Los grandes gremios de la producción de Colombia, que además de financiar campañas electorales ofician como tanques de pensamiento y estrategias de la administración pública, empiezan a dictar por estas épocas los lineamientos con los que los gobernantes a su servicio deberán diseñar las políticas, tributaria, comercial, financiera y laboral, con las que gobernarán cada año o durante el periodo que les corresponda.
Tal y como se ha evidenciado en los últimos 20 años de uribismo, salvo la influencia que han alcanzado oscuros agentes del narcotráfico, en algunas esferas del poder de los gremios ha permanecido intacto, y, de hecho, durante el gobierno Duque, se ha fortalecido, incluso yendo en contra de las tendencias académicas del mundo desarrollado, que han puesto en duda las creencias de la ortodoxia económica colombiana, fuente de inspiración de los gremios criollos, con el reciente premio nobel de economía otorgado a David Card, Guido Imbens y Joshua Angrist, por desmontar el dogma de los economistas colombianos y los grandes gremios de la producción, según el cual aumentar el salario mínimo equivalía a disparar la inflación y otras secuelas indeseables.
Los poderosos Fedesarrollo, Anif y recientemente Fenalco, en franca rebeldía académica al llamado mainstream de la economía mundial, que privilegia una especie de vuelta a las prácticas del Estado de bienestar y de respaldo a modelos económicos alternativos al llamado neoliberalismo, han venido presionando desde hace mucho tiempo atrás un retorno a las condiciones más crudas del semifeudalismo-capitalista, en el que ha vivido Colombia durante los últimos 200 años.
Desde la adopción de las sucesivas reformas laborales, que han puesto en condiciones de disimulada servidumbre a quienes, a esta fecha, puedan disfrutar de un empleo estable en el sector privado, pasando por las constantes desregulaciones del precario mercado laboral colombiano hasta la adopción de un ofensivo y mal trasplantado sistema de seguridad social, los gobiernos nacionales de turno, con el visto bueno de los gremios, han venido empujando cada día más a millones de hombres, pero sobre todo mujeres, a condiciones de miseria y de exclusión, que solo han servido para cerrar el círculo vicioso de los dueños del poder, que encuentran en esta inmensa "pobrecía" una colosal despensa de mano de obra, calificada, pero desesperada; dispuesta a laborar por raticos y por unos cuantos pesos.
Así lo entendió el que dijo Uribe en 2017, quien sintiéndose respaldado por sus amigos en el Consejo Nacional Gremial y aprovechando la crisis sanitaria, le dio rienda suelta a su lambisconería o gratitud para devolver los favores a las élites económicas, aprobando a manos llenas cuanto decreto fuera posible para flexibilizar, aún más, el ya precarizado mercado laboral colombiano, abaratando a más no poder la mano de obra y quitando los —ya escasos— beneficios sociales a cargo de los empleadores, por medio de los decretos presidenciales amparados en la emergencia sanitaria ocasionada por la peste.
Las controvertidas y mil veces rechazadas por los trabajadores reformas laboral y pensional se deslizaron en medio del miedo a la muerte y el confinamiento de la pandemia, y aunque mencionadas en los recientes estallidos sociales, permanecen intactas, en el actual marco jurídico colombiano. Junto con las disfrazadas reformas laboral y pensional que esconde el Decreto 1174, se yergue ahora la Ley 2101 de 2021, la cual, según el uribismo, le regaló a la clase trabajadora de Colombia una reducción de la jornada laboral. Ambas normas no han hecho otra cosa que ir allanando el camino para la última petición del Consejo Nacional Gremial, ahora en voz de Fenalco, consistente en la flexibilización laboral a través de la contratación por horas con prestaciones sociales y plantear un salario regional, de acuerdo con la realidad de cada zona del país.
Es claro que, siguiendo con la tradición de la clase dirigente tradicional de Colombia, es en estas fechas predecembrinas cuando hay que lanzar estos anuncios, aprovechando el infalible despiste que el desorden navideño le impone a la frágil memoria criolla para asestar el mortal golpe. Tras engañosos regalos, como la reducción de la jornada laboral, la promesa de más días sin IVA y el desmonte de las medidas de bioseguridad para prevenir la peste, que permita un mes de parranda y animación derrochona, el uribismo se alista para darnos el veneno de la legalización, ahora sí, definitiva, de las reformas que el Consejo Nacional Gremial necesita.
El regalo envenenado: una vuelta a los años de 1800, cuando existía un pequeño jornal para todo aquel afortunado que cayera en gracia del todo poderoso de los cielos y del ocasional patrón terrenal al ser regalado con el preciado favor de un trabajito, eso sí, pagado un poquitico más barato si era en el campo y con la ventaja de tener la suerte, incluso, de poder regalar, en agradecimiento, un poquitico más de trabajo en beneficio de su patrón, o al menos, renunciar a ganarse uno que otro pesito extra por el gran privilegio de trabajar para él.
