Nuestro sistema electoral no es confiable ni en la transparencia de los escrutinios, que a propósito y a 15 días de las elecciones aún no se conocen, ni en las reglas de juego que permiten la llegada al Congreso a personajes cuestionados, herederos de bandidos, traficantes de votos, esclavizadores de empleados públicos o delfines que usurpan la igualdad de condiciones con las que todos los interesados en la política deberían participar. Pero los más aberrantes son los mermelados, esos que vendieron su conciencia al ejecutivo a cambio de miles de millones de nuestros impuestos. Lo acabamos de confirmar en las elecciones del 9 de marzo con el avasallante “triunfo”de los congresistas que apoyan al gobierno en su intento de reelegirse. Eso que llaman mermelada y que según el presidente Santos es algo “normal” es, nada más ni nada menos que el nefasto regreso a los corruptos auxilios parlamentarios que fueron borrados por la constitución del 91. ¿Cómo corregirlo? Perdonen el pesimismo pero no hay manera. Los congresistas no legislan contra sí mismos.
No al voto de empleados públicos y contratistas
Sin embargo y de manera utópica, porque una ley como la que describo a continuación jamás será aprobada por los mismos clientelistas que en el Congreso son mayoría, creo que la única solución es aplicar a los empleados públicos y a los contratistas del Estado, que son el triple, la misma prohibición de votar que cobija a los militares. El día que eso suceda se va el 90% de los corruptos a vacaciones definitivas. Los cargos públicos y las nóminas paralelas son a los políticos lo que el agua a un pez. Si se los quitamos mueren. Pero como advertí, una ley así jamás será aprobada por congresistas que han hecho de la política un negocio para amasar fortuna y poder.
Endurecer delitos electorales. Tampoco es posible. Ellos legislan en conflicto de interés para beneficiarse así mismos, no para perjudicarse así mismos.
Silla vacía por corrupción
La silla vacía por corrupción o delitos electorales como la compra de votos o la violación de los topes de gastos. Tampoco es posible sin la voluntad del ejecutivo y el ejecutivo está chantajeado por las mayorías del Congreso y las mayorías del Congreso son corruptas, compran votos y violan los topes electorales. Varios candidatos de opinión llegaron al Congreso con esta bandera. Esperamos que puedan cumplir. Sería un gran avance hacia la transparencia política. Y aunque medio Congreso pudiera quedar vacío, esto se convertiría en un verdadero control social a la corrupción.
Democracia directa para reformas constitucionales
El Congreso se pone de ruana la Constitución Nacional cada que le da la gana. En solo 23 años de vigencia ya ha sido reformada 37 veces. Por citar solo un ejemplo, Estados Unidos solo ha hecho nueve enmiendas a su Constitución desde 1776. Aquí lo hacen cada vez que lo necesitan para fines sospechosos. Ya sea que un presidente necesite reelegirse o alargarse el período, o que los congresistas quieran quitarse de encima normas que les son estorbosas como las inhabilidades e incompatibilidades que les impuso la Constitución de 1991. También la reforman para aprobar normas que les faciliten la vida como la inmunidad parlamentaria o la impunidad ante la justicia. Por citar un solo caso, en mayo de 2001 aprobaron el acto legislativo 01 por medio del cual los congresistas podían votar leyes, en adelante, sin importar que entraran en conflicto de intereses. Norma establecida por los constituyentes del 91 pero que les estorbaba para cometer sus fechorías. Tanto que al año de hacer esta enmienda, Juan Manuel Corzo, investigado por la Fiscalía y la Corte, se atrevió a presentar un proyecto de inmunidad parlamentaria que les impedía a los congresistas ir a la cárcel hasta tanto no mediara una sentencia. Detrás vino la fallida y nefasta Reforma de la Justicia de la que ya hay suficiente ilustración. Por esto, la propuesta es que toda enmienda constitucional sea sometida a referendo. Es el pueblo, el constituyente primario, quien debería decidir con un “sí” o un “no” estas reformas, casi siempre inconvenientes para el país.
Prohibir la publicidad sobre bienes públicos
Es una vergüenza y muestra de total atraso político que muchos partidos y candidatos sigan entapetando de afiches puentes, postes, cajas de control y cuanto muro público exista. Lo más triste es que muchos de estos candidatos abogan por una “país distinto” o por la “educación” cuando carecen, totalmente de cultura ciudadana. Urge una ley que ponga fin a esta práctica cuartomundista con sanciones ejemplares. Increíble que sigamos pagando de nuestros impuestos la limpieza de todos estos bienes públicos. Por lo menos deberían obligarlos a limpiar con su propio dinero estos lugares. Recordemos que los partidos y movimientos inscritos tienen derecho a espacios gratuitos en la televisión. Además, están las redes sociales. Si no se legisla sobre este punto, la invitación es a no votar por estos depredadores de ciudades, campeones de la contaminación visual.
Topes
Hay que legislar nuevamente sobre topes de gastos en las campañas. Muy pocas campañas respetan los topes electorales. La mayoría los sobrepasa 100, 200 y hasta 500% sin que las autoridades electorales digan o hagan algo. Lo peor es que se cae en el sofisma común de creer esto como algo normal. Las donaciones en publicidad deben ser tenidas en cuenta para la contabilidad de las campañas porque con ese pretexto se pasan la ley por la faja. “Es que alguien puso cien vallas a mi nombre sin que yo se lo pidiera. Ni sé quién es, ni sé cómo evitar esas muestras de afecto”.
Herederos del mal
Una reforma seria debe meter en cintura a los herederos de corruptos y parapolíticos. Sin querer que existan delitos de sangre, ni desconocer que la responsabilidad penal es individual y sin interferir con la libertad de elegir y ser elegido, es vergonzoso que estos personajes se elijan con los capitales mal habidos de sus parientes.
No hay más espacio para tratar otros temas, pero una futura reforma electoral debe tocar el tema de la doble militancia, el voto de bancadas, y el voto público de congresistas en todos los casos.
Y por último, mientras volvemos a confiar en nuestro sistema electoral, sería bueno contratar en el exterior, mediante licitación pública internacional, la trascripción electrónica de los datos electorales. Está detectado que en este paso del proceso, la transcripción al sistema de las actas E-14, es donde se presentan las mayores equivocaciones y los mayores fraudes. Y mientras esto sucede, sería bueno que para las próximas elecciones, los candidatos inscritos tengan un asiento, aunque sea provisional en el Consejo Nacional Electoral. Inaudito que todos los magistrados de esta entidad pertenezcan a los partidos que apoyan al candidato presidente. Sin garantías no hay democracia.
