Lo curioso es que el salario del mes de julio de los congresistas no sobrepasó los 21 millones de pesos
-no los “escandalosos” 43 millones- por cuenta de la drástica retención en la fuente, que el Senador Inti Asprilla aprovechó para señalar que esta reducción era “gracias” a la reforma tributaria de Petro
-advirtiendo que esta no fue votada por el Senador JP- a lo que el Senador Alejandro Chacón aclaró que esta retención se aplica para todas las personas naturales –que sobrepasan la base mínima para no estar en la obligación de retener- lo que de entrada desvirtúa la buena intención de bajarle el sueldo a los legisladores, porque en últimas vendría a ser cuestionable que la retención aumente para un sector bastante significativo de la población, que igualmente aporta en el crecimiento económico y la generación de empleo.
Al margen de esta discusión, es necesario reiterar que reducir el salario de los Congresistas, no es ninguna reforma estructural al legislativo, sino una medida mediática –sin consideraciones de fondo- a la deriva, un tiro al aire libre, que ni siquiera tiene un impacto significativo presupuestal, ni mucho menos vendría a solucionar las enormes desigualdades en Colombia, y responde más bien a la errónea creencia colectiva –auspiciada por los medios y las redes- que un legislador es casi un emulo del "Jeque Árabe", y que en consecuencia el Congreso está “nadado” en “petrodólares”.
El trabajo legislativo es exigente, demanda tiempo y dedicación, investigación permanente, una visión de País para hacer leyes y adelantar el control político- como también reformar la Constitución- y el actual salario es realmente justo, siempre y cuando el Congresista haga la tarea con juicio -no solo en las sesiones- en donde demuestre eficiencia y eficacia, compromiso con los colombianos, en donde respalde las buenas iniciativas del Gobierno, y a la vez se oponga con seriedad y criterio a las que definitivamente no lo sean, incluida una coyuntura tan compleja como la actual, en donde el Presidente Gustavo Petro se propone adelantar una delicada cirugía al Estado colombiano.
Es de trascendental importancia una reforma al Estatuto del Congreso –como lo he venido hablando largo y tendido con el Senador José Vicente Carreño, con quien actualmente laboro- en donde se ejerza un mayor seguimiento y control al desempeño legislativo, iniciando con una cuidadosa y estricta configuración de las Unidades de Trabajo Legislativo -equipo asesor de cada legislador- en donde sea un imperativo legal el nombramiento de profesionales idóneos, expertos en diferentes áreas -con énfasis en la Comisión a la que pertenece cada uno de éstos- evitando que el Congresista pueda hacer nombramientos a dedo, por conveniencia o favores políticos, o incluso "embolsillarse" parte o la totalidad de estos sueldos.
En la asistencia a las sesiones, no se debe tener en cuenta solo el registro del Congresista a la sesión, sino anotar la falla cuando no asista o no vote un proyecto de ley, y dos fallas cuando se trate de un proyecto de acto legislativo (reforma constitucional) -teniendo en cuenta el antecedente hace un par de años del Consejo de Estado- logrando de manera permanente un quórum decisorio, tan necesario para asegurar la participación de todos los legisladores, y en consecuencia una actividad legislativa mucho más eficaz y eficiente, exigiendo por cada periodo un mínimo de proposiciones a proyectos –o dado caso varios de su autoría- o por lo menos una intervención en cada debate de control político.
Los Congresistas deben ser responsables en rendir oportunamente el informe de ponencia a un proyecto de ley –que se les asigna previamente- y cuando la ponencia sea conjunta –varios Senadores o Representantes- deben igualmente rendir un informe individual sobre sus consideraciones y aportes específicos a la ponencia, como también sustentar individualmente la misma en la sesión -no solo el coordinador ponente- que le exija una conexión permanente con la dinámica legislativa, y no un preocupante convidado de piedra, que engaña no solo a sus electores, sino además a 48 millones de colombianos.
A lo largo de estos años como asesor del Congreso - en donde he tenido la oportunidad de conocer y estudiar el Poder Legislativo- he llegado a la conclusión que se necesita de una Asamblea Nacional Constituyente, para equiparar el poder entre el Ejecutivo y el Congreso, que les permita tomar decisiones conjuntas y en igualdad de condiciones, como la concepción del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, como también un corto y sustancioso Estatuto Tributario, en donde se sienten a la mesa para discutir los lineamientos centrales de los mismos -con la activa participación de las regiones- para que posteriormente sea radicado en condición de “coautores” de las iniciativas (Ejecutivo - Congreso).
Es de lamentar que nos enfrasquemos en la "reducción de salarios" de los congresistas, cuando el país demanda una reconfiguración de poderes, como lo planteó el entonces representante Germán Navas Talero en un proyecto de reforma constitucional de Duque –Proyecto de Acto Legislativo- al proponer que el Congreso decidiera un porcentaje sobre la inversión en el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y el Presupuesto Bienal de Regalías -actualmente no lo puede hacer- con el fin de darle más independencia frente al Ejecutivo, porque al contar con esa facultad para decidir sobre el tema, los Congresistas lo van a pensar dos veces para aceptar prebendas del Gobierno, a cambio de aprobarle su respectivo “paquete de proyectos”, como algunos dicen habría ocurrido con los actuales proyectos gubernamentales de salud y pensiones, y que se alistan ahora para darle segundo debate en el Congreso.
Lo todavía más injusto es que el Representante Navas fue cuestionado sin piedad por los medios de comunicación, desconociendo lo avanzado y conveniente de la propuesta, más los kilates de un legislador honesto y vertical –experto igualmente en impedimentos y conflicto de intereses- porque los medios de comunicación y las redes sociales insisten en consignas vacías y repetitivas, como bajar el sueldo y reducir el número de Congresistas.
Coletilla: a los congresistas se le cuestiona por ganar 43 millones de pesos -que terminan siendo 21 millones de pesos- con la equivocada creencia que trabajan dos veces a la semana, cuando una presentadora de televisión de un conocido noticiero de televisión se gana 25 millones de pesos –trabaja 30 minutos de lunes a viernes- mientras un reportero de ese mismo noticiero, quien se somete hasta altas horas de la noche a cubrir las sesiones del Congreso –consiguiendo la materia prima del noticiero- no se le paga ni una cuarta parte del “suntuoso” salario de la “flamante” presentadora.
***Asesor Legislativo ~ Escritor.
