Cualquier debate serio sobre la reforma pensional, implica señalar que en la base del problema está que el país no genera las fuentes de empleo y riqueza que se requieren para estimular su aparato productivo y, en consecuencia, garantizar mejores condiciones de vida para la población.
El actual presidente Gustavo Petro, durante la campaña, consiguió buena parte de sus votos —especialmente en jóvenes— a partir de anuncios rimbombantes, que en los hechos distan de la agenda que impulsa en el congreso y no representan cambios democráticos frente a más de tres décadas de las muy dañinas políticas de libre comercio.
Pensionarse en Colombia es una carrera de obstáculos, dado que la educación, el empleo y las pensiones son un reflejo del subdesarrollo del país.
Según el LEE, 4 de cada 10 bachilleres graduados no pueden acceder a IES. A su vez, casi 3 millones de jóvenes entre 15 y 28 años ni estudian ni trabajan y el desempleo juvenil, según el DANE aumentó un 0,6%, ubicándose en un 19.3%. Y como "al caído caerle", la actual reforma apunta a disminuir las escasas garantías que hoy existen.
Por eso no resulta extraño que ante la falta de oportunidades, cerca de 5 millones de compatriotas —jóvenes incluidos— se hayan ido al exterior. Personas que aportan al desarrollo de otros países al no poder hacerlo acá.
Con la reforma pensional, se establece que quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos en adelante, deberán cotizar obligatoriamente en un fondo privado. Esto es regresivo porque en Colpensiones los retornos son entre el 55 y el 80 % del ingreso base de liquidación (IBL) y para el caso de los fondos privados, en la práctica son cercanos al 35 %. Así las cosas, de la aplicación de las reglas del modelo de pilares propuesto por el gobierno nacional, quedan muy duras reducciones a las mesadas de la juventud trabajadora. Es una medida lesiva que golpea los bolsillos de sectores populares y clases medias. Además, dificulta la capacidad de compra de los hogares y pone talanqueras al desarrollo empresarial. Un círculo vicioso.
Estas ideas que hoy se debaten —cómo otras muy malas definidas en distintos renglones de la economía— provienen de las orientaciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuya preocupación para países como Colombia, no es el fortalecimiento de su producción, el empleo y el bienestar de la gente, sino la apertura de nichos de negocios en favor de sus intereses y de las grandes potencias que los impulsan. Incluso, estas directrices se intentaron aplicar —sin éxito por la presión social—, en los gobiernos de Santos y Duque. Incoherencia y cinismo que se esté planteando a nombre del “cambio” y lo “alternativo” lo que estos últimos no pudieron lograr.
Son varias las falsedades del gobierno para "justificar" su propuesta. I) "Es para garantizar bono pensional a la vejez": otorgar auxilios económicos a nuestros adultos mayores no requiere reforma. Basta la simple voluntad política vía PGN. Se juega con las necesidades de la gente. II) "Que no fortalece a los fondos": es un claro favorecimiento a los fondos privados que se deban afiliar obligatoriamente en estos después de 2,3 salarios mínimos y actualmente administran más de 200 billones de pesos. III) "Los más afectados serán los ricos": quienes ganan más de 3 millones de pesos no son súper ricos. Se trata de profesores de colegios y universidades, empleados públicos, operadores judiciales, personal del sector salud, etc. Actividades que la juventud trabajadora realiza con modestia —otros esperan desempeñarse en ellas— y sobre la que se avecina un durísimo golpe.
