El Proyecto de Ley 010 de 2020 busca reformar la Ley 100 de 1993 que regula el sistema de salud en Colombia y vale la pena identificar cuáles son los cambios más importantes que vienen.
La iniciativa busca reemplazar el nombre de las EPS por el de Aseguradoras de la Salud, reconociendo por fin el gobierno que estas no actuaban como simples administradoras de los recursos, sino que han fungido en la práctica y desde siempre como aseguradoras, actividad económica que tiene en su esencia el negocio y el lucro.
La reforma también pretende reducir el número de EPS a solo 7 u 8, poniendo a funcionar a cada una en un territorio determinado, profundizando el monopolio de las EPS y causando que, como se viene dando, las empresas se pongan de acuerdo para fijar costos y negar procedimientos, hacer listas negras de IPS y hospitales, se perfeccione la integración vertical, se concilien las deudas en detrimento de las IPS, se limite la libertad de elección y la autonomía médica, entre otras prácticas que aumentan la barrera de acceso al derecho a la salud para los colombianos.
Esta reforma también trae consigo el arrasamiento de la red pública hospitalaria, de la cual solo seguirán funcionando los hospitales rentables financieramente, es decir muy pocos, causando una masacre laboral sin precedentes. Hospital que no se adapte a las condiciones del mercado tendrá que desaparecer o adoptar la política nacional de alianzas público privadas entregando su infraestructura y profundizando la privatización.
La búsqueda de la sostenibilidad financiera recaerá en los aportantes, sobre todo en los desempleados, quienes para pasar del contributivo al subsidiado deberán realizar una “contribución solidaria” so pena de quedar por fuera del régimen y sin ningún beneficio. Además, a los pacientes que las EPS los identifique por “no cumplir con los autocuidados médicos” se les incrementará la cuota moderadora, injusta de por sí y en muchos casos excesiva. Y no contentos con esto, quieren acabar con los regímenes especiales de salud como el del Magisterio, que, aunque con sus dificultades, tiene mejores condiciones que el sistema que rige a todos los colombianos.
El proyecto fue radicado el pasado 20 de julio de 2020 por el senador Fabián Castillo de Cambio Radical, está firmado por 80 senadores de dicho partido, del Centro Democrático, la U y el Partido Conservador, recibió el aval del ministro de Salud Fernando Ruíz y fue la propuesta en salud de Germán Vargas Lleras como candidato presidencial en 2018. El pasado 23 de septiembre el gobierno de Duque se dirigió al Congreso de la República para que se tramitara con llamado de urgencia, lo que reduce el número de debates y acorta la discusión. Lo que se viene es un pupitrazo directo.
También hay que decir que el adefesio de reforma tiene su origen en las “recomendaciones” de la Ocde, organismo que bajo el mote del “club de las buenas prácticas” ha venido promoviendo, con la venia de los políticos tradicionales y de ciertos progresistas, el incremento del IVA, la precarización de los derechos laborales, el aumento de la edad de pensión, la disminución del salario, entre otras medidas neoliberlales.
Ante este atentado contra el derecho fundamental a la salud solo queda seguir estudiando a profundidad el proyecto, difundir ampliamente su articulado y sus implicaciones para que millones de colombianos los conozcan y organizarnos para exigir, por medio de la movilización masiva y pacífica, el archivo tan nefasta propuesta, a la par de ir construyendo una verdadera reforma al sistema de salud que tenga como eje principal al paciente, los trabajadores, las IPS y los hospitales.
