Aunque la decisión de poner fin a un conflicto armado de 50 años, retirar las armas de la política, reparar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido en estos años de violencia debería ser motivo de consenso y jubilo nacional, en Colombia, parece ser insuficiente para creer en la posibilidad de la paz. De esta forma, muchos colombianos, sienten que el Acuerdo de paz pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana, es ajeno a sus intereses, a los de sus familias y comunidades; e incluso algunos, haciendo caso a las vociferaciones provenientes de los sectores más atrasados de esta sociedad, consideran que el acuerdo podría representar una amenaza para ellos y los suyos.
La apatía y pesimismo frente al acuerdo alcanzado se comprende, si se tiene en cuenta que la paz depende de la justicia social, y que Colombia, por otro lado, es un país signado por la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, es precisamente en este contexto de injusticia e inequidad que el Acuerdo de La Habana constituye un insumo para que el país transite por un sendero diferente; pues, de materializarse lo pactado, se abre la posibilidad de fortalecer la democracia, y de resarcir los derechos de las comunidades rurales, principales víctimas de la violencia, exclusión y pobreza en nuestra sociedad.
Por ejemplo en Boyacá, donde casi la mitad de la población (43,7%) vive en el área rural, donde la pequeña economía campesina domina (85,2% de las Unidades de producción agropecuarias (UPAS) corresponden a predios menores de 5 hectáreas) y un elevado número de los predios rurales (entre un 40-47%) no cuentan con título de propiedad; donde la falta de recursos, bienes y servicios públicos han hecho improductiva a la pequeña economía campesina, y enfrentando a la gran mayoría de los habitantes rurales a difíciles condiciones de vida y de trabajo. El punto 1, Reforma Rural Integral (RRI), del Acuerdo de Paz (dirigido a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, fortalecer la economía campesina, erradicar la pobreza en el campo, y satisfacer las necesidades de las comunidades rurales), se hace particularmente necesario.
¿Cómo se materializa la RRI?
La RRI que aplica a todas las zonas rurales del país —es universal— y prioriza los territorios más golpeados por el conflicto, la pobreza y el abandono, contempla la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para que los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a la propiedad; y la formalización gratuita de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. Todo en un periodo de 12 años.
En el decreto 902 de 2017 se han desarrollado normativamente las medidas tendientes a garantizar la formalización y acceso a la tierra. El decreto define,entre otros, los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de acceso y formalización de tierras a título gratuito, parcialmente gratuito u oneroso; los recursos y bienes con que contara el fondo de tierras y sus fuentes; los criterios generales que deben cumplir los proyectos productivos sostenibles que acompañaran las políticas de acceso y formalización; crea el registro de usuarios del territorio (RESO), encargado de identificar a los beneficiarios del fondo y de garantizar la progresividad del mismo; ordena un procedimiento único para tratar los aspectos asociados a la asignación y reconocimiento de derechos de propiedad, la formalización de predios, resolución de controversias, la clarificación de la propiedad, el deslinde y recuperación de baldíos.
Igualmente, en el Acuerdo final (numeral 1.3) se plantea el desarrollo de “Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”, dirigidos no solo a mejorar los ingresos de las familias rurales, sino también a garantizar su acceso a bienes y servicios públicos. Esto, en el entendido que el acceso y la formalización de la propiedad no sirven de nada si no se asegura la productividad y el buen vivir de los campesinos y medianos propietarios (acceso integral).
Por esta razón, el estado colombiano se compromete a diseñar e implementar, con la participación activa de las comunidades, planes nacionales de: vías terciarias; riego y drenaje (97,3% de los hogares rurales en Boyacá no cuentan con alcantarillado); electrificación y conectividad rural; salud y educación rural (72,2 % de los jóvenes boyacenses que viven en el campo no asisten a una institución educativa); de vivienda y agua potable; de fomento a la economía solidaria y cooperativa; de subsidio y crédito (capital semilla, seguros de cosecha, y líneas de crédito blandas); de asistencia técnica, tecnológica y de investigación (solo 4,3% y 7,1% de la UPAS en Boyacá acceden a asistencia técnica y crédito respectivamente); de promoción a la comercialización de la producción (asociaciones solidarias, centros de acopio, y compras públicas para minimizar la intermediación y reducir el precio final de los alimentos); así como otros dirigidos a garantizar el derecho a la alimentación, y a la formalización laboral y protección social del trabajador rural.
El Acuerdo de Paz también plantea un plan de zonificación ambiental (numeral 1.1.10) para delimitar la frontera agrícola, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial (zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, paramos y humedales) con el objetivo de proteger la biodiversidad y garantizar a la población el derecho al agua. Avance importante para Colombia, que, por ejemplo, posee el 49% de los ecosistemas de páramo del mundo, de los cuales el 19% se ubica en Boyacá.
De esta forma, la Reforma Rural Integral pactada en la Habana representa una oportunidad histórica para los boyacenses y colombianos, en cuanto contiene lineamientos fundamentales para preservar el medio ambiente, hacer más productiva la producción agropecuaria, y mejorar las condiciones de existencia de quienes viven en el campo.
Del escepticismo a la defensa del acuerdo y la lucha social
Comprendemos que pese a las explicaciones anteriores, muchos podrían permanecer escépticos frente al acuerdo, creer que “de eso tan bueno no dan tanto”. Y quizá debemos cederles la razón.
Todo el mundo conoce la incompetencia, el fraude y la mala fe con que obra el estado colombiano a la hora de cumplir los compromisos pactados. Lo han aprendido bien, los campesinos, los camioneros, los maestros y las propias FARC. Estas últimas han visto como, mientras se disponen a dejar las armas, el gobierno es incapaz de dar celeridad a la aplicación de la amnistía y el indulto, y ha hecho gala de toda su incompetencia en la construcción de las zonas veredales.
Pero, la mediocridad e intento de perfidia estatal no pueden llamar al derrotismo, ni a los guerrilleros en proceso de reincorporación, ni a los partidos políticos y movimientos sociales históricamente excluidos, ni mucho menos a las comunidades rurales y jóvenes que aspiramos a la construcción de una Colombia democrática y en paz. Somos conscientes de que no va a ser fácil, entendemos que el camino para hacer cumplir cabalmente lo pactado (siguiendo el ejemplo reciente de los habitantes del puerto de Buenaventura y del departamento del Chocó, así como de los profesores), es la lucha, la movilización social y la unidad.
Es por esto, que los boyacenses, y en general los colombianos, no podemos asumir ni repetir las falaces consignas del gobierno, y, mucho menos, las de los sectores que se oponen al acuerdo de paz. El primero: “que no hay plata”, “que hacemos lo que podemos”, “que adiós a las FARC”. Los segundos: “que las armas”, “que el castrochavismo”, “que hagamos trizas el acuerdo”. No caigamos en su juego. La intriga y la mentira dejémosela a ellos.
Después de todo, que políticos corruptos, latifundistas, y grupos paramilitares, pretendan incumplir los compromisos pactados, o se opongan abiertamente a la posibilidad de transformar el campo colombiano, propiciar una apertura democrática, y construir una Colombia soberana y en paz, se explica, porque esa es su misión y su oficio. Pero en campesinos, trabajadores (públicos, privados, informales) y estudiantes, semejante cosa, es inadmisible.
Fuentes:
- Ministerio de agricultura, Dane. (2016). “Tercer Censo Nacional Agropecuario”.
- FARC-EP; GOBIERNO NACIONAL. (24 de Noviembre de 2016). Mesa de conversaciones de la Habana. “Acuerdo Final para la Construcción de una paz estable y duradera”.
