El actual sistema de pensiones en Colombia está regido por la Ley 100 de 1993 que estableció un régimen mixto: uno público a cargo de Colpensiones, y otro privado que en realidad constituye un negocio del sector financiero, el cual se lucra por administrar los dineros provenientes de los aportes para pensión de los trabajadores. Estas empresas del gran capital reciben el nombre de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP): Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.
En el régimen público, los pensionados reciben subsidios para alcanzar jubilaciones con montos entre el 65% y el 80% del promedio de los últimos diez años de cotización. En el régimen privado, el valor de la mesada se calcula con los ahorros individuales alcanzados a lo largo de la vida laboral, sus rendimientos y el valor del bono pensional, si a él hubiese derecho. Así, en general, las pensiones para la clase media con remuneraciones mayores a dos salarios mínimos son más convenientes en el régimen público que en el privado. No obstante, muchos trabajadores fueron afiliados de forma engañosa al régimen privado de ahorro individual; y, por esa razón, inconmensurable ha sido el perjuicio para los adultos mayores víctimas de las AFP.
El movimiento social que llevó a los paros nacionales del 2019 y el 2021, tuvo como una de sus principales banderas la defensa de los derechos pensionales y el reclamo para eliminar las AFP. En septiembre de 2019, ante la amenaza de que el gobierno Duque llevara a cabo una reforma pensional –en últimas favorable a los intereses de las AFP–, así como otras también en detrimento de los derechos laborales, las directivas de las centrales obreras convocaron para organizar un paro... ¡en 2020!, es decir, cuando ya se habrían aprobado dichas nefastas iniciativas. Fue entonces cuando las bases del movimiento social y en concreto la Campaña Con las pensiones no y salario digno, lograron con su liderazgo que el paro comenzara en 2019 y, con ello, ponerle freno a las aspiraciones del gran capital.
Dado lo anterior, no fue poca la contribución de las bases del movimiento social para que un Gobierno del Cambio llegara a la Casa de Nariño. Sin embargo, las aspiraciones ya se están viendo frustradas. Esta semana, por ejemplo, los colombianos pudimos leer el borrador de la reforma pensional propuesta por el Gobierno, que entraría a regir a partir del 1 de enero del 2025, y que cubriría a quienes para esa fecha no hayan alcanzado las mil semanas de cotización para pensión.
Es cierto que la propuesta de campaña de Petro planteó un régimen de pilares: cuatro salarios mínimos en el sistema público de Colpensiones y, a partir de ahí, quienes devengaran salarios mayores, aportarían sobre estos montos adicionales sus cotizaciones al modelo de ahorro individual de las AFP. Esto ya representaba una pérdida para los derechos pensionales de los colombianos, pero era preferible a la propuesta de los partidos de derecha, defensores de los intereses de la banca, empeñados en acabar definitivamente con el régimen de prima media y “marchitar Colpensiones”. Ahora resulta que la reforma pensional que propone el Gobierno terminaría siendo aun más lesiva que la ofrecida en campaña. La concertación de los derechos de los trabajadores con los negociantes financieros no podía tener otro resultado. Veamos porqué:
En primer lugar, porque continuarían existiendo las AFP. Recordemos que, de acuerdo con el borrador de la propuesta del Gobierno, todos los trabajadores cotizarían en Colpensiones sobre tres salarios mínimos, pero quienes devenguen más de esa suma aportarían también y ahora de forma obligatoria, al régimen de ahorro individual de las AFP. Es decir, que las cotizaciones de las pensiones, sobre todo de la clase media, seguirían en buena medida administradas por los banqueros con las pérdidas y riesgos que esto significa, puesto que una AFP se puede quebrar o el sistema financiero internacional colapsar y, con ello, perderse ahorros destinados a la seguridad social.
Pero eso no es todo. Las AFP siguen, con este proyecto, sin rendir cuentas por las afiliaciones engañosas, y muchas de sus víctimas sin ser resarcidas. Por ejemplo, el proyecto de reforma no plantea la posibilidad de un retorno exprés a Colpensiones para los adultos mayores engañados, que se encuentran mal afiliados o ya están mal pensionados por las AFP. Ahora bien, según el borrador mencionado, quienes estén afiliados a una AFP, tengan mil semanas cotizadas y les falte menos de diez años para pensionarse, sí tendrían un plazo de dos años para regresar a Colpensiones con el fin de reclamar su pensión bajo el régimen de prima media. Un logro. Pero esto, solo a partir de la vigencia de esta ley, es decir, del 2025. En este orden de ideas, mientras entra en vigencia esta ley, los banqueros seguirían administrando todos los dineros de los cotizantes que a la fecha están afiliados a las AFP, en lugar de que estos retornen cuanto antes al régimen público donde sus aportes representarían un ahorro para el Presupuesto General de la Nación, es decir, un alivio para los contribuyentes. Ahorro que se podría destinar, por un lado, a rescatar a las víctimas de las AFP, es decir, a quienes por falta de medios para entablar una demanda o por fallos judiciales adversos, reciben o recibirán mesadas pensionales mucho menores de las que habrían tenido en Colpensiones; y, por otra parte, a mejorar los montos para el Pilar Solidario, que, por cierto, ya no será de medio salario mínimo, como había ofrecido Petro en su campaña, sino establecido de acuerdo con la línea de pobreza extrema; esto es, al día de hoy, unos 223.000 pesos, aproximadamente.
Por otra parte, con estas dilaciones para que los trabajadores, en general, y las víctimas de las AFP, en particular, puedan retornar a Colpensiones, demoras que solo benefician a los banqueros, habría que preguntarse por la suerte de aquellas víctimas de las AFP que están a punto de pensionarse, pero que no podrían trasladarse al régimen de Colpensiones porque tendrían que esperar año y medio para iniciar dicho trámite. ¿Qué opción les queda? ¿entablar una demanda por ineficacia de afiliación y abstenerse mientras tanto de recibir la pensión en la AFP, para no perder la posibilidad de retornar a Colpensiones? ¿o pensionarse y presentar una demanda contra la AFP, por daños y perjuicios? Estas personas quedarán en un limbo jurídico muy complicado, cuya única solución real es que la reforma les permita regresar de inmediato a Colpensiones.
Por otra parte, cabe destacar que, quienes devenguen un salario mínimo y, por lo tanto, con esta reforma queden obligatoriamente en el régimen de prima media, perderán definitivamente el beneficio que tenían si cotizaban en una AFP, que consistía en que en el régimen de ahorro individual no tenían que completar 1.300 semanas para pensionarse, sino solo 1.150. Una pérdida para los trabajadores formales económicamente más vulnerables del país, es decir, aquellos que ganan un salario mínimo.
Mientras tanto, según el borrador de la reforma, las madres recibirían el reconocimiento correspondiente a casi un año de aportes a pensión (50 semanas), por cada hijo, con un límite de máximo tres. Una política para beneficiar la economía del cuidado. No obstante, las mujeres ya cuentan con un beneficio: se pensionan cinco años antes que los hombres, lo que se entiende dado que las mujeres trabajadoras, además de la sobrecarga fruto de las labores del cuidado y la crianza, sufren frecuentemente entornos laborales abusivos, discriminatorios y de acoso laboral y sexual.
Por otra parte, sigue sin modificarse el aporte de los pensionados a salud que devengan sobre 2 SMMLV, que es de un 12%, cuando tendría que ser, en razón del derecho a la igualdad, de solo un 4%. Mejor dicho: un impuesto a la vejez, contrario a dicho derecho, al que se ven obligados quienes, encima de todo, en muchas ocasiones ya pagan los servicios de una medicina prepagada. A esto se sumaría un 2% adicional que aportarían quienes devenguen sobre cuatro salarios mínimos en adelante, hasta 16 SMMLV, y que se destinaría al Fondo de Solidaridad Pensional; este aporte es actualmente del 1%, con lo cual, el incremento sería del 100%.
Ahora bien: en este contexto, ¿qué va a pasar con los pensionados de clase media? Nos referimos a quienes ganan más de 2 salarios mínimos. ¿Qué va a suceder con las pensiones de técnicos y profesionales? Si bien estos técnicos y profesionales no quedarían con una pensión de un salario mínimo, monto al que aspiran los banqueros, por otro lado, no lograrían en el régimen de prima media, sino, en el mejor de los casos –esto es, para quienes ganen al menos tres salarios mínimos–, poco más de dos salarios mínimos de pensión con Colpensiones; a la fecha, entre 2.100.000 a 2.500.000 pesos, aproximadamente. El resto de su pensión corresponderá a lo que sume el ahorro individual ¡con las AFP!, donde el cotizante puede obtener dividendos, pero también perder ahorros como resultado de crisis en los mercados financieros. De tal manera que la clase media se verá obligada a un fuerte ahorro para la vejez, a sostener cada vez con mayores impuestos al Estado; a aportar, esta vez de manera obligada, al sostenimiento del negocio de los banqueros, es decir, a las AFP; a disminuir su capacidad de consumo –lo que tendrá repercusiones macroeconómicas a mediano y largo plazo–, y a seguir desmejorando cada día más su calidad de vida.
Por último, los grandes ganadores con esta reforma: la banca, nacional e internacional, puesto que la política social seguirá regida bajo los parámetros impuestos por la Regla Fiscal en un país donde el servicio anual de pago de la deuda externa asciende a casi 80 billones de pesos; las AFP –que, por cierto, a pesar de los beneficios que lograron sonsacarle al Gobierno con este proyecto de reforma, seguramente armarán un escándalo con las mentiras que suelen difundir sobre expropiaciones y pérdidas para el fisco, con tal de no ceder un peso y seguir lucrándose, tan campantes, con los dineros de los trabajadores–, mientras los medios de comunicación de su propiedad y a su servicio promoverán con desparpajo este tipo de falsas noticias, como ha ocurrido en el pasado. Y gana, desde luego, el régimen, la oligarquía colombiana y sus partidos, que de forma camaleónica históricamente han logrado frenar cualquier aspiración de reformas y de progreso que conlleven a la justicia social.
Los perdedores: el Gobierno, por no cumplir a sus votantes y a las bases del movimiento social, ahora defraudados; los pobres, que ya no recibirán una ayuda de medio salario mínimo, como había ofrecido Petro durante la campaña; los trabajadores que devenguen sobre un salario mínimo, y que tendrán que pensionarse obligatoriamente con 1.300 semanas; los adultos mayores que con engaños y, o sin asesorías fueron trasladados a las AFP y que se pensionaron con montos que no les permiten vivir dignamente en su vejez; asimismo, las víctimas que, dadas las dilaciones para el cambio de régimen, por lo pronto no podrán pensionarse o tendrán que enfrascarse en desgastantes y costosas demandas para que la justicia les permita regresar a Colpensiones; o que se están viendo abocadas a demandar por daños y perjuicios a las AFP, si ya reciben o recibirán próximamente su mesada pensional en el régimen privado. Finalmente, saldrán mal librados los trabajadores colombianos de clase media que, tras vidas profesionales esforzadas y de mérito, perderán en el futuro las bondades que en el presente ofrece el régimen de prima media; y, en consecuencia, los jóvenes, nuestros hijos, que ya no tendrán como motivación un retiro que compense la inversión en una costosa y esforzada formación académica y en una vida de méritos profesionales.
Por lo pronto, así están las cosas. Más adelante, de nada servirá llorar sobre la leche derramada.
