Vale pensar sobre la pregunta número uno de la consulta popular anticorrupción: ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?
A simple vista esta cuestión no tiene una relación directa entre corrupción administrativa o la captura del Estado, pero entremos en su análisis:
I. Esta iniciativa no es nueva y ha sido constante su bloqueo en el Congreso, lo cual evidencia que históricamente en Colombia los congresistas no tienen capacidades institucionales para autorregularse. Por ejemplo, el proyecto de acto legislativo No. 06 del 2015 fue acumulado con otras iniciativas de otro orden (una violación a la ley 5 de 1992) del acto legislativo 03 de 2015 y finalmente fue negada por la plenaria del Congreso a finales del año 2016. También se han presentado de manera paralela proyectos de ley de iniciativa ciudadana por medio de la recolección de firmas (más de 140.000 firmas) que terminaron archivados en la comisión primera por vencimiento de términos.
¿Cómo han bloqueado los congresistas estas iniciativas? Fácil: con el ausentismo (se la pasan enfermos, tienen estrés o los dejan los vuelos, al menos esas son las excusas más recurrentes), argumentando conflictos de intereses (frente a la Ley 5 del 92 en esta materia son improcedentes), dilatando el orden del día (hablando de otras cosas para que no se discuta lo central), acumulando otros proyectos de manera improcedente o simplemente negando la apertura de la discusión por parte del presidente de la Cámara o el Senado con el visto bueno de los secretarios de las corporaciones.
Además, el ejercicio legislativo, tanto en las comisiones y plenarias, se ha envilecido y corrompido, quebrantando la honorabilidad del Congreso de la República. Corrupción no solo es apropiarse de los dineros públicos, también lo es destruir la dignidad de las reglas y valores que representan las instituciones públicas. Los congresistas en su mayoría han dejado de ser honorables, no hacen su trabajo que es hacer las leyes y ejercer control político de manera decente, idónea y proba.
II. La desigualdad entre lo que gana un congresista o alto funcionario y el ciudadano promedio es evidente. En teoría, el sistema salarial parlamentario debe equilibrar los sueldos del Estado respecto a la sociedad con el fin de lograr una mayor equidad. Entre más cercano sea el salario de los altos funcionarios frente al producto interno bruto (PIB) o el salario mínimo (SMLV) en mayor medida trabajarán estos por su incremento y productividad.
En este mismo sentido, en teoría, si los hijos de los altos funcionarios van a los colegios públicos ellos se preocuparán realmente para que estos sean de calidad. Es decir, entre más parecido sea el estilo de vida de los altos funcionarios al promedio de la sociedad, estos trabajarán por mejorar sus condiciones reales en serio. Si ellos tuvieran el mismo sistema de salud, educación o tomaran el transporte público, tengan por seguro que estos mejorarían más rápido de lo que se cree.
Pues bien, recortar los salarios de los congresistas de 40 a 25 SMLV va en este sentido. Recordemos que en Colombia la Constitución y la Ley 4 del 92 establecen que ningún servidor público (excepto el presidente o algunos cargos diplomáticos) puede tener una remuneración superior a un congresista. Sin embargo, en el régimen colombiano existen alrededor de 1920 altos funcionarios que devengan del erario sumas iguales o cercanos a un congresista (magistrados, procuradores, contralores, fiscales, defensor del pueblo, registradores, etc.), y su sueldo tiene tres componentes: asignación básica, gastos de representación y prima especial.
Con esto en mente, dicho mecanismo busca nivelar sus sueldos con los de los congresistas para que todos queden devengando prácticamente lo mismo. Un ministro gana una suma muy inferior a estos, esta por los 25 SMLV, y en principio deben tener casi las misma calidades.
Para tener estos altos sueldos de $31.331.821 al 2018 y estar en el selectos grupo de estos 1920 altos cargos se debe, en su mayoría, ser abogado y contar con muy buenas conexiones políticas. Sí, esto también aplica para ser magistrado, pues las cortes también están politizadas.
Todas estas 1920 personas en su mayoría, más los que aspiran llegar allí para servirse de lo público, es decir apropiarse del Estado, no quieren que esto cambie. ¿Usted quiere lo mismo?
¿Yo votaré por el sí a este punto y usted?
La discusión esta abierta.
