La pelea por ponerle barreras al consumo masivo de la comida chatarra ha sido larga. Lleva más de siete años de persistencia en los medios pero especialmente en el congreso y para ello un grupo de papás organizaron la Red Papaz para evitar que los niños consuman alimentos ultraprocesados como gaseosas, pasabocas y fritos, nocivos para la salud y que el organismo pasa la cuenta de cobro con los años.
Esta red de padres de familia se organizaron en esta fundación que ha tomado fuerza para enfrentar a los gigantes de este rentable negocio. La pelea ha llegado hasta el Congreso, donde los grandes defensores han sido el representante Mauricio Toro y la senadora Nadia Blel. Este miércoles, el Senado adelantará el último debate para tratar de aprobar la medida, a la que le temen los grandes empresarios y el lobby en el Congreso.
La propuesta obliga a los gigantes de los pasabocas y galletería como Nutresa, y de las gaseosas de los grupos Coca-Cola y Postobón, para que quede en claro, en las etiquetas, los componentes que tienen los alimentos y que pueden resultar perjudiciales para la salud. Con esto pretenden que los consumidores tomen consciencia y que poco a poco ayudarán a que se disminuya el consumo de alimentos procesados y altos azúcares, grasas saturadas, sodio y altas calorías.
El proyecto de etiquetado en México y Chile aplica con etiquetas octogonales negras.
La Red es presidida por Carolina Piñeros Ospina, una ingeniera industrial y madre de tres hijos que creó la organización en 2003 con el fin de brindar herramientas para que los padres críen mejor a sus hijos. Sus siete procesos están destinados a apoyar la educación, entornos seguros, uso responsable de tecnologías de la información, estilos de vida responsable, crianza y respeto a la diversidad.
Aunque nació como una iniciativa de padres de familia, tiene apoyos de altísimo calibre. Los principales colegios privados de Bogotá, Medellín y otras ciudades importantes son sus mayores aliados, pero también han contado con el apoyo del MinTIC, Bienestar Familiar, Unicef y Google, entre otras organizaciones. Cuentan con programas contra la pornografía infantil, contra el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco en menores de 18 años, desarrollo de competencias parentales y la iniciativa “No Comas Más Mentiras”.
Esta es la apuesta que desde 2017 ha buscado impulsar una ley que señale en los alimentos procesados si hay cantidades excesivas de azúcares, sodio, grasas u otros elementos nutricionales peligrosos para la salud. Para apoyar estas propuestas, la organización ha hecho una fuerte campaña con anuncios en radio y televisión para multiplicar su mensaje.
Las papas de paquete serán algunos de los mayores afectados con el nuevo etiquetado.
Esta labor llegó hasta el Congreso de la República mediante tres proyectos hundidos desde 2018. Cuando se debatió por última oportunidad en 2019, la plenaria del Senado lo hundió en medio de una polémica por la presencia de Jesús Santrich en una de las curules del partido Farc. En 2020, el proyecto presentado dos veces pasó por la aprobación de la Cámara de Representantes y pasó a plenaria del Senado. Allí la conservadora Nadia Blel presentó una ponencia positiva en la Comisión Séptima, que debatirá este jueves el articulado.
Pero al frente hay rivales poderosos. Los alimentos procesados tienen al frente a algunas de las corporaciones más grandes del mundo, con grupos como Coca-Cola y PepsiCo con una participación fuerte. También otros grupos nacionales están presentes tratando de derribar este proyecto, que podría costarle fortunas.
Un sector como el de las gaseosas, en el que Coca-Cola participa a través de Femsa y PepsiCo mediante su alianza con Postobón y la Organización Ardila Lülle, vería afectadas seriamente sus ventas si hay restricciones a sus artículos. Lo mismo ocurriría para el grupo Quala de la familia León, que vende no solo bebidas azucaradas como las energéticas Vive 100, sino un millonario sector de refrescos en polvo con las marcas Frutiño, Ya y Suntea. Otros actores minoritarios son el grupo ecuatoriano AJE, que vende las marcas BigCola y Cifrut, la multinacional de energéticas Red Bull, Bavaria mediante maltas y aguas embotelladas, y las empresas de bebidas regionales.
No es un tema menor. El sector bebidas, que incluye todas las bebidas no alcohólicas, vendió en 2018 14,7 billones de pesos, el 0,8% del PIB. Aunque ha habido una transición hacia productos sin calorías y azúcar, estos también estarían señalizados al contar con endulzantes artificiales o sodio, elementos que generan riesgo a la salud.
Coca-Cola y Postobón tendrán que anotar claramente el azúcar, sodio y calorías que tienen sus bebidas.
PepsiCo también trabaja con las marcas de Margarita en el segmento de pasabocas, uno de alto crecimiento y con competencia de Productos Ramo y Nutresa, con ventas superiores a 2 billones de pesos anuales. Otras organizaciones como Colombina y la multinacional Mondelez venden cerca de $700.000 millones en dulces.
Así, algunas de las organizaciones más importantes del país producen estos alimentos que son parte de la dieta típica del colombiano. Unas papas fritas o un ponqué con gaseosa son la comida para el descanso de miles de personas y, sobre todo, de los niños en el recreo de su colegio.
Esto genera una preocupación importante: la encuesta de nutrición realizada en 2015 por Bienestar Familiar apunta a que el 40% de los colombianos tiene sobrepeso, y el 18% obesidad. Durante la pandemia uno de los elementos críticos ha sido la atención a personas que sufren de enfermedades como diabetes tipo II, hipertensión y obesidad mórbida, que han sido vinculadas a los hábitos alimenticios poco saludables.
El covid puso en relieve las dificultades que la mala alimentación puede generar en la salud, pero el proyecto de ley contra la comida chatarra está al borde de su archivo: aunque pasó su tercer debate a finales de mayo, la norma estaría en riesgo de quedarse por fuera de la decisión. Piñeros y Red PaPaz tendrán una dura lucha para lograr atajar a algunos de los mayores poderes económicos del país.
