Con la aprobación en último debate del proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Regalías (SGR) conviene hacer claridad sobre los antecedentes y el trámite de la iniciativa, empezando con la promesa del entonces candidato Iván Duque de devolver un porcentaje de las regalías a los departamentos y municipios productores de hidrocarburos, que se materializó con discusiones que lideramos el gobierno nacional y el Centro Democrático con las demás bancadas del Congreso, en donde se acordó inicialmente un porcentaje variable entre el 30 y el 50 por ciento para los entes productores, establecido en un proyecto de acto legislativo que radicamos en abril con las ministras del Interior y de Minas y Energía, no sin antes mencionar que en taller Construyendo País en Yopal, el Presidente Duque se comprometió con radicar esta iniciativa, y que se acumularía con un proyecto del Partido Cambio Radical y Alianza Verde, aunque vale la pena aclarar que la reforma se basó en el proyecto gubernamental.
Y debo confesar que en ese momento le expresé mi preocupación a la ministra de Minas María Fernanda Suárez, porque quedaba menos de dos meses para terminar el primer período legislativo del año, teniendo un plazo muy estrecho para aprobar en primera vuelta el proyecto —como lo exige el reglamento del Congreso— a lo que la ministra se comprometió en liderar la discusión para lograr esa aprobación antes del 20 de junio, como así ocurrió y el 20 de julio iniciamos la discusión del proyecto en segunda vuelta, para que se aprobaran los últimos cuatro debates, faltando únicamente la conciliación para unificar los textos que se aprobaron en Cámara y Senado, que se adelanta la semana entrante una vez publicado este acto legislativo, el Congreso tendrá seis meses para expedir la correspondiente ley reglamentaria.
La enmienda estaba entre el 30 y 50 por ciento de la bolsa total, pero se concertó en un 20 por ciento para los departamentos productores de hidrocarburos, y un cinco por ciento para los municipios productores (pasando de un 9,9 por ciento a un 25 por ciento), porque fue la única manera de que los congresistas de los Departamentos no productores accedieran a un incremento, porque aseguran que solo este porcentaje les garantiza que no se les va a disminuir sus ingresos, por lo que es injusto que se señale que el presidente Duque no cumplió con su promesa, porque la idea del mandatario y la bancada del Centro Democrático era devolver regalías con ese porcentaje inicial (aunque los productores alcanzan el 50 por ciento con lo que les toca de los fondos), y además se sientan las bases para un nuevo proyecto de acto legislativo con regalías directas variables entre el 25 y el 50 por ciento, como lo hemos venido discutiendo con el rJairo Cristanchoepresentante de Arauca José Vicente Carreño.
Así mismo, a los departamentos productores también le dejamos de los excedentes de regalías —por un mismo precio del barril— un 20 por ciento de participación; mientras que el resto de recursos se distribuye en 15 por ciento para los municipios más pobres, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población; 34 por ciento de inversión regional de las entidades territoriales; 1 por ciento para la conservación de áreas ambientales y lucha contra la deforestación; 10 por ciento para inversión, ciencia y tecnología; 2 por ciento para funcionamiento; y 1 por ciento para sistema de seguimientos, evaluación y control.
Es necesario reiterar que esta reforma constitucional es consecuencia de un acuerdo del gobierno con las diferentes bancadas del Congreso, por lo que no tiene ningún fundamento que alguien quiera decir a los cuatro vientos —por redes sociales— que el proyecto se aprobó única y exclusivamente por su intervención, o como lo explicó de manera más gráfica el periodista casanareño y especialista en cubrimiento legislativo Juan Carlos Niño Niño, al señalar en una de sus columnas que esta reforma “no es fruto del azar ni se puede personalizar en ningún "héroe", "salvador" o "mesías" sino a muchas y diversas circunstancias” y al trabajo de varios sectores, que lograron “uno de los acuerdos más importantes del Congreso en los últimos años”.
Solo nos resta convocar a los diferentes sectores de la sociedad casanareña a participar activamente en la inversión de estos recursos, teniendo en cuenta que ahora esta reforma va a obligar a los mandatarios departamentales y municipales a consultar de manera más democrática con la comunidad la formulación, implementación y evaluación de estos proyectos de inversión, lo que sin duda va a generar una mayor transparencia y eficiencia en la ejecución de las obras, por lo que se hace necesario generar consensos y criterios comunes para proyectar nuestro desarrollo socioeconómico.
