Toda la problemática de la salud es de responsabilidad directa del modelo económico-político dominante en Colombia, del poder político-institucional que lo sustenta protege y de la dirigencia política y económica que explota al poder público vigente.
El marco legal que define y tipifica dicho modelo económico, ha sido impuesto por la dictadura del poder económico global.
Obedece estrictamente a los dogmas del poder político-financiero internacional, cuya esencia consiste en maximizar utilidad financiera, acumular capital, por sobre toda otra consideración.
Este objetivo obliga poner al ser humano al servicio ciego y exclusivo del proceso económico, así sea como simples e insignificantes consumidor y de ninguna manera, en función del bienestar colectivo de la nación y la dignidad humana de sus ciudadanos.
Esta supuesta filosofía (perversa), guía del modelo económico dominante (capitalismo salvaje), fue impuesta “legalmente” a través del Consenso de Washington, impuesto al pueblo y suscrito en 1989).
Para desgracia de los países en desarrollo que los suscribieron, es de carácter obligatorio, supraconstitucional, mediante aprobación del Congreso.
Con dicho tratado, las naciones firmantes, se obligaron a garantizar el libre accionar del capital, el libre mercado de mercancías y la entrega de lo público a favor de lo privado. Entre otros, Salud, educación, servicios públicos, medios de comunicación, la riqueza hídrica y del subsuelo, etc.
Los países suscriptores del tratado, tuvieron que reestructurar el marco legal institucional, vigente hasta esa fecha, para ajustarlo a las obligaciones devenidas del decálogo del Consenso de Washington.
En Colombia, el modelo capitalista se profundizó con la constitución del 91. Esta, contienes algunos atisbos progresistas, debido a la presencia, en la Asamblea Constituyentes, de representación militantes de izquierda y por ello, al menos esboza un catálogo retórico de garantías sociales, pero en la práctica predomina la esencia del dogma neoliberal.
La realidad es tozuda. A pesar del populismo perverso de los gobiernos, representantes y usufructuarios del poder institucional, la realidad socioeconómica palpitante y la concentración del poder económico, indefectiblemente produce miseria, pobreza, exclusión, desempleo, corrupción.
La concentración del poder económico, se hace efectiva, bajo los contenidos del nuevo marco legal, garantista del libre accionar del capital y de la conversión en mercancía, de derechos fundamentales, como la salud, la educación y los servicios públicos.
La ley 100/93, precisamente es la respuesta a la mercantilización de todos los procedimientos y procesos relacionados con la salud, de todos los ciudadanos.
Fue diseñada sobre premisas falsas. Estructurada, interpretada y aplicada para hacer de la salud de los colombianos, una mercancía de alta rentabilidad, para unos pocos inescrupulosos y corruptos, que a través de la intermediación (EPS), y la prestación de servicios de la IPS Privadas, se apropian de los recursos públicos, que deben aplicarse para responder por la salud de todos los colombianos.
La bancarrota del sistema de salud colombiano, no obedece a falta de plata. Es consecuencia de la proclividad institucional, a acatar los dogmas neoliberales, protegidos por el marco legal vigente, coadyuvado por la debilidad institucional, la politiquería, el clientelismo, la inmoralidad, la corrupción e irresponsabilidad política y social del poder.
El monto de recursos para la salud, en 2015 ya superó los $50 billones. La apropiación para la salud en 2023, superó los $84 billones. Del total destinado a la salud, por el estado, “legalmente” las EPS, toman el 8% -10%. más las cifras de la corrupción que hierbe en ese criminal negocio (Comfamiliar, Medilacer, Cafesalud, Comeva, Caprecon, Saludcoop, Medimás, etc., etc.
Las EPSs, financieramente constituyen banda de transferencia de los recursos públicos de la salud a bolsillos de particulares esto ocurre desde la vigencia de la ley 100/93, sin que los representantes del poder institucional se inmuten y menos corrijan el festín del billete de la salud.
Las EPS, disponen de la llamada integración vertical, con sus propias IPS privadas, con las que contratan servicios de salud, bajo el sistema yo negocio con yo.
Bajo esas condiciones, el Sistema Nacional de Salud, está privatizado. Más del 80% de Clínicas y Hospitales son empresas privadas y un alto porcentaje, son propiedad de las EPS e inversionistas en el negocio de la salud.
Los problemas del sistema de salud colombiano, están sobre-diagnosticados. Son factibles de corregir. Pero sus explotadores saben que si se corrige, el negocio se daña y la institucionalidad protege ese criterio abusivo y perverso.
Todos los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. Especialmente se y se profundizó esa defensa perversa, en los periodos de gobierno de Uribe Vélez, quien fue el artífice y responsable de acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo.
Pues el mismo Uribe Vélez, hoy, ante el propósito del actual gobierno, de introducir reformas al Sistema de Salud actual, es quien, a través de su Empresa Electoral, denominada Centro Democrático, libra campañas perversas contra las reformas al Sistema de Salud, presentadas al Congreso para su aprobación, en contubernio con los gremios económicos de la nación, declarados enemigos de toda reforma dirigida a construir equidad socioeconómica integral, para beneficio de todos los colombianos.
El gobierno de Uribe, señaló como causa de la crisis financiera del sector, en esa época, a la irresponsabilidad médica. Criminalizó el ejercicio médico, por recetar remedios demasiado costosos, cuando él mismo ordenó desregular los precios de los medicamentos, entre 2.002 y 2.006 y eso disparó los precios de medicamentos.
Las EPS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción y administración. No lo respetaron, ni el gobierno los hizo respetar y cumplir. Las EPS, con la anuencia y complicidad del los gobiernos de turno, especialmente el de Uribe, se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno real, a pesar de la existencia de CRES (Comisión Reguladora de Servicios de Salud), la Superintendencia de Salud y un estatuto anticorrupción al respecto.
Los gobiernos, como representantes obsecuentes de una clase política y de comerciantes del Sistema Nacional de Salud y gremios económico-financieros, corruptos e irresponsables, son los único responsable de la pésima calidad del servicio, la aberrante ausencia de control de calidad y del caos económico-financiero que lo ahoga. La mala calidad del servicio de salud y la corrupción, son los problemas medulares del Sistema de Salud. Desde hace tiempo, investigaciones sobre la calidad de los Servicios de Salud, concluyeron que un tercio de las muertes en centros hospitalariamente, obedecía a errores y/o deficiencias de los Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos. Pues los resultados entregados por el Instituto Nacional de salud, recientemente, indica que ese riesgo se elevó al 50%.
La batalla de las EPS, contra la Reforma al Sistema de Salud, con apoyo perverso del uribismo, lo centran únicamente en mantener el dominio del actual criminal negocio de la salud.
Todas las reformas económico-sociales del gobierno Petro. Son positivas para el pueblo y por ello es que la extrema derecha, gremios económico y oportunistas, quieren derrotarlas. 23-12-2023.
