Además de la Reforma Tributaria y de la Reforma Política el Gobierno debe adelantar la ‘Reforma Rural Integral’, en principio más trascendental que aquellas, por los temas a resolver.
La ministra Cecilia López ha sido enfática en que el problema central es la falta de productividad de la tierra y que para corregir eso se orientará la propuesta de reforma; ha precisado que no habrá expropiaciones y que para incentivar a los propietarios a buscar el potencial que estas tienen se subirán los impuestos de tal manera que tendrán que ‘o volverlas rentables o vender’.
ta que Colombia se volvió un país importador de alimentos sería correcto este diagnóstico y este propósito, pero se deducirían algunas contradicciones.
El estímulo del ‘garrote’ no parece ser suficiente si no se acompaña de algo de ‘zanahoria’. Para volver ‘más productivas’ las tierras se requiere más inversión, y, para que sean ‘rentables’, que el capital total invertido genere utilidades en proporción. Pero ninguna actividad agrícola o ganadera puede competir en rentabilidad con las otras actividades económicas (industria, banca, comercio, inversiones en portafolio, etc) ni dar resultados positivos si se toma el valor comercial de la tierra. En ese sentido la Reforma Tributaria al buscar ese objetivo y al imponer el impuesto patrimonial sabotea el propósito de cualquier Reforma Rural Integral.
También a tener en cuenta es que la ineficiencia no es solo la del propietario. Ni depende solo de corregir la destinación de las tierras. Buena parte de ella viene del ‘costo país’ por la falta de infrestructura (carreteras, cadenas de frío, sistemas de riego, etc.) y puede que aún más de requisitos administrativos y burocráticos (ambientales, sanitarios, etc).
Y para completar la ‘cuadratura del círculo’ falta conciliar la idea de entregar tierra a los ‘campesinos’ y la de la intención de volvernos una potencia mundial en alimentos.
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No hay campesinos, ni recursos, ni probablemente vendedores para el cuento de Petro-Lafaurie de 3.000.000 de hectáreas
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Ya se ha señalado que la tendencia de las personas de trasladarse del campo a la ciudad es universal e inevitable. El número de ‘campesinos’ disminuye y la nostalgia por el campo en los desplazados es una retórica romántica. Pueden tener interés como solución económica o de supervivencia pero la mayoría ya no aspiran a retornar. No hay campesinos, ni recursos, ni probablemente vendedores para el cuento de Petro-Lafaurie de 3.000.000 de hectáreas.
Pero además quienes reciban la tierra se ganan la rifa del tigre, puesto que siempre la producción industrial entregará un bien más barato que lo que logra el campesino. Solo queda la opción de una casi imposible supervivencia en la autosuficiencia o la pérdida sistemática en la explotación de la propiedad, disminuyendo además el potencial productivo de la tierra, contrariando así el elemento central de la Reforma.
La Ley 200 de López Pumarejo, la cual Petro menciona como inspiración, toca esos temas. Según la presentó el entonces presidente:
“…Técnicamente nos encontramos frente a la alternativa jurídica de definir la Nación hacia una orientación socialista, o de revalidar los títulos de propiedad privada, purificándolos de imperfecciones. El criterio del Gobierno ha adoptado esta última ruta. El proyecto del régimen de tierras no tiene otro propósito que el de fundamentar la propiedad, organizándola sobre principios de justicia, y resolviendo los conflictos a que ha dado lugar la vaguedad litigiosa de la titulación existente”.
En cuanto a la no ‘orientación socialista’ el presidente Petro ha afirmado la intención de mantener y usar los instrumentos del sistema capitalista.
Y hoy más que nunca se dan esa ‘vaguedad litigiosa’ y esas ‘imperfecciones’: pesan sobre el derecho de propiedad todos los antecedentes de desplazamientos forzados por la guerrilla, por el paramilitarismo o por la delincuencia organizada; adicionado a esto, el complemento de la jurisdicción de Justicia y Paz y lo que emana del Acuerdo del Colón, o los procesos de expropiación en trámite y las varias sentencias de la Corte Constitucional ya emitidas o pendientes de trámite. Se puede decir es que ni siquiera el 1 % de las tierras en Colombia tiene titulación perfecta y sana. Más que una ‘Ley de Tierras’ o un Estatuto para el manejo de este tema se debería pensar en una Jurisdicción Especial, con jueces, Cortes, instancias y regímenes procesales que permitan soluciones definitivas y expeditas sin ser susceptibles de conflictos con las otras jurisdicciones.
