Parecería prematuro hacer un análisis sobre tema tan central de la administración pública y el estado, pero no es así. Veamos por qué:
La engañosa política del gobierno nacional para formalizar la administración pública está diseñada para cuatro años. Los cargos directivos del estado continuaron su dinámica clientelista de intercambio de puestos por votos en el parlamento nacional, y replicado en los entes territoriales con sus respectivos parlamentos. Los trabajadores oficiales siguen siendo otro botín que se reparten los políticos y directivos de turno de las empresas públicas con los sindicatos del ramo.
Y los contratos de prestación de servicios continúan vigentes a pesar de los pomposos anuncios de la ministra y el director del dafp que serían eliminados. Tan vigentes que hoy la clase política de todos los colores, en vísperas de elecciones, los utilizan para compra de votos.
La meritocracia que aplica el Estado, a paso de tortuga, con los concursos de carrera administrativa, (logro constitucional y no dádiva de los gobiernos) da oportunidades a millares y millares de personas desesperadas por el alto desempleo, que acuden hoy en día con más confianza, a una competencia sin igual, por vincularse con el estado sin palancas. Ejemplo de ello son los concursos de la Dian y la fiscalía.
Lamentablemente, la gente en el desespero de una oportunidad laboral no detalla las trampas y triquiñuelas de políticos y sindicatos proclientelistas que dilatan el desarrollo normal de estos concursos , y son muchos los que ignoran estos vericuetos , y muchos los que desisten de mayores oportunidades. Y ni que decir de la recién iniciada negociación colectiva de las organizaciones sindicales y el gobierno nacional , donde se reproducen prácticas clientelistas, el mérito no tiene dolientes, y el grado de representatividad, legitimidad y confianza de estas organizaciones es ínfimo. Pero cuentan con la complicidad de los gobiernos de turno y este del cambio no fue la excepción.
La esperanza de que con el gobierno del cambio , estas prácticas serían eliminadas, el clientelismo sería derrotado, y la meritocracia constitucional cobraría vigencia fueron solo una utopía.
Prueba de ello fue la propuesta hecha en el marco de la construcción del plan nacional de desarrollo para democratizar el empleo público y el diseño meritocratico de selección de sus servidores en todo el estado, sus tres ramas del poder público y, sus entes territoriales.
Nunca fue atendida la propuesta, solo fue populismo participativo, y ni con una tutela a favor emitida por el consejo de estado ha tenido eco la propuesta. Incurso incluso en un desacato el gobierno nacional.
Sindicalista etico y meritocratico.