La reforma a la salud, que hoy es materia de debate y motivo de incertidumbre entre las empresas del sistema, los profesionales de la salud, los gremios de trabajadores y los sectores políticos alternativos, no es más que la acentuación del sistema vigente de salud enmarcado en la Ley 100. Con la reforma se amplifica lo que ya en buena lógica pretendía el gobierno de Gaviria. ¿Cuál es esta lógica? La misma que entrañan todas las reformas económicas neoliberales: que el mejor medio para garantizar el acceso justo y eficaz a la gama completa de bienes y servicios, incluso a los esenciales, como la salud, debe ser el libre mercado.
La Ley 100 fue la interpretación de este principio en la década de los 90. Así bien, dado que las instituciones del Estado son costosas, ineficientes y corruptas, deben crearse entidades bajo el modelo privado que hagan lo que debería hacer el estado con dinero de todos. Así surgieron los intermediarios más costosos, ineficientes y corruptos del sistema de salud: las EPS. Les entregaron, solo a ellas, unos 10 billones de pesos por año desde 2006, aceptando que el 10% de todo este dinero tendría libre destinación: camionetas blindadas, sedes sociales, viajes y todo lo que pudiera caber dentro del rubro de “gastos de administración”. Al mismo tiempo que les entregaron la autonomía total para la contratación, sin ningún régimen especial de control o vigilancia.
No obstante —y he aquí el giro de tuerca—, tarde o temprano los mercados se agotan en tanto van desestimulando la reinversión de los capitales, pues la utilidad marginal disminuye. Existen más competidores y se hace más costoso la captación de un nuevo usuario. Esto nos lleva al escenario actual: la supuesta necesidad de una reforma. Esta será vendida con los mismos esloganes: “reducir los costos”, “ser más eficientes” y “castigar los malos manejos”. Y luego los noticieros se preguntarán: ¿acaso los colombianos no queremos un sistema de salud viable, eficiente y justo? Pero sabemos ya que el fundamento de la reforma es darle herramientas legales para que algunas EPS actuales puedan quedarse con una mayor parte de los recursos que circulan para la salud y hacer de nuevo viable el mercado.
¿Cómo lo harán? Lo primero es depurar el sistema (Art 38), lo que en resumen significa dejar el mercado a unas cuantas empresas que tengan el suficiente músculo financiero para operar en las redes integrales e integradas de salud (Art 45). Solo unas pocas empresas podrán operar en estas redes porque la idea es asegurar la eficiencia y la calidad del servicio. Ahí las simples leyes del mercado ya no sirven, pues necesitan condicionamientos externos y en concordancia, la reforma establece la regionalización del aseguramiento (Art 35), en virtud de la cual, el Ministerio de Salud apuntalará a cada región unas entidades, solo unas, que cumplan con la capacidad institucional (léase $). En ese escenario, algunas EPS mutarán hasta ser grandes conglomerados —algunas ya lo son— y las demás tendrán que “desaparecer” y en ello, el texto de la reforma es muy precavido, pues anticipa que la población afiliada a las entidades que no sobrevivan pasará a las entidades que puedan pagar por esos usuarios (Art. 38).
La figura de la EPS ya no será central, pues serán, en general, Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficio (EAPB), como ya está definido, que operarán en las redes integrales de la mano de los demás operadores de salud (que ya estarán depurados) y que eventualmente podrían constituir una misma empresa o diferentes empresas del mismo capital. ¿Pero quién pondría las condiciones en cada red? Eso no necesita estar explícito, pues estamos hablando de conglomerados que tienen utilidades de miles de millones de pesos al año, al lado de una red hospitalaria insolvente. La reforma no busca inyectar recursos a estos hospitales ni a los institutos de salud pues esto sería contrario al espíritu del proyecto, y en lugar de ello, se dispone la fusión y la integración de las Empresas Sociales del Estado (Art. 50). Así, la ley no solo depurará los operadores de carácter privado sino también los estatales: podrían fusionarse dos o tres hospitales públicos de una ciudad, o el hospital de un municipio con el de su vecino, y si es necesario, ¿por qué no? Podrían reinventarse como empresas de economía mixta.
El sentido de la reforma queda entonces claro: mejorar las condiciones del mercado para los conglomerados. Me refiero –entre otros— a la multinacional española Sanitas, a Sura (del Sindicato antioqueño), a Salud Total, y por supuesto a Medimás, que es la tercera generación de SaludCoop y por cuyas venas corre dinero de familias poderosas vinculadas a la política. Por las manos de estas entidades pasarían pues no solo los recursos que van dirigidos a la atención de cada usuario (UPC), sino todos los recursos que entren a la red, los que van a la gestión del riesgo individual, a los riegos poblacionales, a los riesgos laborales, a los diferentes planes de prevención en salud, y todos los recursos que financian cada eslabón de la cadena (los conglomerados habrían incorporado ya las IPS). ¿Pero por qué parar allí? La reforma contempla las alianzas públicas privadas en salud (Art. 54) Bajo esta figura, los mencionados conglomerados podrán asociarse con el Estado para construir, remodelar, adecuar, mantener, asear, etcétera, la infraestructura sanitaria.
Dicho de manera resumida: no hay nada realmente que no pueda hacer o no pueda tocar el interés privado y al mismo tiempo no hay algo que el Estado pueda hacer en este sistema por su propia cuenta. No hay indicios de que esta reforma mejore la atención en salud, pues ningún artículo modifica el protocolo vigente, ni mejora el control de los dineros que entran al sistema, ni busca más recursos para la red hospitalaria.
