajador: alimentación, vivienda, vestuario, servicios públicos, educación, salud, etcétera, como está previsto en todos los países, y que por eso no se considera un "beneficio"), que pasaría del 40%, al 25% del ingreso salarial. Con lo cual de entrada sus niveles de tributación se dispararán significativamente, reduciendo su ingreso disponible y capacidad de demanda, como se indicó antes.
Paralelamente se plantea una reducción radical de los montos a partir de los cuales se tributa y un aumento también radical de las tarifas. Así por ejemplo, para 2023 quedarían gravados con una tarifa del 10% quienes tengan una renta líquida de $1.694.000 mensuales (aproximadamente USD 420, que a este gobierno del corazón grande le parecen sinónimo de opulencia, del 20% a los "potentados" de $2.723.000 mensuales (USD 700), y del 37% a los "jeques" de $4.200.000 mensuales. Monto a los que habría que sumarles las contribuciones obligatorias a salud y pensiones (4% y 4% respectivamente, si se es empleado, o 12,5% y 16%, respectivamente, si se es independiente). De esta manera, un trabajador independiente que esté gravado en renta con una tarifa del 37%, o a la tarifa máxima que es del 41%, tendría que tributar otro 28.5% para salud y pensión sobre su base.
En cuanto a los pensionados que en el proyecto se equiparan a trabajadores activos, quedarían gravados con las mismas tarifas, a partir de $4.800.000 de renta líquida, con una tarifa “de entrada” del 37% (cero progresividad), previo el descuento del 12% sobre el monto total de la pensión, como aporte para salud.
Del otro extremo de la ecuación, el de los grandes capitales, nada se plantea por parte del gobierno. Ni gravar a quienes más se han lucrado en medio de la pandemia, como lo recomienda Antonio Guterres, cabeza de la ONU, ni reducir, aunque sea en forma parcial los costosos beneficios concedidos por ese corazón grande con ellos en la dos reformas anteriores, cuyo costo se estima en diez billones anuales, ni mucho menos, los ochenta billones que dejan de tributar únicamente tres sectores: financiero, petrolero, minero. Que serían más que suficientes para cubrir el déficit, y que por eso sí se constituiría en una reforma estructural: mejoraría de la equidad del sistema con un incremento sostenido del recaudo.
De manera que no. Este tercer proyecto, muy similar a sus dos predecesores en su concepción y "filosofía", en vez de consolidar, como dice que se propone, "una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza", también traerá más pobreza, más inequidad, y menos recaudo y sostenibilidad fiscal. No es opinión. Los hechos (resultados) lo gritan: según el último informe del Indice de Desarrollo Humano por países del PNUD, entre 2019 y 2021 (en apenas dos años de vigencia de las dos reformas de este mismo gobierno, la una de "financiamiento", y la otra "de crecimiento"), el país retrocedió cuatro casillas (!!!), al caer del puesto 79, al 83. Aún peor: en el mismo lapso, el PIB cayó un 6.8%. O sea, no crecimos, como sí lo hizo en cambio el déficit fiscal que se duplicó durante ese mismo período, al pasar del 4.7% del PIB en 2019, a 9.8% en 2020, en parte por el desplome del recaudo en un monto de $9.8 billones. Y por supuesto, el nivel de pobreza, que aumentó en 5.1 en 2020.
No obstante, el gobierno persiste en la misma fórmula perdedora (corazón grande, cabeza chiquita). Y es de esperar, que la apoye también y sin chistar el Congreso, o más precisamente, lo que aquí llaman púdicamente "la coalición de gobierno" (otros, menos poéticamente, los llaman "enmermelados", que lo son con puestos y presupuestos). Por eso, como funcionarios de carrera de la Contraloría General de la República, que como todas las EFS de los países desarrollados (incluyendo los de la OCDE a la que muy anticipadamente ingresó el país) tienen como función principal la evaluación de las políticas públicas (a partir de las auditorías), dentro de las cuales la tributaria es quizás la más importante (no solo por sus efectos fiscales, sino también sociales, de corto y mediano plazo), aspiramos a, y exigimos que, se cumpla con esta obligación constitucional. Que se evalúe su impacto esperado, a partir de las cuentas y estadísticas fiscales, para que le sirva al mismo gobierno, al Congreso, y a la ciudadanía, como referente para su discusión objetiva. Y, como lo esperamos, en este caso, para su rechazo.
Por nuestra parte, nos corresponde a las organizaciones sociales, en especial, las de trabajadores, pero principalmente a todos como ciudadanos, informarnos y expresar nuestro repudio contra este nuevo atropello de este gobierno, en los medios no oficialistas y en las calles. Por inoportuna, por injusta, por regresiva, pero sobre todo por ser fiscalmente y socialmente suicida contra el país y contra el propio gobierno.
* Abogado UN, doctor en derecho U Salamanca, asesor de carrera y presidente del Colegio Nacional de Auditores de la Contraloría General de la República.
