Con la presentación del informe elaborado por la Misión Electoral Especial (MEE) como insumo para la radicación de los proyectos de reforma política y electoral se terminan todas las especulaciones sobre el futuro del sistema político colombiano. Sin embargo, el informe tiene a todos los partidos y dirigente políticos divididos. No hay un consenso generalizado sobre las reformas y todo parece indicar que se hundirán así sean tramitadas por Fast Track. Sí, porque el Fast Track no es inmune al capricho de los congresistas para desbaratar el quórum, a las audiencias públicas que dilatan los debates, a las exigencias burocráticas y al ocaso de una Unidad Nacional que ya tiene más pinta de carreta vieja que de aplanadora.
Aspectos que no favorecen la expedición de sendas reformas realmente estructurales. De esto no cabe la menor duda porque los alcances de las reformas son grandísimos: modifican la formación de los partidos, la financiación, las circunscripciones para la elección a Cámara, establecen un régimen de transición, un sistema partidista de afiliación e instaura la figura de la lista cerrada. Transformaciones tan profundas que de materializarse seguramente van a cambiar la forma como se hace la política en Colombia. Por eso todos los políticos andan con los pelos de punta.
Aunque en el punto 2 del Acuerdo sí se acordó la creación de una Misión Electoral Especial, sus sugerencias no tienen un carácter estrictamente vinculante con la implementación del Acuerdo en el componente de Participación política. A diferencia del punto que reglamenta la constitución como partido y les ofrece garantías excepcionales de participación a las Farc en un periodo de transición de diez años. Por el contrario, la reforma política y electoral busca modernizar el sistema político colombiano ampliando los espacios de decisión y facilitando la conformación de nuevos movimientos en clave de apertura democrática.
Las Farc no entrarían en esta dinámica porque ya tienen su participación asegurada. En la práctica cambiaron las reglas del juego pero no se sometieron a ellas. Al menos así será durante los primeros diez años de transición. Serán los partidos vieja guardia los que sí tendrán que someterse a todo un cambio en las reglas de juego y reestructurar sus estrategias internas de cara a los nuevos escenarios de participación electoral. ¿Estarán dispuesto a ellos?. La reacción de los partidos ante el informe presentado por la MEE y las declaraciones individuales de algunos congresistas dan a entender que no están muy dispuestos a soportar los vientos de cambios.
Tal vez los aspectos más complejos tienen que ver con la creación de una entidad dentro del poder judicial que reemplazaría la sección quinta del Consejo de Estado, la reconversión del Consejo Nacional Electoral, la obligación de operar con listas cerradas y bloqueadas y la creación de los distritos electorales. En su conjunto, son reformas necesarias para actualizar el precario sistema político colombiano que se encuentra sustentando en una estructura del siglo pasado; ejemplo de ello son el código electoral que data de las postrimerías del Frente Nacional y la designación de curules a la Cámara que parte del censo poblacional de 1985. En ese sentido, sí se requieren de transformaciones que permitan dinamizar el ejercicio partidista en el sistema electoral y ofrezcan mayores garantías de integración a la ciudadanía.
La lista cerrada y bloqueada podría ser quizá el mayor avance de las reformas porque obligaría a operar como estructura a los partidos desde lo subnacional a lo nacional. Asimismo, facilitaría que los partidos se consolidaran como fuerzas ordenadas y responsables con sus electores, abarataría los costos de las campañas y establecería un contacto más cercano del elector con el partido eliminando el personalismo que ha reducido las elecciones legislativas a un cacicazgo de bolsillo y los partidos a meros otorgadores de avales.
La lista cerrada y bloqueada disciplinaría a los partidos al darle mayor capacidad de incidencia a los militantes al participar en espacios de democracia interna para asignar el orden en el listado. Al menos eso esperamos, volver al viejo “bolígrafo” donde los directivos eran quienes definían el orden del listado de forma inconsulta sería un retroceso grandísimo. La discusión sobre si abrir o cerrar los listados ha sido evadida por los partidos desde hace 15 años. Este es el momento de asumir la discusión con seriedad, ¿Cierto?
Estos tiempos marcan profundas reformas institucionales que deben ser vistas como la oportunidad de renovar y actualizar la institucionalidad de frente a los retos del posconflicto. Los partidos no pueden pasar de agache y deben asumir con toda la coherencia esas transformaciones. Solo así podrán consolidarse como las estructuras ordenadas, coherente y democráticas que necesita el país.
