El actual caso de detrimento patrimonial a la nación se podrá calificar como el robo del siglo por el monto en dólares que subyace al contrato respectivo. Ecopetrol pagó a una compañía gringa llamada CB&I , sin experiencia en la construcción de refinerías , 8.500 millones de dólares para que se ampliara la capacidad de refinamiento en un 100 por ciento.
Hay que aclarar que antes del proyecto se refinaban 80.000 BDPD (barriles de petróleo diario), hoy de se refinan 165.000 (BDPD). Entendiendo lo proclive que somos los humanos a la narrativa, y que las estadísticas tienden a permanecer adormecidas en nuestras mentes, trataremos de hacer que estas cifras exploten para comprender la magnitud de lo defraudado.
Sin contar las perdidas en que se incurrió por entregar la obra tres años más tarde de lo pautado, el costo de refinación se incrementó aproximadamente 7 veces, con un sobreprecio de casi 7.295 millones de dólares, es decir: casi tres veces el monto por el que se vendió ISAGEN, mucho más de lo que costó ampliar el Canal de Panamá y el equivalente a remunerar con el salario mínimo por un año a 2.884.359 trabajadores.
En el 2010 a la agencia REFICAR se le ocurrió la brillante idea de permitir un cambio en la modalidad de la contratación con la empresa CB&I: “Sin límite de los costos de inversión”. Después de esto los costos se modificaron tres veces. La pregunta es: ¿quiénes eran los responsables de aceptar esta desfachatada decisión? ¿Podrá la justicia colombiana hacer que paguen por tan descarado ejercicio de la gerencia? Y, ¿cómo hacer para que situaciones como estas se eviten en el futuro? Piénselo.
Como Colombia se encuentra inmersa en una cantidad enorme de proyectos, como los que involucran la modernización de las carreteras a través del denominado 4G, y por la cuantía de recursos que ello conlleva, es bueno que los organismos encargados de liderar esos proceso sean conscientes de que lo proyectado no diste mucho de parecerse a lo que finalmente se ejecuta en función del tiempo y los costos.
El Gobierno se tiene que blindar ante los abusos de los constructores de tomarse mayores tiempos y mayores costos, incumpliendo las proyecciones iniciales.
Si los responsables de toda esa compleja infraestructura burocrática que se erigió para la ejecución de las obras 4G son eficientes y honestos, ya sabrán que la impunidad no será el arma que puedan blandir si se desvían de lo correcto.
