Estimados lectores, en este breve documento quiero esbozar algunos apuntes sobre la necesidad de pensar y repensarnos aspectos centrales que incorpora el decreto ley 1278 de 2002, conocido coloquialmente como estatuto docente nuevo, los cuales considero deben ser abordados en la construcción de una nueva hoja de ruta sobre este tema.
Primer apunte, la ausencia de estabilidad laboral: el estatuto docente no ha logrado garantizar una estabilidad laboral adecuada para todos los docentes en Colombia. A pesar de que el estatuto establece algunas garantías en este sentido, lo real es que los docentes mal llamados provisionales enfrentan situaciones de miedo, con contratos temporales y falta de estabilidad en el empleo, con la amenaza de que si no existe el número suficiente de niños en el aula pueden ser trasladados e incluso declarados insubsistentes en el cargo, etc.
Esta situación afecta negativamente la calidad de la educación, ya que los docentes no cuentan con las garantías laborales necesarias para desarrollar su labor de manera efectiva, sin contar además con los docentes que laboran en el sector privado, que incluso en muchos casos tienen condiciones laborales y salariales que están por debajo de lo establecido en el estatuto y dependen laboralmente de la “percepción” del dueño de la institución. No es raro encontrar en redes sociales ofertas laborales para docentes profesionales que están por debajo de la línea del salario mínimo con jornadas de 10 horas diarias. Frente a este aspecto, no hay quien regule o sancione eficazmente este tipo de situaciones.
Segundo apunte, la ausencia de contexto: el estatuto docente no tiene en cuenta las particularidades de cada región y de cada contexto educativo. En él se puede observar el establecimiento de unas normas generales que deben aplicarse en todo el país, pero a la vez se ve que no se asumen las diferencias socio-culturales de estas. El estatuto es “frío" y “rígido”. Además, cae en la férrea lógica del positivismo y abandona el marco de posibilidad de manejo de contextos locales. Esta falta de contextualización limita prácticas pedagógicas que permitan al docente aplicar su labor de manera más asertiva, lo que al final genera una obligación de desarrollar y ejecutar normas que no siempre responden a las particularidades de su contexto educacional.
Tercer apunte, la ausencia de incentivos: se observa que el estatuto establece unas normas muy rígidas en relación a la evaluación y el ascenso de los docentes. Si bien en teoría pareciera que existe una oportunidad de mejoramiento pedagógico y salarial, las barreras de ascenso y reubicación son gigantes cuando están atadas a la política fiscal y la reserva presupuestal de la entidad certificada en educación. Esto desmotiva al educador que haciendo un esfuerzo de tiempo y dinero realiza su maestría y/o doctorado, o bien desarrolla una experiencia pedagógica significativa pero no obtiene el reconocimiento esperado traducido en un mejoramiento de sus condiciones de vida.
Cuarto apunte, la ausencia de políticas publicas locales: la falta de una política pública local asertiva y eficaz de mejoramiento docente. Si bien el decreto ley 1278 habla de la cualificación docente, la realidad es que una cantidad mayoritaria de secretarías de educación no incluyen en sus planes de acción puntos concretos sobre este aspecto. Algunas de ellas se limitan a alguna conferencia esporádica o a exigir certificaciones académicas-administrativas, sin brindar insumos ni tiempo para el desarrollo de estas. En los colegios, la situación se evidencia cuando un profesor requiere tiempo para adelantar estudios y ante esto muchos rectores se ven limitados para brindar el apoyo, ya que no existe una orientación puntual sobre este tipo de casos emanado desde las secretarías de educación.
Por otro lado, y como lo expresaba en líneas anteriores, hace falta una comprensión del mismo rol docente y de las necesidades de este. Por ejemplo, un profesor que solicita una comisión de estudios para realizar una pasantía en el exterior debe agarrar bien su cartera, ya que si bien se le puede brindar el permiso, no se le apoya económicamente: no se le paga el salario y ademas se le descuenta parte de la prima. Aunque el objetivo del educador sea mejorar sus practicas pedagógicas del aula y su intención final es fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes, no existe un real incentivo para este tipo de acciones.
Quinto apunte, la ausencia de tranquilidad: el miedo es quizás un elemento presente en los educadores. Este se configura desde la misma esencia de los mecanismos de evaluación y control que tiene incorporado el decreto ley 1278 de 2002. Dichos aspectos limitan parte de la autonomía docente cuando son usados como mordazas frente a la opinión docente, más aún si está en contravía con la expuesta por los equipos directivos o como mecanismo de castigo si el maestro muestra posiciones divergentes con las institucionales. La evaluación es usada como una herramienta de medición subjetiva, donde se califica quién es bueno o malo desde la mirada del rector. Si bien la calificación emitida tiene mecanismos legales de apelación, muchos educadores no se desgastan en este proceso, ya que temen a las represalias del año siguiente. En palabras coloquiales, “agachan la cabeza” y guardan silencio.
Lo contradictorio es que frente a lo anterior expuesto existe desde la institucionalidad una narrativa legal que pretende mostrar que el estatuto docente dignifica al educador, le da garantías y posibilidades. Sin embargo, en la realidad, como lo expresa García (2019), "el estatuto docente establece condiciones laborales justas y dignas para los docentes, pero estas no se cumplen en la práctica". En la misma línea, Cárdenas (2017) manifiesta que el estatuto docente 1278 de 2002 fue implementado de manera frontal, vertical y directa, sin tener en cuenta los aportes de los educadores y su organización sindical, lo que genera malestar, frustración y descontento en el gremio magisterial
A manera de colofón, la necesidad de reformar el estatuto docente en Colombia es una discusión urgente y necesaria, donde el diálogo entre gobierno, docentes, sindicatos y sociedad civil se plantea como la manera de generar un nuevo libro para escribir la educación colombiana.
Referencias bibliográficas
Cárdenas, J. (2017). Una educación para el desarrollo de habilidades y competencias. Revista Educación y Pedagogía, 29(74), 65-75.
García, M. (2019). Condiciones laborales docentes en Colombia: ¿justas y dignas en la práctica? Revista Científica de Administración, Economía y Contabilidad, 7(1), 25-36.
