Según un informe de Proclama del Cauca, acaban de firmar en Cali un convenio los gobernadores del Cauca y del Valle, Rodrigo Campo y Luz Francisca Toro, para combatir la minería ilegal en compañía de la fuerza pública y otras entidades del Estado. Este acuerdo es importante y complementario al proceso de pacificación y desarme de las Farc y sometimiento de otras guerrillas y cárteles, que aprovechando la tardanza de la fuerza pública, luchan por ocupar el territorio dejado por los integrantes de diversos frentes que operaban en ambos departamentos. Buscan continuar explotando el cultivo, procesamiento y transporte de coca y otras drogas, el contrabando de insumos químicos y combustibles y de armas, la minería ilegal y el control sobre políticos y administraciones municipales en las que tienen ubicadas fichas claves para facilitarles legalmente o con complicidad por omisión sus actividades y de paso influir en las licitaciones y contratos con el objetivo de ‘capturar’ los municipios para el beneficio de mafias locales y regionales que financiando sus campañas electorales pretenden perpetuarse en el poder por interpuestas personas y políticos.
Es un asunto delicado teniendo en cuenta que la mayoría de líderes campesinos e indígenas asesinados desde el año pasado en el Cauca y otros departamentos del país se han opuesto a la minería ilegal y cuando funcionarios como Ricardo Cifuentes, exalcalde de Santander de Quilichao y exsecretario de gobierno durante la administración de Eduardo Grijalba, se enfrentó directamente a las bandas de mineros ilegales que lo amenazaron de muerte al negarse a recibir sobornos y al exigir la destitución de una asesora jurídica de la alcaldía y otros altos funcionarios que tenían vínculos familiares y de negocios con los dueños de retroexcavadoras y minas ilegales como la de San Antonio, donde murieron trece personas al derrumbarse un socavón y a los que irregularmente les devolvieron maquinaria que les habían decomisado y por lo cual son investigados funcionarios que hoy trabajan con el alcalde Álvaro Mendoza y sus familiares directos siguen controlando minas ilegales.
La influencia de la minería ilegal, gracias al poder del oro, ha extendido sus tentáculos a integrantes de la fuerza pública, el poder judicial y la Fiscalía para anestesiar la persecución a sus integrantes y dormir su judicialización. Esto sin olvidar a las alcaldías de los municipios de la costa pacífica, el sur, norte y centro del departamento, donde se han evidenciado casos como por el que están investigados un concejal de Popayán y el exasesor jurídico de la alcaldía, por gestionar la devolución de oro decomisado en otro municipio a los propietarios de una mina ilegal.
Los daños de la economía ilegal y de la minería ilegal no solo acaban con los ríos y sus cuencas hidrográficas, también lo hacen con bosques protectores que al ser talados causan inestabilidad de la tierra, erosión, derrumbes y avalanchas cuando las aguas arrastran la tierra, como sucedió en Mocoa. Igualmente, envenenan con mercurio y cianuro las aguas que consumimos todos los seres vivos, incluidos los humanos, convertidos por la ambición en la peor plaga, que lo que no se come lo daña.
Fuera de los daños ambientales y económicos fomentan la narcocultura del enriquecimiento rápido a costillas de los recursos públicos. Así mismo, estimulan la corrupción con la compra de votos para hacerse elegir. El soborno, la violencia, las licitaciones amañadas, los contratos a dedo y los asesinatos contra quienes se opongan a sus designios, favorecen la consolidación de un “Estado mafioso” e impiden que los escasos presupuestos públicos sean invertidos en obras de beneficio social.
Revocatoria del alcalde de Popayán
La entrevista de Fabrit Cruz al coordinador del proceso de revocatoria al alcalde de Popayán desnuda la descoordinación y falta de claridad acerca de los reales propósitos que lo motivan y de quienes están detrás. Las dudas que manifiesta en la entrevista denotan la falta de claridad en los motivos para embarcar al municipio en un proceso traumático.
No defiendo incondicionalmente al alcalde y a su equipo, los cuales deberán afrontar investigaciones en curso por supuestas irregularidades denunciadas ante organismos de control administrativo y entidades judiciales. Sin embargo, en la poca gestión realizada (actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, la recuperación de calles que estaban en mal estado, el impulso de proyectos como la recuperación de los barrios Bolívar y La Esmeralda y la proposición de vías urgentes para la ciudad) me parece que ha sido más propositiva y dinámica que la de las pasadas administraciones.
Quince meses ejecutando su plan de desarrollo son pocos para exigir la revocatoria de un alcalde, que si bien está siendo investigado tiene que ser vencido en juicio legal y no en el bochincherio de corrillos, medios y redes sociales.
